El programa anual contra la corrupción
El gobierno de Morelos presentó el lunes su Programa Anual de Actividades en una conferencia de prensa. En ella, Margarita González Saravia dio, además, algunas frases en las que puede esbozarse hacia dónde irá el Estado (porque no todo corresponde al Ejecutivo en esta parte) para combatir la altísima percepción de corrupción que heredó la actual administración.
Aunque no se trata de grandes descubrimientos, las respuestas de la gobernadora a preguntas de los reporteros le permitieron tocar, medio por la tangente, dos de los espacios sobre los que deberían tenerse noticias prontas, no solo de los cambios administrativos y jurídicos necesarios para reducir los riesgos de corrupción, sino también del castigo a la colección de presuntos responsables de malas prácticas en la función pública y que abarcan desde la afición por tomar dinero indebidamente, hasta la mucho más peligrosa colusión con grupos delictivos.
El asunto del transporte
Es cierto que la administración de González Saravia ha promovido una reforma radical en el sistema de transporte público que pretende, además de su modernización y eficiencia, abatir las malas prácticas que se generaron históricamente en el sector.
Pero esos usos y costumbres que sirvieron para amasar enormes fortunas y permitieron el caos y permanente riesgo que padecen los usuarios de taxis, colectivos, autobuses y otros vehículos de alquiler tienen responsables en diversos niveles de la administración pública, personajes que deben ser sancionados con todo el peso de la ley y sobre quienes, esto es poco más que intuición, se han iniciado, o están por comenzar procedimientos administrativos y penales.
Hay elementos que complican proceder contra los exfuncionarios responsables de esa corrupción.
Primero está el componente político: El más importante de los presuntos responsables de acuerdo con las reiteradas denuncias ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, y la Contraloría del estado de Morelos, hoy es Senador de la República, y es un político que ha financiado una estructura política relevante, tiene contactos de regular nivel en el partido en el poder (Morena), y cuenta con el favor de varios medios de comunicación. Se trata, entonces de alguien peligroso para los funcionarios que tendrían que perseguirlo en el Ejecutivo, el Congreso, la Fiscalía Anticorrupción y hasta los juzgadores que intervendrían en el procesamiento del caso.
Además, está el componente jurídico en sí mismo. Proceder contra la corrupción en el transporte público implica tener denuncias (las hay); voluntad política (existe en algunos actores); una extraordinaria coordinación entre las instancias que llevan los casos, situadas en los tres poderes y un órgano autónomo (es donde se complica mucho más); y finalmente que los funcionarios que intervengan en el proceso sean valientes, impolutos e incorruptibles para que el asunto no se caiga en ninguna de sus fases.
No es imposible, pero sí en extremo complicado porque depende de miles de variables que enfrentarían a millones de pesos.
Eso sí, el procesamiento del caso, su sanción y cierre sería el mayor mensaje que se haya dado en materia de combate de la corrupción en Morelos, un estado que ha vivido décadas lastimado por el dolo en la gestión pública.
Los ayuntamientos, empezando por Cuautla
En la conferencia de prensa, le pidieron a la gobernadora responder sobre los reclamos de la dirigencia del PAN en materia de seguridad pública. Margarita González Saravia incluyó en su respuesta estas frases: “Yo creo que no hay que politizarlo. Porque si lo vamos a politizar, yo te diría que el gobierno de Cuautla, ¿de quién es? ¿de dónde salió el candidato? ¿de qué partido?”.
La gobernadora revivió entonces otro de los actuales dolores de cabeza en materia de corrupción, el asunto del alcalde Jesús Corona Damián, uno de los responsables de ayuntamientos probablemente vinculados con grupos delictivos; pero también una suerte de icono de las malas prácticas municipales (probablemente porque en sus últimas cuatro administraciones el ayuntamiento de Cuautla también lo ha sido).
Las investigaciones federales sobre el de la Heroica y otros alcaldes morelenses por sus contribuciones a la violencia, la inseguridad y el crecimiento de la delincuencia en sus municipios parecen avanzar y no en mucho tiempo deberían empezar a judicializarse procesos que probablemente pondrían a algunos alcaldes en prisión.
También, por cierto, hay investigaciones sobre redes de protección a grupos delictivos que pasarían por algunas curules en el Congreso local, pero esas podrían guardarse para el año entrante, más como producto de la sobrecarga de trabajo que de algún cálculo político que buscara hacer coincidir los escándalos que generarían los procesos con el ambiente electoral que marcará al 2027.
La obligación de avanzar
Muy caro ha costado a políticos de todos los colores armar escándalos sobre la corrupción de otros y no acabar las debidas pesquisas. La gobernadora González Saravia lo sabe por cálculo político, pero también porque la gente se lo ha dicho.
Margarita empezó su administración con discursos muy genéricos sobre corrupción, poco a poco fue hablando sobre asuntos más específicos, todavía en abstracto, aunque las medidas de corrección para disminuir los riesgos iban indicando los derroteros de las indagatorias. Así que las referencias ya más claras de su primera conferencia de prensa de este año pueden entenderse con la direccionalidad que ella misma les dio.
Los golpes políticos que significará la persecución de esos casos de corrupción pueden ser mucho menores que los costos que tendría no perseguirlos.
@martinellito
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