Ismael Eslava Pérez*
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el Día mundial contra el trabajo infantil en 2002 (12 de junio) para llamar la atención sobre la magnitud de este fenómeno social y contribuir a los esfuerzos para su erradicación. Por ello, resulta de la mayor importancia visibilizar la necesidad de erradicar el trabajo de niñas y niños, así como hacer notorios los riesgos que enfrentan las y los adolescentes mayores de quince años al desempeñar labores peligrosas.
La OIT considera que el trabajo infantil es aquel “…que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. En consecuencia, hace referencia a la actividad laboral: i) peligrosa y perjudicial para el bienestar físico y mental de la niñez y ii) aquella que obstaculiza su escolarización al privarle del derecho de asistir a clases, obligarlos a abandonar la escuela prematuramente o combinar sus estudios con un trabajo pesado y que conlleva demasiado tiempo. Lo anterior, sin soslayar formas extremas de trabajo infantil que implican esclavitud, separación de su familia, exposición a graves peligros, enfermedades y/o el abandono a su suerte en grandes metrópolis.
Los factores que inciden en el trabajo de niñas, niños y adolescentes son diversos: los entornos socioeconómicos, la pobreza, la desigualdad, las carencias educativas, el alto índice de deserción escolar, los bajos salarios, el desempleo y la falta de oportunidades para algunos sectores poblacionales, los cuales traen consigo una permanente vulneración a los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país.
El trabajo infantil produce efectos negativos, inmediatos o futuros para el desarrollo físico, mental o social de niñas y niños, y violenta sus derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la alimentación adecuada, a la protección de la salud, a la seguridad social, a una educación de calidad, al descanso y al esparcimiento, entre otros.
Sin lugar a dudas, la prevención, erradicación y atención de este problema requiere de políticas públicas con enfoque de derechos y de género, integrales, transversales y permanentes que articulen la participación conjunta de los sectores público, privado y social, de las propias niñas, niños y adolescentes, que conlleven al establecimiento de planes integrales de restitución de derechos y de medidas de no reiteración.
Los desafíos son mayúsculos, así lo muestran las diversas estadísticas e informes nacionales e internacionales que existen en materia de trabajo infantil, los cuales evidencian la recurrencia y gravedad de las peores formas de trabajo: esclavitud, prostitución, tráfico de drogas, trabajo agropecuario, en minas, fábricas y en el hogar a las que se expone a la niñez y juventud. Por ello, la OIT se ha pronunciado por la urgente necesidad de construir una protección social universal para la niñez y adolescencia como una condición previa para alcanzar un mundo libre de pobreza y ayudarles a alcanzar su potencial.
Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del INEGI 2019, de los 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que residían en el país, 2.2 millones trabajaron; dos millones de personas menores de edad trabajaron en ocupaciones no permitidas y de éstos, 71.2 % fueron hombres y 28.8 %, mujeres; de quienes realizaron ocupaciones no permitidas, 43.5 % aportó ingresos a su hogar, 29.2 % no lo hizo porque no recibió remuneración, y 27.3 % no aportó, a pesar haber recibido un pago por su trabajo; el 29.1 % de las personas menores de edad que realizaron ocupaciones no permitidas, lo hicieron porque su hogar necesita de su trabajo y de su aportación económica.
Es importante considerar que el trabajo infantil es un problema social multifactorial para el que no existe solución única. El quehacer conjunto para su erradicación hace necesario establecer sistemas educativos y sociales sólidos en los que se consideren espacios seguros donde permanezcan las hijas e hijos de las y los trabajadores agrícolas, así como acciones que generen oportunidades de empleo para las y los integrantes de las familias. El tema debe ser abordado considerando los casos de discriminación múltiple: pueblos indígenas, personas con discapacidad, desplazados, las que viven en zonas rurales, en contextos de movilidad, en situación de calle, entre otras.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible/ODS), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015, reconoce en su meta 8.7 la imperante necesidad de que los países adopten medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
En la mayoría de los casos las niñas, niños y adolescentes no eligen trabajar, para muchas familias su incorporación al mercado laboral representa una fuente de ingresos más para asegurar su supervivencia, o bien ha llegado a constituir una actividad culturalmente aceptada. Por ello es necesario la construcción de una política nacional para la erradicación del trabajo infantil y el fortalecimiento del marco de protección en el trabajo autorizado de las y los adolescentes.
*Profesor universitario y especialista en derechos humanos
Para resaltar:
Los factores que inciden en el trabajo de niñas, niños y adolescentes son diversos: los entornos socioeconómicos, la pobreza, la desigualdad, las carencias educativas, el alto índice de deserción escolar, los bajos salarios, el desempleo y la falta de oportunidades para algunos sectores poblacionales, los cuales traen consigo una permanente vulneración a los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país.