Un conjunto de decenas de comunidades de 19 entidades federativas del país que han enfrentado a las mineras por sus impactos negativos en sus territorios y especialistas en derechos humanos y ambientales, escribieron el proyecto de ley que la presidencia presentó a la Cámara de Diputados en abril del 2023. Este frente confió en el cumplimiento de las promesas de campaña de López Obrador de parar el abuso de los monopolios mineros. La principal, no entregar más concesiones mineras.
La Ley de Minería publicada el 8 de mayo de 2023 retiró el concepto de carácter preferente de la minería por sobre otras actividades. Establece la consulta a las comunidades indígenas y afromestizas para obtener el consentimiento antes de iniciar operaciones. Prohíbe la minería en Áreas Naturales Protegidas, así como la minería submarina. Esta Ley les exige presentar programas de manejo de residuos, de restauración y de cierre.
Prohíbe el traspaso de concesiones entre mineras, a menos que paguen derechos, ni podrán pedir la expropiación de territorios aledaños. Un aspecto destacado en relación con las prerrogativas de la Ley Minera de 1992 es que, al separar la exploración de la explotación, las mineras no podrían especular con la concentración de tierras mediante la posesión de concesiones ociosas. Se eliminó la figura de terreno libre y primer solicitante y, en su lugar, las mineras deben someterse a la licitación pública de todo terreno disponible por el Servicio Geológico Mexicano.
Como contraparte, los monopolios mineros lograron mantener el largo período de las concesiones, el uso casi irrestricto del agua en los terrenos concesionados y disminuyeron el porcentaje de contraprestación a las comunidades. No están obligadas a desmontar sus peligrosas presas de jales como se propuso originalmente. Los núcleos agrarios quedan desprotegidos frente al derecho de las mineras a la ocupación temporal de las concesiones obtenidas, solo podrán obtener una compensación que un órgano gubernamental definirá.
Luego de dos años, la Secretaría de Economía no ha presentado el reglamento de la Ley de Minería. Esta dilación se explica porque las mineras continuaron la presión sobre esta dependencia federal que, por más de tres décadas, ha sido la operadora de las políticas de comercialización de la naturaleza y de la industrialización en clave de subordinación con Estados Unidos. A partir de enero de este año, la secretaría que dirige Marcelo Ebrard tiene la encomienda de Claudia Sheinbaum de hacer modificaciones a la Ley de Minería de 2023. Le otorgó 100 días. Estas modificaciones deben empatar con el Plan México en el que la minería, nuevamente, se define como un sector preponderante para atraer la inversión extranjera.
El capital monopólico internacional es el que manda de verdad. Cuando López Obrador presentó en febrero de 2024 otra iniciativa de ley para cancelar la minería a cielo abierto, entre otra veintena de proyectos de modificación constitucional, no se vislumbraba como un propósito serio. Los datos que la realidad presentaba en ese momento indicaban que los capitales mineros tenían el viento a su favor. Sí recibieron nuevas concesiones durante el sexenio, cercenaron el proyecto de ley original a través de sus diálogos directos con Adán Augusto López y la operación de priistas como Ildefonso Guajardo, negociador del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en 2018. Ese proyecto apareció para crear una esperanza más dentro de la campaña electoral por la presidencia. No tuvo la suerte de la modificación constitucional al poder judicial. Nadie, dentro del partido en el poder, peleó por ella.
En la historia de México, el comportamiento de los caudillos, institucionalizados o no, presenta un patrón. Son caprichosos, se enfrentan a sus oponentes apoyándose en el pueblo, pero son poco firmes cuando se trata de desafiar al gran capital. Pueden amenazar a la burguesía y suscitar la esperanza en amplios sectores sociales que serán defendidos. Al final, sus balandronadas se diluyen y se impone la ley de la ganancia.
