El Congreso de Morelos deberá emitir las reformas necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos para aclarar la proporción del presupuesto que deberá asignarse al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA), instruyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolver la Controversia Constitucional 44/2024 sobre el presupuesto para este ejercicio fiscal en la que, además, obligaría a reasignar más de 300 millones de pesos al poder Judicial de Morelos.
La resolución de la corte respaldó el proyecto de la Ministra Margarita Ríos Farjat en que se declara la invalidez de los artículos del presupuesto de Morelos para el 2024, en las partes que se asignan los montos de gasto del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, pues considera que la reducción de 41% a las proyecciones de gasto para el Poder Judicial hecha por el Congreso estatal, se trata de una intromisión en la autonomía del Judicial.
En el proyecto, la ministra explica que el Poder Judicial solicitó para ejercer, en el 2024, recursos por mil 30 millones de pesos en el Tribunal Superior de Justicia, y 57 millones de pesos en el TUJPA.
“Cuando el presupuesto de egresos se analiza por el Congreso Local, se le otorga considerablemente menos de lo solicitado, en concreto, se le aprobaron poco más de 916 millones de pesos, de los cuales, además, se etiquetaron varios rubros de manera destacada; por la importancia del tema, casi 250 millones de pesos para pago de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial en el Estado. Lo anterior implicó que, de conformidad con lo solicitado anterior y originalmente, que en realidad se le otorgaron para el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, tan solo 604 millones de pesos, de los mil 30 millones originalmente solicitados, una diferencia de casi 426 millones de pesos o si se quiere ver de otra forma, una reducción del 41% del presupuesto requerido, un alejamiento bastante considerable al originalmente solicitado en el anteproyecto propuesto”, expone el proyecto.
La ministra también asegura que la disminución presupuestal al Poder Judicial no provino del Ejecutivo del estado, sino “la reducción en realidad se dio hasta la aprobación final por parte del Congreso, de ahí que… se proponga declarar fundados los conceptos de invalidez por una violación a la autonomía presupuestaria del Poder Judicial local”.
En la discusión del proyecto, los ministros coincidieron en la poca claridad que ofrece la Legislación local respecto de las asignaciones de recursos al Poder Judicial, tanto en lo que refiere al poco rigor para definir el “gasto programable” de cuyo total estatal correspondería el 4.7% al Poder Judicial, como en la falta de una medida para determinar de cuánto tendría que ser la asignación de recursos al TUJPA.
El proyecto aprobado finalmente otorga “un plazo al Congreso del Estado de Morelos de treinta días para que justifique y asigne al Poder Judicial una cantidad equivalente al 4.7% del gasto programable aprobado para el Ejercicio Fiscal 2024, en un entendimiento que es acorde con la intención de la Constitución local”, lo que significaría redireccionar para ese poder poco más de 300 millones de pesos.
Además instruye a la LVI Legislatura que “a más tardar en el periodo ordinario de sesiones siguiente, el Congreso deberá emitir las reformas necesarias para la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 87, párrafo segundo, de la Constitución estatal” con el fin “de dotar de mayor claridad la situación de esa entidad federativa” respecto a las asignaciones presupuestales.
