JUSTICIA EN LAS URNAS O ELECCIÓN DE JUECES POR VOTO POPULAR
La propuesta de reforma del Poder Judicial ha generado mucha polémica y cuestionamientos de empresarios, estudiantes, embajadas, abogados y desde luego de los trabajadores del Poder Judicial. El ejecutivo ha impulsado esta reforma con todo el poder del estado, se pretende que su dictamen sea antes de que deje el cargo el primero de octubre.
El punto de mayor discusión es el que se refiere a la elección por vía del voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Muchas voces de diferentes ámbitos de la sociedad sostienen que esto impactaría negativamente. Entre los argumentos están el de una política unipartidista en la práctica; el que se eliminan los contrapesos necesarios en la vida democrática y que se corre el riesgo de que la delincuencia sea quien proponga y ponga a los protagonistas del Poder Judicial, entre otras argumentaciones.
Ante tanta información y confusión me tomo la libertad de presentar de manera breve el contexto en que se está dando este proceso. En primer término, se dio una confrontación sobre la mecánica legal y política del número de representantes en las cámaras baja y alta.
Como resultado de ésta, finalmente “aiga sido como aiga sido”, el INE determinó una mayoría calificada para la coalición de Morena y sus aliados en la Cámara Baja y casi el mismo escenario para la Cámara Alta a la que le faltaban unos votos para tener la mayoría calificada, aunque con el brinco que dieron a Morena dos senadores del PRD solo les faltaría un voto para esa mayoría.
Ante este escenario miles de trabajadores del Poder Judicial han protestado iniciando un paro de labores como protesta porque la reforma no tomó en cuenta sus observaciones y propuestas hechas a lo largo de una consulta ex profeso. A esta protesta se han sumado otros actores como estudiantes de derecho y otros miembros de la sociedad.
Embajadores de los Estados Unidos y Canadá inesperadamente expresan su preocupación en torno a la reforma, en especial por la elección a través del voto popular señalando que pone en riesgo los tratados comerciales además de que se da la posibilidad de que el crimen organizado sea quien decida sobre estos nombramientos.
Inversionistas del interior y el exterior a través de sus cámaras señalan también su preocupación por una reforma que no da seguridad a la inversión considerando que si bien es necesaria una reforma judicial, la propuesta del voto en los términos que propone el ejecutivo no garantiza la impunidad ni la eliminación de la corrupción.
Miles de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, han protestado al señalar que se vulneran sus derechos laborales. Según explican, la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargos de juez.
La discusión alcanzó el ámbito legal, de esta suerte unos jueces dieron entrada a amparos que dictaminan la suspensión del proceso de la reforma en cuestión. Los legisladores de Morena y sus aliados desde una interpretación particular de la ley decidieron no acatar el dictamen de suspensión.
De esta suerte, en el contexto de una pugna jurídica, de manifestaciones múltiples, de una posible contradicción con un tratado comercial internacional y con la sede de la Cámara de diputados tomada, los diputados de la coalición cambiaron de sede y en una noche aprobaron la reforma en lo general y por la mañana la aprobaron en lo particular.
Esa misma mañana, a un par de horas de la aprobación del dictamen, éste fue entregado en la cámara de senadores quienes de manera diligente y rápida convocaron a una sesión para el domingo 8, con la intención de votar y aprobar el miércoles 11 de septiembre por la mañana.
Ante este clima enrarecido y polarizado que se vive en el país, es oportuno hacer algunas consideraciones en torno a este debate al que no podemos permanecer ajenos. Los estudiantes de derecho de escuelas públicas y privadas que se manifestaron en contra gritaban la consigna “reforma si, pero no así”.
Coincido con la necesidad de hacer una reforma al poder judicial y también a los otros dos poderes, es necesaria una reforma actualizada y pertinente al momento histórico que mejore la vida democrática, la cual, como lo manifesté en otra oportunidad, solo adquiere sentido si mejora las condiciones de vida de los ciudadanos en rubros como la salud y la educación entre otros.
Es posible que a esta hora ya se haya votado la reforma, sin embargo los ciudadanos comprometidos con la construcción de nuestra historia, nos hacemos algunas preguntas ¿cuál es la intención de la reforma? ¿con las medidas que propone el ejecutivo se garantiza el espíritu y la intención de la reforma? Es nuestra responsabilidad para con nosotros y nuestros descendientes responder honestamente a estas interrogantes y actuar en consecuencia.
