La familia que fue víctima de un asalto a mano armada en el estacionamiento de una tienda departamental Sodimac, en Cuernavaca, denunció públicamente que es falsa la versión difundida por autoridades sobre una supuesta atención inmediata y acompañamiento institucional tras el ataque. En entrevista exclusiva para La Jornada Morelos, una de las víctimas afirmó que nunca recibieron apoyo oportuno ni seguimiento por parte de corporaciones de seguridad o de la Fiscalía.
“Es mentira lo que dicen que llegó Guardia Nacional a apoyarnos, Fiscalía, etcétera. No llegó absolutamente nadie al momento. Se apareció la policía municipal mucho tiempo después”, señalaron las víctimas, visiblemente molesta por lo que calificó como una narrativa inventada para aparentar respuesta institucional.
De acuerdo con el testimonio, tras el asalto la familia quedó en total estado de indefensión. No hubo presencia inmediata de fuerzas de seguridad ni de personal ministerial que tomara conocimiento de los hechos en el lugar, pese a que se trató de un robo violento ocurrido en un espacio comercial concurrido.
La víctima también rechazó las versiones que señalan que fueron trasladados a rendir su declaración y que existe comunicación constante sobre el avance del caso. “Tampoco es cierto que nos llevaron a declarar, ni que están informando sobre el caso. Todo lo inventaron porque vino la presidenta (Claudia Sheinbaum) un día después”, afirmó, al sugerir que la información difundida tuvo como objetivo minimizar el impacto del hecho delictivo previo a una visita oficial.
Además, la familia reveló que una persona cercana a la tienda les comentó que este tipo de asaltos no sería un hecho aislado. “También una persona cercana a la tienda nos dijo que no es la primera vez que actúan así y que usualmente hay una persona dentro de la tienda que los sigue y avisa a los cómplices para que actúen”, relató la víctima, lo que abre la posibilidad de un modus operandi reiterado y la eventual participación de un informante interno.
La familia aseguró que, hasta el momento, no ha recibido información clara sobre la investigación ni sobre la identificación de los responsables, lo que incrementa su sensación de vulnerabilidad e impotencia. Señalaron que, además del daño material, el impacto emocional ha sido profundo, ya que el asalto ocurrió en un lugar que consideraban relativamente seguro.
El caso ha generado indignación, no solo por el hecho delictivo en sí, sino por lo que la familia considera una revictimización al difundir información falsa sobre la atención brindada. “No pedimos privilegios, pedimos que se diga la verdad y que se haga justicia”, expresaron. Para la familia afectada, más allá de comunicados y versiones públicas, lo urgente es que las autoridades asuman su responsabilidad, investiguen el caso y garanticen que hechos como este no se repitan.
