Claroscuros en Morelos
A un cuarto del siglo XXI, época que hace unos años se veía como parte del lejano futuro en donde debería imperar la paz universal y la reconciliación del hombre con la naturaleza, nos encontramos que no estamos tan lejos de la barbarie que caracterizó al siglo XX. Seguimos renuentes a adoptar decisiones que sabemos de sobra que deberemos tomar tarde o temprano y continuamos arrastrando graves problemas ocasionados por la violencia y la impunidad.
El futuro nos alcanzó en materia de energía renovable y nos hemos obstinado en rechazarla por la comodidad del uso de la energía fósil, aún más accesible y generalizada, pero que tiende a desaparecer y que conlleva una larga cauda de problemas que, a penas de poco más de un siglo de uso intensivo y global, han comenzado a pasar facturas muy caras a la humanidad.
Por otro lado, la persistencia de la violencia política -y de todo tipo- demuestra cotidianamente que no solo hace falta tener leyes que pregonen paz, cordura y democracia.
Morelos se encuentra en una disyuntiva en ambos casos, entre la necesidad apremiante de adoptar masivamente las energías renovables y la urgencia de frenar la violencia que todo erosiona.
Tenemos todo para brillar
La transición energética es una necesidad global ineludible, dado el agotamiento progresivo de los hidrocarburos y la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global, los eventos climáticos extremos y fenómenos sociales como las migraciones forzadas por sequías e inundaciones.
En las entrevistas que se publican más adelante, Alan Dupré Ramírez, secretario de Desarrollo Sustentable, y Miguel Robles Pérez, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, coinciden en señalar que Morelos es uno de los cinco estados con mayor radiación solar del país, que supera incluso a Alemania, donde un alto porcentaje de la energía que ocupa ya se genera con paneles solares.
Sin embargo, la transferencia tecnológica enfrenta obstáculos como regulaciones complejas, falta de financiamiento en comunidades marginadas y la necesidad de mayor aceptación social; se menciona que, a pesar de tener 40 años de experiencia en materia de energías sustentables, los morelenses necesitamos “alfabetizarnos” en el tema.
Aun así, la transición energética ya está ocurriendo. Paneles solares en techos de casas y negocios, sistemas de calentamiento solar de agua y tecnologías de deshidratación de alimentos son ejemplos concretos de cómo la energía limpia mejora la calidad de vida. Morelos también experimenta con sistemas agrovoltaicos: terrenos donde se combina la producción agrícola con la generación solar, sin sacrificar el uso del suelo. Estas tecnologías no sólo permiten ahorrar energía y reducir emisiones, sino que también diversifican ingresos y fortalecen economías locales.
Las energías renovables son más que una tecnología: son una oportunidad para repensar nuestro modelo de desarrollo, hacerlo más duradero, más limpio y más humano. Y, en este sentido, Morelos tiene todo para brillar, literalmente.
La violencia política: amenaza persistente y estructural
Desde 2018, Morelos ha sido uno de los estados más golpeados por la violencia política en México, con al menos 136 víctimas, de las cuales 69 fueron asesinadas, lo que representa un preocupante 50.7% de los casos registrados. Esta situación se da en un contexto donde las expresiones agresivas entre actores políticos locales contrastan con un entorno de violencia extrema que ha cobrado vidas de candidatos, funcionarios, autoridades electas, familiares, militantes y hasta policías.
Como se lee en la página que sigue, el proceso electoral de 2024 marcó un punto crítico: con 37 víctimas, fue el año más violento desde que se lleva registro; entre estos hechos de violencia destacan seis asesinatos de candidatos, múltiples atentados y amenazas, y el multihomicidio en Huitzilac, donde cinco aspirantes fueron asesinados en un solo acto, masacre que no sólo consternó al estado, sino que reveló una reacción violenta del crimen organizado frente a la reorganización comunitaria y la defensa del territorio. Ya en los primeros meses de 2025, Morelos acumula 16 nuevas víctimas, lo que indica que la violencia política sigue su curso, alimentada por relaciones opacas entre autoridades y grupos criminales. La Fiscalía General de la República investiga al menos a ocho alcaldes por vínculos con organizaciones delictivas.
Si la violencia es un fenómeno social preocupante, la violencia política es una de las más impactantes pues demuestra que no están a salvo quienes, en funciones o en vías de estarlo, son los encargados de organizar la protección del resto de la comunidad.
Morelos no puede seguir normalizando la muerte como parte del proceso político. Cada víctima representa una fractura a la democracia, una oportunidad perdida para construir un futuro más justo, y un mensaje de miedo que inhibe la participación ciudadana.
Recuperar el orden democrático implica más que leyes o discursos: exige justicia real, memoria y una política que deje de ser rehén del miedo.
