Además de aumentar el castigo por acoso sexual, el Congreso de Morelos podría en breve aprobar reformas para sancionar al funcionariado público que cometa actos de violencia institucional que deriven en cualquier forma de daño a las mujeres, desde la minimización y negligencia hasta la desaparición y el feminicidio.
La diputada Melissa Montes de Oca Montoya, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, presentó al pleno dos iniciativas orientadas a combatir la violencia contra las mujeres en Morelos: La reforma para incrementar las penas por el delito de acoso sexual, y la tipificación específica de la violencia institucional, acompañada de la implementación de un Violentómetro Institucional.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que el acoso sexual representa “el rostro más cotidiano de la violencia machista” y subrayó su normalización en espacios públicos, laborales, educativos y digitales.
Actualmente, el Código Penal estatal establece sanciones de seis meses a tres años de prisión, las cuales —señaló— resultan insuficientes y de difícil aplicación.
La propuesta legislativa plantea: Elevar las penas de tres a seis años de prisión; aumentar las multas de 500 a 1,000 días; incorporar agravantes cuando el delito sea cometido: en espacios públicos o de transporte, por servidores públicos, docentes o empleadores, o cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, mujeres mayores, personas con discapacidad, o exista reincidencia.
Con estas reformas, la diputada busca que el Estado envíe un mensaje firme contra esta conducta, fortaleciendo la protección y el acceso a la justicia para las mujeres.
La segunda iniciativa presentada responde a una de las violencias más profundas y menos visibles: la violencia institucional, ejercida desde estructuras del Estado mediante omisiones, negligencias, abusos de poder o tratos discriminatorios.
La diputada propone: Incorporar un tipo penal específico de violencia institucional contra las mujeres en el Código Penal de Morelos; establecer sanciones como prisión, multas, suspensión, destitución e inhabilitación para servidoras y servidores públicos responsables; implementar el Violentómetro Institucional, una herramienta analítica de seis niveles que permite identificar, medir y clasificar actos de violencia cometidos desde instituciones gubernamentales.
Los niveles abarcan desde prácticas de minimización y negligencias, hasta la violencia estructural, la filtración de datos, la obstrucción de procesos legales y, en su grado extremo, conductas institucionales que contribuyen a daños irreparables, incluidas desapariciones o feminicidios.
La diputada recordó que, de acuerdo con datos del INEGI, el 76% de las mujeres ha enfrentado algún tipo de violencia institucional, lo que evidencia la necesidad de una respuesta clara, medible y sancionable por parte del Estado.
“Morelos tiene una deuda histórica con las mujeres. Estas iniciativas no solo reconocen la violencia, sino que permiten medirla, sancionarla y prevenirla, para avanzar hacia un estado más justo y seguro”, afirmó.
Con la presentación de estas dos iniciativas, la diputada Melissa Montes de Oca refrenda su compromiso con la agenda de género y con la construcción de un marco jurídico que garantice la protección integral, el acceso a la justicia y una vida libre de violencia para todas las mujeres en Morelos.
El Violentómetro Institucional
La reforma presentada por la diputada Montes de Oca incluye un índice que clasifica por grado las violencias contra las mujeres que el funcionariado puede ejercer desde las instituciones.
En el nivel uno que ubica microviolencias a las que llama “normalizadas, pero dañinas” incluye al lenguaje sexista o condescendiente en trámites; minimizar las denuncias; retrasar o retener información básica que sí se brinda a hombres, priorizar a los hombres en listas, turnos, prelaciones y otros catálogos.
El segundo nivel está integrado por la violencia institucional indirecta, “omisiones y negligencias”, que incluye no registrar denuncias, quejas o reportes hechos por mujeres; perder documentos o expedientes que afecten los trámites o procesos; canalizar incorrectamente para evitar dar seguimiento; y dar información incompleta o contradictoria.
La obstaculización y maltrato van en el nivel tres y refieren a la violencia directa desde la institución. Aquí se incluye la desacreditación de los relatos; el trato cruel o despectivo; la culpabilización de la denunciante; o negar, sin justificación, servicios a los que tiene derecho.
Las acciones que perpetúan la desigualdad están en el nivel cuatro llamado violencia estructural; como tener protocolos, leyes o lineamientos obsoletos que afecten los derechos y el acceso de las mujeres; la filtración de datos personales, ubicación o expedientes de las mujeres; omitir ejercer las competencias y responsabilidades en la protección legal; y obstruir la justicia deliberadamente para proteger a los agresores.
Y en el nivel 6, de máxima alerta está la revictimización reiterada y la participación directa o encubierta del funcionariado en redes de explotación desaparición o trata.
