A más de un siglo de la promulgación del artículo 27 de la Constitución General de la República, las luchas campesinas en México recuerdan que el derecho al campo no es un asunto del pasado, sino una deuda vigente del Estado. Las recientes movilizaciones de personas productoras agrícolas —que reclaman precios justos, apoyos al agro y condiciones dignas para la producción— evidencian el rezago estructural que enfrenta el sector rural. Lejos de ser expresiones aisladas, estas protestas son el eco de una larga historia de desigualdad y exclusión, que amenaza tanto los derechos humanos como la soberanía alimentaria de millones de personas que viven del campo y sus consumidores.
El derecho agrario en México tiene raíces profundamente sociales. El artículo 27 de la Constitución de 1917 fue una de las conquistas más emblemáticas de la Revolución Mexicana; reconoció la propiedad social de la tierra, estableció el ejido como forma de tenencia colectiva y buscó restituir a las personas campesinas las tierras de los latifundios. No obstante, el paso del tiempo y las reformas de las últimas décadas —especialmente la de 1992— transformaron su esencia, que junto con la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ahora T-MEC) y la disminución de la intervención del Estado en el sector rural, debilitaron significativamente los mecanismos de apoyo y protección a las personas campesinas, particularmente a las y los de pequeños productores, en clara desventaja frente a las grandes agroindustrias.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales de 8 de octubre de 2018, representa un avance histórico del derecho internacional en materia de justicia social y agraria. Este instrumento reconoce que las y los campesinos son personas sujetas de todos los derechos, históricamente marginadas por políticas agrícolas y comerciales desiguales e inadecuadas. Su propósito es garantizar que quienes producen los alimentos del mundo gocen de condiciones de vida dignas, acceso equitativo a los recursos naturales y protección frente a la discriminación estructural.
Entre sus aportaciones más relevantes, la Declaración reconoce el derecho a la tierra y al agua, entendidos no sólo como medios de producción, sino como elementos esenciales para la vida y la identidad cultural de las comunidades rurales. Reafirma el derecho a las semillas y a la biodiversidad, defiende la autonomía de los pueblos frente al control corporativo sobre los recursos genéticos y reconoce el derecho a la soberanía alimentaria, la cual faculta a los pueblos a decidir sus políticas agrícolas en armonía con el medio ambiente. Estos principios plantean un cambio en la manera de pensar y entender que la justicia social y ambiental comienza en el agro.
Hoy el campo mexicano enfrenta una crisis múltiple: económica, social y ambiental, entre otras. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2023), el 49 % de la población rural vive en situación de pobreza laboral y el ingreso de los productores agrícolas ha disminuido en términos reales durante la última década. Lo anterior refleja la precariedad estructural que enfrentan quienes dependen del trabajo agrícola para subsistir. A ello se suma la creciente dependencia alimentaria: México importa una parte significativa del maíz, trigo y arroz que consume, lo que vulnera la soberanía alimentaria y coloca en riesgo el derecho a una alimentación adecuada.
Las movilizaciones campesinas expresan una legítima demanda económica y de justicia social. Reclaman precios de garantía, apoyos a insumos, infraestructura de riego y acceso equitativo a los mercados como parte del derecho al desarrollo y a condiciones de vida dignas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) en su Observación General número 26 (2022) sobre los derechos a la tierra, subraya que los Estados tienen la obligación de asegurar el acceso, uso y control de los recursos naturales como condición para la realización de los derechos humanos en las comunidades rurales.
La respuesta institucional ha sido claramente insuficiente. Aunque existen programas federales y estatales orientados al fortalecimiento del sector agropecuario, la falta de continuidad, la burocracia, la insuficiencia presupuestal e infraestructura limitan y cuartan su alcance. Con frecuencia, las políticas públicas se diseñan desde una lógica urbana, sin reconocer las particularidades culturales y territoriales del campo. Este abandono silencioso ha empujado a miles de personas campesinas a la migración, la informalidad o la pobreza crónica.
Actualmente el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Maíz (FNRCM) convocó a bloqueos nacionales en carreteras, aduanas y puntos de transporte, para exigir atención al sector agrícola y un trato justo en precios y políticas comerciales. Sus demandas incluyen excluir los granos básicos del T-MEC, restituir una banca de desarrollo agrícola, establecer precios de garantía y diseñar una planeación nacional que atienda las necesidades reales del campo. Esas protestas reflejan la desatención prolongada al agro mexicano y buscan que el Estado enfoque y cumpla con su obligación de garantizar los derechos agrarios y humanos de quienes lo trabajan.
Pasan administraciones federales, estatales y municipales, sin enfrentar la problemática desde la raíz, sin incluir métodos de seguimiento y evaluación, por lo que urge una política agraria desde un enfoque de derechos humanos. Garantizar el derecho al campo implica reconocerlo como un espacio de vida, cultura y sustento, no sólo como medio de producción. Se requiere fortalecer la participación campesina en la toma de decisiones y avanzar hacia una transición agroecológica que proteja los recursos naturales y priorice la seguridad alimentaria nacional. Desestimar la protesta campesina sólo profundiza la brecha entre el México rural y el urbano. Como advirtió Emiliano Zapata, “la tierra es de quien la trabaja”, pero hoy también debe ser responsabilidad de quien gobierna, asegurar que trabajarla sea digno, justo y sostenible.
Las personas campesinas desempeñan un papel esencial para la continuidad de la vida y la estabilidad de nuestras comunidades. Su trabajo garantiza condiciones determinantes para la seguridad y la soberanía alimentarias, sin las cuales no puede asegurarse el derecho a la alimentación; el derecho a un medio ambiente sano, y el derecho al desarrollo mediante prácticas sostenibles que protegen la tierra y los recursos naturales. Reconocer y proteger sus derechos es indispensable para garantizar un futuro sostenible y digno para todas y todos.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
