En 1983 se reformó la Constitución para incorporar la planeación. El mandato se encuentra en el artículo 26 que dispone: “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.
Para lo anterior, se debe elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) mediante los mecanismos democráticos de participación que establezca la Ley de Planeación, que data del mismo año de la reforma constitucional con sus respectivas reformas, debiendo recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Es decir, el espíritu de la Constitución es que sea una planeación democrática dentro de la pluralidad ideológica que en nuestro país existe sin cortapisas de ninguna especie para formular los planes después de estudiar las realidades del país.
Se trata de formular una guía para las actividades de los distintos sectores que configuran la sociedad mexicana y dentro del papel que al Estado corresponde como rector de la economía nacional. Se debe obtener un plan del cual deriven programas y líneas de acción, un plan que en sus directrices generales se olvide de lo fragmentario, de lo parcial, y se apoye en el todo que conforma la nación. Un plan constituye la guía de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales de una comunidad; es un proyecto con metas claramente determinadas y medios para alcanzarlas; es una pauta para aprovechar los recursos de que se dispone, ordenadamente.
La Ley de Planeación establece que el PND deberá contener por lo menos; un diagnóstico general de los temas prioritarios; objetivos específicos; estrategias para ejecutar las acciones: indicadores de desempeño y sus metas; el Plan indicará programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales; una visión de largo plazo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine, mediante convenios, con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El PND considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.
La Ley faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. El capítulo tercero de la Ley norma la participación y consulta de los diversos grupos sociales con el propósito, como antes se señaló, de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del PND y los programas derivados del mismos. Para la elaboración del PND 2025-2030, el actual Gobierno convoco a la sociedad en general: organizaciones obreras, campesinas y de la sociedad civil, pueblos originarios, instituciones académicas, organismos empresariales, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, etc. a participar en 54 foros, del 16 al 19 de enero de 2025, en las 32 entidades federativas,
La Universidad Nacional Autónoma de México, institución de educación superior con un claro compromiso con el desarrollo y la inclusión social, a partir de la docencia, la investigación y la difusión cultural, a través del Rector Leonardo Lomelí Vanegas, hizo entrega en días pasados de un documento al Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con un conjunto de contribuciones para el PND 2025-2030, centradas en los ejes de bienestar, economía moral y trabajo; desarrollo sustentable y gobernanza con justicia y participación ciudadana. Para cada uno de los ejes, la UNAM realiza propuestas estratégicas orientadas a fortalecer un desarrollo nacional con prosperidad económica y social, justicia distributiva, sustentabilidad ambiental, diversidad creativa y democracia cultural.
Las contribuciones de la UNAM para el próximo PND están basadas principalmente en el trabajo académico llevado a cabo por el Programa de Estudios del Desarrollo y del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la Universidad Nacional.
Agregaría que el PND debe, de manera prioritaria, tener como uno de sus ejes principales hacer efectivo los derechos humanos, como los reconocidos en los artículos del 1° al 4 de la Constitución, mediante políticas públicas encaminadas a satisfacer el bien común o interés social, lo cual se traduce, necesariamente, en proteger y potencializar derechos humanos y permitir el despliegue de sus garantías para hacerlos efectivos. Así, las políticas públicas son un vehículo para satisfacer tales derechos. Las decisiones públicas deben tomarse de tal forma que resulten ser no solo las más eficaces sino también las más eficientes para atender las necesidades o problemas sociales.
Estamos obligados a planear bien, el país reprocharía que no fuese así, contamos con todo para hacerlo y una vez que se haya trazado bien la ruta, estamos comprometidos a seguirla eficazmente.
*Especialista en Derechos Humanos
