El cáncer de mama revela la fragilidad de nuestro sistema social
Gabriela Mendizábal Bermúdez y Brenda Tufiño Gómez[1]
Hablar de seguridad social es hablar de vida. No solo de hospitales o pensiones, sino de la capacidad de un país para cuidar a su gente cuando más lo necesita. El cáncer de mama, principal causa de muerte por tumor maligno entre las mujeres mexicanas, es hoy uno de los mayores desafíos para nuestro sistema de seguridad social. Según el INEGI fue la principal causa de muerte por tumores malignos en mujeres mexicanas, con una tasa de 18,7 fallecimientos por cada 100 mil mayores de 20 años en 2024, superando a otros tipos de cáncer como el de cuello uterino y el de colon y detrás de cada diagnóstico hay una historia que no solo se libra en los consultorios, sino también en los márgenes de la formalidad laboral, la pobreza y la desigualdad de género.
En México, el acceso al tratamiento oportuno depende muchas veces de tener o no un empleo formal. Las mujeres con afiliación al IMSS o al ISSSTE suelen contar con atención médica integral y licencias laborales; mientras que millones de trabajadoras informales, empleadas domésticas o cuidadoras no remuneradas enfrentan la enfermedad sin seguridad social, sin ingresos y sin apoyo institucional. Esa brecha convierte al cáncer de mama no solo en un problema de salud pública, sino en un espejo de exclusión social.
La seguridad social, entendida como un derecho humano, debería garantizar no solo la atención médica, sino también las prestaciones económicas y sociales necesarias para sostener la vida durante el proceso de enfermedad. Nadie debería elegir entre recibir quimioterapia o conservar su empleo. Enfrentar el cáncer no puede significar perder la estabilidad, ni el sustento y menos aún el patrimonio familiar.
Más allá del simbolismo del “mes rosa”, es momento de pensar el cáncer de mama como una oportunidad para fortalecer la política pública en clave de equidad: ampliar la cobertura de detección y tratamiento, asegurar licencias con goce de sueldo, incorporar programas de reinserción laboral y reconocer el trabajo de cuidados que las mujeres realizan, incluso mientras enferman.
De acuerdo con datos del INEGI, la tasa estandarizada de mortalidad por esta enfermedad en Morelos alcanza 21.2 defunciones por cada 100 000 mujeres de 20 años o más (Municipio de Cuernavaca, B669 21/10/25 instituto de la mujer de Cuernavaca promueve factores de protección y detección oportuna contra el cáncer de mama), una cifra superior al promedio nacional de 18.7 y según la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) más del 62% de las personas ocupadas labora en condiciones de informalidad. Ello implica que una proporción considerable de la población carece de acceso a la seguridad social y, por tanto, a servicios médicos, incapacidades laborales o apoyos económicos ante enfermedades graves. En el caso de las mujeres, esta situación se agrava cuando son, al mismo tiempo, proveedoras principales y responsables de los cuidados dentro del hogar.
Para las mujeres sin seguridad social, la única opción frente al cáncer es la asistencia social, un recurso limitado que depende del presupuesto y no de un derecho garantizado. Esta ayuda suele cubrir solo parte de los tratamientos y deja a las pacientes sin continuidad médica ni apoyo económico. En la práctica, significa enfrentar la enfermedad desde la vulnerabilidad y la dependencia, más cercana a la caridad que a la justicia social.
Garantizar seguridad social frente al cáncer de mama es, en esencia, garantizar el derecho a vivir con dignidad. Porque la seguridad social, cuando se entiende como un compromiso con la vida, se convierte en la mejor medicina preventiva que una sociedad puede ofrecer: seguridad social para la vida.
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Profesoras Investigadoras de Tiempo Completo de la FDYCS de la UAEM. ↑
