La Jornada Morelos / Especial MS
Los derechos laborales de los trabajadores del Instituto de la Mujer se mantienes a salvo, aun cuando el organismo será extinguido una vez reunida la votación del Constituyente Permanente.
Actualmente los ayuntamientos conocen para su aprobación en su caso, del dictamen que desaparece al organismo con la derogación del artículo 23-D de la Constitución Política del Estado de Morelos.
Mientras se da este proceso, el personal que labora para el Instituto, incluida su hasta ahora titular, Isela Chávez Cardoso, han salido a las calles a manifestarse por no tener certidumbre laboral cuando se formalice la extinción del organismo, tras el fallo del Constituyente Permanente.
Los artículos transitorios del dictamen remitido a los ayuntamientos clarifican la situación laboral del personal del Instituto de la Mujer, sin que ninguno esté en riesgo.
Por ejemplo, en los artículos transitorios se precisa que, a partir de la entrada en vigor del decreto aprobado, todas las atribuciones, funciones, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, así como el personal se incorporarán a la Secretaría de las Mujeres, dependencia del Poder Ejecutivo.
También se prevé que los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos del ente público que se extingue pasarán a formar parte de la citada Secretaría.
En el caso del Poder Ejecutivo, este deberá presentar al Congreso del estado, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, la iniciativa de reforma correspondiente a la Ley Orgánica de la Administración Pública para armonizar las disposiciones legales en congruencia con esta la reforma constitucional.
Además, se precisa que mientras se concreta la reforma legal y administrativa, las funciones del Instituto de la Mujer serán ejercidas provisionalmente por la Secretaría de las Mujeres, misma que deberá garantizar la continuidad de los programas, políticas y servicios en favor de los derechos de las mujeres.
Respecto a la actual titular del Instituto, Isela Chávez Cardo, queda establecido que concluirá en sus funciones, al momento de la entrada en vigor del decreto aprobado por el Congreso.