Las Mipymes, clave para transformar la economía morelense
En la discusión sobre el desarrollo económico de Morelos, se debe voltear la mirada a las verdaderas protagonistas de la generación de empleo: las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Aunque suelen pasar desapercibidas ante la perspectiva de grandes inversiones y megaproyectos, la realidad estadística es clara: el 97 por ciento de las unidades económicas del país —y de Morelos— son Mipymes. En la entidad, estas empresas representan alrededor de 120 mil unidades productivas que generan casi 680 mil empleos con salario fijo, una cifra muy superior a los 19 mil empleos formales que ofrecen las grandes compañías.
En contraste, la informalidad laboral sigue siendo un reto mayúsculo. Más de 148 mil personas laboran en condiciones informales en Morelos, en actividades como el comercio ambulante, la agricultura sin seguridad social o los servicios domésticos sin contrato. Este fenómeno, que representa cerca del 17 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) del estado, no sólo precariza las condiciones de vida de miles de familias, sino que erosiona la base fiscal y entorpece cualquier propuesta de desarrollo social.
Es en este contexto que las Mipymes se perfilan como actores estratégicos, no sólo por su capacidad de generar empleo, sino por el papel que pueden desempeñar para combatir la informalidad y avanzar hacia una economía con mayor justicia y sostenibilidad. Sin embargo, para que puedan cumplir esa función, es indispensable arroparlas con políticas públicas integrales y diferenciadas, que reconozcan sus particularidades y sus necesidades específicas.
La mayoría de las Mipymes en Morelos apenas sobrevive. Muchas son negocios familiares, con ingresos limitados, alta vulnerabilidad frente a los cambios del mercado, escaso acceso a créditos, tecnología o asesoría, y una carga fiscal que las equipara, injustamente, con empresas de mayor escala. Esta precariedad estructural también se refleja en las condiciones laborales que pueden ofrecer: la mayoría paga entre uno y dos salarios mínimos, y pocas pueden brindar prestaciones como seguro médico o ahorro para el retiro.
Ante este panorama, se necesita reconfigurar el modelo de fomento económico. Si Morelos quiere crecer con equidad, debe dar un trato preferente a las Mipymes, especialmente a aquellas que tienen potencial de innovación, base tecnológica o vinculación con el sector agroalimentario, dos de los grandes activos del estado. La existencia de 42 centros de investigación y miles de estudiantes de posgrado representa una oportunidad sin precedentes -y única a nivel nacional- para construir un ecosistema de emprendimiento de alto valor agregado en nuestro estado.
Es mejor combatir la informalidad con oportunidades reales para que la propia comunidad sea responsable de su propio desarrollo. Las Mipymes, correctamente apoyadas, pueden ser la columna vertebral de una economía local dinámica, justa y resiliente. Desde luego, no se trata de idealizarlas ni de ignorar los enormes desafíos que enfrentan, sino de reconocer que sin ellas no hay presente ni futuro posible para Morelos.
Revolución arcoíris: una lucha por la inclusión que transforma a la sociedad
La historia de la humanidad se ha contado muchas veces desde la perspectiva de sus grandes guerras, sus sistemas de gobierno, sus revoluciones políticas y sus avances tecnológicos. Pero hay revoluciones silenciosas que reconfiguran estructuras más profundas que las legislaciones y más duraderas que los imperios. Tal es el caso de la llamada revolución LGBT+, una lucha que, lejos de reducirse a desfiles coloridos y símbolos icónicos, constituye una transformación radical y profunda de las nociones de identidad, derechos humanos, pertenencia y convivencia social.
A pesar del estereotipo, del estigma o de la celebración superficial, el movimiento LGBT+ ha revolucionado la manera en que entendemos el cuerpo, el amor, el deseo, la familia, la cultura, la economía y, en especial, la noción misma de dignidad humana. Desde los clósets oscuros y perseguidos de siglos anteriores hasta las plataformas digitales que hoy amplifican sus voces, esta revolución no ha buscado privilegios, sino equidad; no impone una visión, sino que reclama el derecho a la diferencia y a la inclusión.
El reconocimiento de derechos no ha sido una concesión, sino el resultado de una lucha constante. Y si bien en entidades como Morelos se han logrado avances significativos —como el matrimonio igualitario constitucional desde 2016 y el derecho a la identidad de género desde 2021—, aún persisten enormes desafíos en la vida cotidiana: discriminación, violencia, negación de servicios públicos, y una resistencia cultural enraizada en estructuras que parecen resistirse a evolucionar.
El verdadero problema con los prejuicios no es solo que discriminan, sino que aíslan y dislocan a las sociedades. Cuando un grupo humano es excluido sistemáticamente —por orientación sexual, identidad de género, clase social, raza o cualquier otra condición— no solo se les niegan derechos: se rompe el tejido social. Y en tiempos en que las comunidades enfrentan crisis múltiples como son las económicas, ambientales o políticas, la cohesión social es más que una meta noble: es una condición de supervivencia colectiva.
La revolución LGBT+ nos ha demostrado que una sociedad que reconoce, protege y celebra su diversidad termina siendo una sociedad más fuerte. La inclusión no es un favor, es un factor de desarrollo. El prejuicio, en cambio, es un lastre que impide avanzar y condena a la repetición de esquemas fallidos.
Hasta el momento, la comunidad de la diversidad sexual ya ha conquistado una gran parte de la aquiescencia social, pero la verdadera tolerancia va mucho más allá de permitir desfiles o matrimonios igualitarios, es eliminar por completo los estigmas, ofrecer verdaderamente las mismas oportunidades y aceptación que cualquier otro miembro de la sociedad.
Persisten los crímenes de odio, la segregación en instituciones de salud y educación, políticas públicas, y una preocupante invisibilización de la problemática en municipios y zonas rurales. A pesar de la aparente normalización de la diversidad sexual en ciertos círculos urbanos y mediáticos, la experiencia cotidiana de muchas personas LGBT+ sigue marcada por el miedo, el silencio y el rechazo.
No hay revolución verdadera sin justicia cotidiana, sin respeto institucional, sin protección legal eficaz. No hay orgullo sin igualdad, ni equidad sin responsabilidad compartida. Las marchas deben seguir siendo celebración, pero también recordatorio de lo que aún falta por hacer.
