Congreso, la fractura que se veía venir
Habría sido muy inocente pensar que la vida de camaradería y colaboración entre las fuerzas políticas que integran la LVI Legislatura del Congreso de Morelos duraría toda la vida. Pero la ruptura tampoco se esperaba tan pronto.
Uno habría pensado que, dado el inicio del proceso electoral local 2026-2027 en septiembre, las diputadas y diputados se alejaran unos de otros en julio o agosto, velando sus armas para la contienda electoral en que algunos buscarán ser alcaldes, repetir como diputados locales o, en los escenarios menos deseables, ir por espacios en el Congreso de la Unión. Pero dos factores que podrían calificarse como externos, pero no lo son tanto, han generado un distanciamiento apresurado que, a estas alturas, pareciera insalvable.
El adiós a la diputada Tania Valentina
En la sesión del jueves, el pleno del Congreso aprobó, con el voto en contra del diputado Alberto Martínez Ortega y la ausencia de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz (ambos del Partido del Trabajo), la modificación en la integración de las comisiones legislativas.
Rafael Reyes Reyes ocupa ya la presidencia de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado (responsable, entre otras cosas de los procesos de juicio político y declaratorias de procedencia contra funcionarios públicos); Sergio Livera Chavarría será el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social (responsable de los dictámenes de solicitudes de jubilaciones y pensiones por cesantía en edad avanzada, discapacidad o viudez de los trabajadores al servicio del Estado); y Tania Valentina Rodríguez, quien ocupaba esa presidencia, estará a cargo del Comité Editorial.
El cambio se da en el contexto de los cientos de recursos de queja, inconformidad, inconstitucionalidad, a los que jubilados y pensionados han tenido que recurrir para hacer valer sus derechos frente a la lentitud, errores técnicos-jurídicos, omisiones en el etiquetado de recursos, y dilaciones de muchísimos meses que habría cometido la Comisión del Trabajo al atender sus peticiones. Un problema en que incluso tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación que llamó a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Morelos a hacerse cargo de sus problemas para evitar que lleguen al máximo tribunal de la nación.
Si bien en gran parte la crisis de pensiones en Morelos es parte de un problema estructural que se había advertido hace varios años (una normatividad sumamente laxa, falta de recursos de las instituciones para cubrir la carga jubilatoria que cada mes pesa más, esquemas de presión política que buscan ahorcar a organismos públicos entre otros factores); en el Congreso se asume que gran parte de la responsabilidad de la crisis está en el funcionamiento de la comisión del Trabajo que desde hace por lo menos cuatro años está en manos de la diputada Tania Valentina.
Las dilaciones y obstáculos que han padecido los jubilados generaron una serie de acusaciones sobre probable corrupción en la dictaminación de los decretos jubilatorios. Se señaló a la diputada Rodríguez Ruiz de ser pieza de un esquema de venta de dictámenes favorables a cambio de dinero o favores políticos. Más allá de la evidente conveniencia de investigar todos esos señalamientos y determinar si realmente hubo responsabilidad de alguien; la presencia de la diputada Tania Valentina en la Comisión del Trabajo se volvió insostenible, y su destitución fue la respuesta del pleno del Congreso a la presión no solo de los trabajadores jubilados o en proceso, también a la Corte.
La remoción, sin embargo, causó una ruptura que parece definitiva en la alianza de izquierda en Morelos que formaban (por lo menos a veces) Morena, Nueva Alianza, el Verde Ecologista y el PT, que les daba eventualmente la mayoría calificada en el Congreso. Si ya era difícil que el PT transitara con sus aliados si no era a cambio de posiciones y otras determinaciones convenientes a Tania Valentina Rodríguez; el golpe a su máximo interés en la LVI Legislatura vuelve casi imposible considerar un bloque de izquierda mayoritario en el estado. Morena, Verde y Nueva Alianza necesitarán conseguir otros dos diputados para que sus propuestas sean aprobadas.
La reforma electoral
El año pasado uno de los instrumentos elementales de negociación entre Morena y la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano), fue la reforma electoral local. La iniciativa se desarrollo conforme a los intereses del coordinador panista, Daniel Martínez Terrazas, pero beneficiaba a todos los partidos al ofrecer más espacios para colocar liderazgos políticos con el regreso a 30 diputados como integrantes del Congreso. El revés que propinó la Suprema Corte a la reforma local se debió en términos estrictamente jurídicos a que contemplaba una figura de elección de diputados que no está incluida en la Constitución Mexicana (la de mejores segundos lugares).
La LVI Legislatura morelense pudo haber respondido muy rápido modificando el articulado y dejando 12 diputados de representación proporcional, como era antes. No lo hizo porque la presidenta Claudia Sheinbaum ya había anunciado una reforma electoral federal, en la que se contemplaba modificar la integración de los congresos para, sin lesionar la representatividad de las minorías, permitir un adelgazamiento en el número de diputadas y diputados, entre otros aportes. Bajo esta lógica, Morena y sus aliados en Morelos decidieron no apoyar más la idea de ampliar el número de integrantes de la legislatura local y esperar a proponer ajustes a la legislación electoral local que vayan conforme a lo que dicte la reforma federal que se presentará en esta semana. PAN y PRI se enojaron mucho, lo que sería lo de menos, pero Morena perdió una privilegiada herramienta de negociación con el bloque de seis diputados (cuatro de Acción Nacional, una del PRI y una de Movimiento Ciudadano) que bien pueden bloquear las iniciativas que la mayoría proponga, sobre todo ahora que no tiene siquiera cerca la simpatía del PT.
Vienen tiempos complicados en el Congreso local.
@martinellito / martinellito@outlook.com
