En medio de la toma del Senado y el paro del Poder Judicial, se aprobó la reforma con una mayoría de 86 votos incluyendo el nefasto Miguel Ángel Yunes del PAN, acusado de pederasta. El nivel de confrontación social y política se ha agudizado en México, por lo que es necesario fortalecer la lucha independiente, para combatir a la derecha y no quedar subordinado al poder, porque gobierne quien gobierne, los derechos se defienden.
Las leyes son producto de las luchas de los pueblos por alcanzar sus derechos y muestran también el interés de las clases dominantes por establecer condiciones de reproducción económica para legalizar la explotación social. Las constituciones son, en ese sentido, la cristalización de una determinada correlación de fuerzas entre las clases sociales, en donde se establecen los acuerdos o pactos sociales que permiten una cierta estabilidad. La reforma del poder judicial en México muestra las contradicciones sociales y políticas, además de las económicas y culturales, en las que nos encontramos inmersos actualmente. El debate incluye no solamente los argumentos legales, sino la fuerza social que se encuentra detrás de quienes los expresan.
Para quienes aspiramos a una transformación profunda de la realidad, se requiere un cambio del sistema de justicia actual que permite que haya niveles de impunidad de más del 90% en la inmensa mayoría de los delitos que se cometen. Los que se benefician en mayor medida de un sistema de justicia de esta naturaleza son los dueños del poder económico y político, excluyendo y negando los derechos a la justicia y la verdad para la inmensa mayoría de la población, sobre todo a los pueblos indígenas, la clase trabajadora y las mujeres, para solo mencionar a algunos de quienes han sido tradicionalmente excluidos.
No obstante lo anterior, hay que señalar que también es necesario dejar en claro los límites y los alcances que tienen iniciativas de reforma que vienen del poder para legitimar una mayoría obtenida en las elecciones recientes. Sus objetivos son muy claros de someter al control mayoritario a quienes defienden privilegios que son inadmisibles. Por ello, el mecanismo propuesto de que se sometan a escrutinio popular a jueces y magistrados abre la posibilidad de una mayor participación ciudadana que ejerza un poder que le ha sido arrebatado por quienes están al servicio de las clases dominantes. Este aspecto positivo desde el punto de vista democrático, sin embargo, ha sido cuestionado por no incluir una reforma a las Procuradurías de justicia y a las políticas de seguridad pública militarizadas que lejos de disminuir han aumentado los niveles de violencia, con los miles de asesinatos, feminicidios, desapariciones, extorsiones y toda clase de crímenes que se mantienen en la impunidad.
En un intercambio de ideas con camaradas, señalan los altos salarios de los ministros de la SCJN y toda clase de beneficios y privilegios que ostentan al ejercer el poder. Otras opiniones señalan que aun cuando les pagaran, eso no importaría tanto si los penales no estuvieran llenos de inocentes, con gente sin sentencia de 15 años, con impunidad del 99.97% y contrario a poder acudir a los tribunales. La iniciativa de reforma actual no es la mejor, pero cualquier cosa que se haga en el poder judicial es mejor de lo que tenemos ahora. Una verdadera reforma tendría que ver con analizar cómo se han desempeñado en su cargo y que pagaran por tanta injusticia que han impuesto.
Otras voces señalan estar de acuerdo: este poder sin dudas requiere una reforma, ya que el sistema judicial en México no ha funcionado como debería hacerlo y sí, el tema de los salarios y privilegios es un problema, pero sin duda, en comparación con el tema de la justicia para las víctimas es el menor de sus errores, la reforma que actualmente se vota no ataca las verdaderas causas, no toca a las fiscalías, ni a los ministerios públicos, ni cuerpos policíacos.
Un tema importante sin duda alguna, como lo recordamos cuando interpusimos más de 300 controversias constitucionales de pueblos indígenas y fueron desechadas por la SCJN, los miles de amparos del magisterio contra la reforma educativa y fueron desechados igualmente.
Hay un ejemplo, y seguro otros más, en sentido positivo, como son los amparos obtenidos por la comunidad indígena de Alpuyeca contra el Congreso del Estado para que legisle sobre la creación del Municipio Indígena.
En el caso del SME publicó un desplegado sobre la negativa de los ministros de la SCJN a reconocer los amparos obtenidos para recuperar su empleo: “A favor de una Reforma Democrática del Poder Judicial. En un estado de derecho y conforme a la legislación laboral vigente, la CFE, con nuestra materia de trabajo en sus manos, debió convertirse automáticamente en el patrón sustituto de los electricistas del SME. Sin embargo, el ilegal decreto de extinción de Felipe Calderón nos negó ese derecho. Durante años de férrea lucha obrera, 16,599 electricistas que no cobramos nuestra liquidación lo reclamamos en las calles y los juzgados del Poder Judicial.
El 13 de septiembre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, después de tres años de litigio, nos concedió un amparo que obligaba al gobierno federal a reinstalarnos en la CFE. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino para rescatar a los neoliberales y pisotear nuestros derechos humanos y laborales. A petición del Poder Ejecutivo, la SCJN insólitamente aceptó revisar un caso que, en dos ocasiones previas, se había negado a atraer. El 30 de enero de 2013, la SCJN por unanimidad, en un acto vergonzoso para el Poder Judicial, revocó la sentencia del Tribunal Colegiado.
A 15 años de distancia, los Ministros de la SCJN se aferran a la ilegítima defensa de sus privilegios y sus complicidades con los saqueadores de la nación, la oligarquía mexicana y las grandes corporaciones multinacionales a las que sirvieron por encima de la legalidad y el Estado de Derecho.”
Por todo ello, en este debate sobre la reforma judicial, es muy importante escuchar la voz de la clase trabajadora en defensa de los derechos laborales, a los pueblos indígenas y a las mujeres que exigen justicia ante la violencia feminicida.
