Etiquetas muy puntuales que definan, clara y precisa la aplicación de los recursos en la Fiscalía General del Estado (FGE), es la solicitud que hicieron abogados a los diputados, a fin de que no existan situaciones que sugieran supuestos desvíos de recursos como en el 2024.
“Yo les sugiero a los diputados que, hoy si etiqueten los recursos que entreguen al fiscal (Uriel Carmona), porque ya una vez les tomó el pelo con el dinero que le entregaron para la compra de un helicóptero, y que no adquirió, argumentando que los recursos no fueron etiquetados”, lo anterior fue considerado por Omar López Ortiz, presidente de la Asociación de Agentes y Exagentes del Ministerio Público en Morelos.
La solicitud se hace, en medio de la intensión del fiscal, Uriel Carmona Gándara de requerir un aumento de 100 millones de pesos más para el 2025, según declaró en recientes entrevistas con distintos medios de comunicación.
“Si bien ya adelantó esta petición, lo que deben analizar muy bien los diputados, es la forma en que el fiscal les argumente el aumento y el gasto de estos recursos; si es viable el incremento, que se lo etiqueten desde un principio y que revisen que lo aplique para beneficio de los justiciables, la institución y de los trabajadores”, expresó.
En noviembre del 2023, Uriel Carmona Gándara requirió más de mil millones de pesos de presupuesto, justificando que se requerían para, entre otras cosas, adquirir un helicóptero que apoyaría en las labores de búsqueda de personas desaparecidas, entre otras actividades.
El incremento, sí se concretó y la FGE obtuvo 800 millones de pesos extras en el presupuesto del 2023, para la adquisición de la aeronave; no obstante, al no ponerle “candados”, por parte de los anteriores diputados a dicho recurso, éste fue utilizado para “capacitaciones del personal y compra de equipamiento”, según ha declarado Carmona Gándara.
El señalamiento de un presunto desvío de recursos, surge tras la detención de Uriel Carmona Gándara, y quien fue recluido en penales de máxima seguridad, acusado de entorpecer una investigación sobre un feminicidio. Versiones sugieren que el dinero pudo aplicarse para lograr la liberación del fiscal.
Actualmente, la FGE cuenta con presupuestos históricos de más de mil millones de pesos; aun así, el 97% de los delitos siguen en la impunidad.