Las pensiones otorgadas a exfuncionarios durante el periodo neoliberal son “ofensivas para el pueblo de México”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al anunciar que su gobierno analiza una reforma constitucional que permita reducirlas y ajustarlas a montos justos.
“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México; un millón de pesos mensuales, imagínense”, señaló en su conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.
La mandataria explicó que los exfuncionarios beneficiados podrán acudir de manera voluntaria a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para llegar a un acuerdo que les permita recibir una pensión modesta.
De acuerdo con Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, se destinan 28 mil 074 millones de pesos anuales para el pago de pensiones a 14 mil 073 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFCL). De este padrón, 9 mil 457 jubilados (67%) reciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, y más de 3 mil 500 superan el salario neto de la propia presidenta.
En Petróleos Mexicanos (Pemex), la cifra anual asciende a 24 mil 844 millones de pesos, destinados a 22 mil 316 jubilados. Entre ellos, 544 perciben más que la Jefa del Ejecutivo, mientras que otros 618 superan incluso el sueldo anual del director general de la paraestatal. “Los pensionados de Pemex en promedio reciben 39 veces más que el promedio nacional”, puntualizó Buenrostro.
La funcionaria de Anticorrupción informó que se han instalado mesas de trabajo con la Consejería Jurídica, el IMSS, ISSSTE, SHCP, CFE, Pemex y el Indep, entre otras instancias, para revisar la legalidad de estas pensiones. Paralelamente, se emitirá una circular que regule los requisitos del pase de supervivencia, y se firmarán convenios con Renapo y registros civiles para actualizar de manera inmediata los padrones.
Además, se trabaja en la homologación de expedientes y en una revisión jurídica que permita fortalecer los procesos de auditoría e intercambio de información con autoridades estatales.
En relación con la denuncia presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 11 de agosto contra dos exfuncionarios de Pemex por presunto soborno, Buenrostro recordó que la empresa productiva del Estado tenía conocimiento de las investigaciones desde 2024 y que ya había iniciado auditorías desde 2020.
Destacó que dos de los contratos investigados corresponden a administraciones previas a Andrés Manuel López Obrador, uno fue cancelado por irregularidades en el proceso de licitación y otro se concluyó anticipadamente.
“Todas las empresas y exfuncionarios que resulten responsables deberán responder ante la autoridad y devolver al pueblo lo que robaron; serán sancionados y se buscará la recuperación del dinero”, advirtió la secretaria.
Con esta revisión, el gobierno federal busca cerrar el capítulo de las pensiones millonarias que, según la presidenta Sheinbaum, representan uno de los símbolos más evidentes de los privilegios del periodo neoliberal.
Foto: Gabriel Monroy/Presidencia
