Entrevista a Fray Julián Cruzalta
Vladimir Bendixen / La Jornada Morelos
En aquellos tiempos cuando el tema de los derechos humanitarios aún no se asentaba en las aulas, cuando no fungían como conocimiento formal, Fray Julián comenzó su trayectoria de seco, directo al campo de la necesidad humana. Y con la formación que esa experiencia le dio, inició su travesía por los derechos humanos.
No había protocolos, ni bibliografía, y con solo la intuición ética, aprendió a escuchar antes que hablar, a caminar senderos de tierra para llegar hasta donde nadie más iba, enfrentando la injusticia sin más herramienta que la presencia y la palabra. Su nombre cruzó fronteras cuando la denuncia se volvió su instrumento y la solidaridad, su territorio.
Hoy, con 42 años de labor ininterrumpida en la defensa internacional de los derechos humanos, Fray Julián comparte en entrevista algunas de las experiencias, retos y reflexiones que han marcado su camino.
El desafío más grande
Su historia comienza en la Centroamérica de los años ochenta, en El Salvador y Guatemala, en medio de guerras internas. En la plena época de “tierra arrasada”, cuando los Kaibiles, una unidad de fuerzas especiales del Ejército de Guatemala, destruía aldeas enteras y obligaba a la población a huir. “Yo llegué sin preparación teórica, levantando cadáveres, escuchando testimonios, haciendo informes”, empezó a contar.
Tras el asesinato de Monseñor Óscar Romero, la Oficina Cristiana del Socorro Jurídico, dependiente del arzobispado y dedicada a la defensa de derechos humanos, tuvo que exiliarse en México, junto con sus archivos y los abogados comprometidos con esa labor. Ese fue su primer desafió, porque en México no existían estudios formales en derechos humanos. Después vendría su formación en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, en Costa Rica, y el trabajo cercano con figuras emblemáticas como Rosario Ibarra de Piedra (del grupo Eureka), luchando por los desaparecidos de la Guerra Sucia.
Pronto su visión se amplió: entendió que los derechos humanos no se agotan en la defensa de la vida ante la violencia armada, sino que incluyen la democracia como un derecho político, la autodeterminación de los pueblos indígenas y la libertad sexual y reproductiva. Desde la Academia Mexicana de Derechos Humanos, bajo la presidencia de Rodolfo Stavenhagen, acompañó a comunidades indígenas de toda América Latina, aprendiendo la antropología jurídica desde la experiencia de las propias comunidades. Y con las organizaciones de mujeres fundó en México “Católicas por el Derecho a Decidir”, hace más de treinta años. En todo ese recorrido, otro frente de lucha se abrió: la defensa de las diversidades sexuales. “Ahí están atravesados los temas de justicia y discriminación, hasta las masacres continuas”, explica.
Representar a comunidades masacradas por el ejército mexicano ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue otro de los hitos de su vida, incluso sin ser abogado, lo que le obligó a empaparse a fondo del ámbito jurídico. “En derechos humanos no existen trincheras personales. Trabajamos en grupos, con enfoques interdisciplinarios. Ese es un desafío constante: construir defensas colectivas sólidas”.
La iglesia de pie sí existe
Su palabra no solo reconstruye la memoria de las violaciones de derechos humanos, sino que también cuestiona a las instituciones que, en su mirada, han fallado en proteger la dignidad de las personas.
LJM: ¿Existe una iglesia mexicana verdaderamente preocupada por los derechos humanos?
FJ: La iglesia es amplia y diversa, no es una sola. Existe una base comprometida, formada por religiosas y sacerdotes que trabajan en comunidades apartadas y que muchas veces arriesgan la vida. Donde no llega un cura, llega una monjita a la punta de un cerro y convive con la gente; esa es la iglesia de a pie, que sí se interesa por los derechos humanos, aunque pocas veces la reconozcamos como tal. También hay sacerdotes de base en Chiapas, Oaxaca o Guerrero que realizan una labor silenciosa y peligrosa en favor de las comunidades.
En contraste, la iglesia jerárquica de obispos y cardenales no suele mostrar esa preocupación. De hecho, en la única visita del Papa Francisco a México, en un discurso inusualmente duro, los reprendió por sus arreglos “en lo oscurito” con el poder político. Fue un regaño público transmitido por televisión nacional que evidenció la falta de compromiso real de los obispos mexicanos. Hubo tiempos en que obispos como Samuel Ruiz en Chiapas, Bartolomé Carrasco en Oaxaca o Sergio Méndez Arceo en Cuernavaca, que marcaron una época de entrega; hoy solo destacaría al obispo emérito de Saltillo, fray Raúl Vera, que mantiene viva esa tradición de lucha.
Lo que ocurre es que la iglesia jerárquica ha sido durante décadas una iglesia de régimen, ligada a los privilegios que le otorgaba el Estado (durante ochenta años). Con el cambio político en México, esa jerarquía perdió su papel de interlocutora y ahora se siente incómoda, protesta, pero no en defensa del pueblo sino por los beneficios que ya no tiene. Ejemplos como el del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, muestran esa confrontación con el gobierno actual que no se explica por la justicia, sino por la nostalgia de esos privilegios perdidos.
Entonces hay que tenerlo claro, la defensa de los derechos humanos es amplia. Este trabajo verdadero se refleja en los centros fundados por la propia iglesia desde sus bases: el Centro Pro de los jesuitas, dirigido por una mujer laica; el Centro Fray Francisco de Vitoria de los dominicos, del cual soy cofundador; el Bartolomé de las Casas en Chiapas, el Fray Larios en Coahuila o el Fray Julián Garcés en Tlaxcala. El 90% de los centros de derechos humanos en México tienen origen religioso. Allí están las luchas reales, sostenidas por laicos, abogados, psicólogos y trabajadores sociales que también son iglesia, no jerárquicos. Por eso siempre insisto: hay muchas iglesias, muchas miradas. Una se juega la vida al lado del pueblo, la otra se aferra a los privilegios que perdió.
Trato de carne
LJM: El 22 de diciembre de 2019, los Legionarios de Cristo admitieron su responsabilidad en al menos 175 casos de violación de menores. ¿Qué puede decirnos al respecto, considerando también los abusos en Perú y la detención de Antonio María Cabrera?
FJ: En México el problema comienza desde el propio fundador de los Legionarios, Marcial Maciel, cuya ordenación fue denunciada como inválida en los años cincuenta por el obispo Sergio Méndez Arceo. Hay una copia (de recibido) de la carta que mandó Arceo al vaticano, denunciando “trato de carne”; Que, en lenguaje eclesiástico, significa que consiguió la ordenación de sacerdote por el acostón con una autoridad eclesiástica. Roma no hizo caso. Desde entonces hubo advertencias ignoradas por el Vaticano, que se multiplicaron con denuncias de abusos y escándalos de adicciones dentro del clero. Casos como el del sacerdote Cabrera, director de una Facultad de Bioética acusado de violación de menores, muestran hasta qué punto se ha normalizado la impunidad. son asuntos religiosos que nacen torcidos.
En Perú ocurrió algo similar con los Sodalicios de Vida Cristiana, (Una congregación que nace para atender a la gente con poder económico fuerte) disueltos por el Papa Francisco al considerar que jamás tuvieron inspiración espiritual y que funcionaban casi como un grupo delictivo. Estos ejemplos confirman que los Legionarios no son la excepción, sino parte de un problema mucho mayor y global: miles de casos documentados en Canadá, Francia, Alemania, Australia, Irlanda, Estados Unidos. No son hechos aislados ni sacerdotes “enfermos”, es la institución misma reproduciendo pederastas, es la institución la que está enferma.
El Vaticano ha evitado firmar la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos para no rendir cuentas, como el Documento Contra la Tortura, que tiene un comité que vigila a los países que lo firman. La única excepción fue la Convención de los Derechos de los Niños, y terminó llevándolos al banquillo en la ONU, donde fueron cuestionados por no proteger a las víctimas. Incluso se intentó procesar al Papa Benedicto XVI en la Corte Penal Internacional por el delito de lesa humanidad, por su irresponsabilidad como jefe de Estado en proteger a las infancias, aunque no prosperó. Este doble juego: ser iglesia cuando conviene y Estado cuando le beneficia, ha sido un escudo para evadir responsabilidades.
Es el único Estado que tiene el doble juego en Naciones Unidas y uno se pregunta ¿Cuándo el Vaticano formó parte del sistema de Naciones Unidas? Vimos todo el lío para aceptar a Palestina como miembro de Naciones Unidas, ¿No es de pleno derecho Palestina? Y hubo votación. Y uno se pregunta ¿Cuándo fue votado el Vaticano para ser parte de Naciones Unidas? No hay acta. De la noche a la mañana le colocaron un letrerito de la Santa Sede, se le puso una silla al embajador y le dieron el derecho a voz en las asambleas internacionales de la ONU.
A esto se suma un problema estructural: la misoginia y el clericalismo. Mientras la iglesia no reconozca a las mujeres y siga protegiendo dinámicas de poder cerradas, los abusos continuarán. No basta con disolver congregaciones; el problema es un cáncer institucional. El reto, ahora en manos del Papa León, es seguir la ruta iniciada por Francisco para enfrentar de fondo esta crisis global.
El camino en la actualidad
LJM: ¿Cuál es el futuro de los derechos humanos en nuestro país? ¿Qué perspectiva observa en el gobierno actual?, ¿hay avances frente a las prácticas de corrupción de los sexenios neoliberales?
FJ: Sí, hay avances, sobre todo en el combate a la corrupción. Venimos de un régimen profundamente corrupto y estamos en una etapa de transición que llevará tiempo consolidar. Lo que se arraigó en 80 años no se desmantela en uno o dos sexenios. Todos los políticos de cualquier partido fueron educados en ese sistema, y generar conciencia para cambiarlo será un proceso largo.
En derechos humanos se vislumbran pasos positivos, pero persisten graves deudas. Un ejemplo es la reciente evaluación de la CEDAW, que prácticamente reprobó a México en materia de protección a los derechos de las mujeres. La Secretaría de las Mujeres, que está presidida por una querida exsenadora amiga mía, Citlalli Hernández, es sumamente capaz, pero no tiene toda la fuerza que debería en el apoyo a los derechos de las mujeres. Eso limita su alcance frente a problemas como feminicidios y desapariciones. El número de mujeres desaparecidas en México supera incluso al de dictaduras como las de Argentina o Chile, lo que revela la magnitud de la crisis.
El Gobierno actual ha marcado un cambio en política exterior al exigir respeto y no criminalización hacia los migrantes, lo que representa un paso adelante. Sin embargo, en el ámbito interno, la misoginia y las resistencias del sistema político siguen frenando una transformación plena. La presidenta ha dicho con claridad que la cuarta transformación será feminista o no será, pero gran parte del régimen machista aún no lo comprende.
No vamos hacia atrás ni estamos peor que en sexenios anteriores, pero tampoco hemos llegado a la meta. El camino es complejo y común a toda América Latina, donde el neoliberalismo y los sexenios de corrupción dejaron fraudes, violaciones a la soberanía, persecución y violencia de Estado. Como consecuencia, la protección a los derechos humanos se volvió cada vez más incómoda para el régimen y cada vez más peligrosa de ejercer. ¿Vamos corrigiendo las cosas como país? sí, México hoy da un ejemplo en ciertos aspectos, pero falta mucho, muchísimo todavía para garantizar una protección integral y duradera de los derechos humanos.
Fotos: frayjuliancruzalta.com