Refuerzan en Morelos Campaña Nacional contra la Extorsión
- Además de multas de 120 a 240 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la ley establece penas de seis a doce años de prisión.
- Con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en Morelos ya se procesó a una mujer quien pretendió contrabandear dos celulares al penal de Atlacholoaya en diciembre.
- Mediante una campaña de información en los Centros de Reinserción Social y en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, se busca difundir las consecuencias de incurrir en el ilícito.
Hasta 12 años de cárcel puede enfrentar quien introduzca de manera ilegal teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos a los centros penitenciarios de Morelos. El caso reciente de una mujer de 62 años, vinculada a proceso y en prisión preventiva, derivó en la implementación de una campaña de información en los Centros de Reinserción Social (CRS) y en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), como parte de la estrategia nacional para prevenir la extorsión.
Personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, desplegó acciones de difusión dirigidas a familiares y amistades de Personas Privadas de la Libertad (PPL), con el objetivo de informar que introducir de manera ilegal teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos o sus componentes que permitan la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga, constituye un delito sancionado con pena de prisión.
La campaña se implementó mediante la colocación de lonas informativas en el exterior de los cinco Centros de Reinserción Social del estado y del CEMPLA, a fin de difundir los alcances de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente desde el 28 de noviembre de 2025. El artículo 23 de dicha ley establece penas de seis a doce años de prisión, además de multas de 120 a 240 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien incurra en esta conducta.
Estas acciones forman parte de los trabajos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos, alineados a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión encabezada por el Gabinete Nacional de Seguridad, con el propósito de inhibir delitos cometidos desde el interior de los centros penitenciarios.
El antecedente se registró durante la visita familiar del 27 de diciembre en el CERESO Varonil “Morelos”, ubicado en Atlacholoaya, donde custodios acreditables detectaron a una visitante identificada como María Elena “N”, de 62 años, quien ocultaba dos equipos de telefonía celular marca Honor a la altura de la entrepierna. La mujer fue vinculada a proceso, se estableció un mes para el cierre de la investigación complementaria y permanece en prisión preventiva como medida cautelar.
Las lonas informativas advierten a visitantes y familiares de PPL que ingresar teléfonos celulares a los centros penitenciarios conlleva penas de prisión de 6 hasta 12 años. Foto: cortesía.