La terrible elección que viene
Además de la siempre compleja elección para renovar los ayuntamientos y el Congreso del estado de Morelos, en el 2027 los morelenses elegirán por primera vez a jueces y magistrados del Poder Judicial local, en un proceso que ya desde ahora apunta para convertirse en un enorme desastre.
Hasta la fecha es discutible
Habrá quienes confíen en que falta aún muchísimo para esos comicios, la fecha tentativa es el 6 de junio, aparejada con la elección de ayuntamientos, diputaciones locales, federales y senadurías; aunque hay muchos expertos que sugieren reprogramarlas para facilitar la comprensión y favorecer la comodidad del electorado, además de agilizar el flujo en las casillas (cada votante tomaría hasta 15 minutos para llenar a conciencia el fajo de papeletas que se le entregaría, lo que provocaría enormes filas).
La fecha de la elección judicial será definitiva para la participación ciudadana. En la elección intermedia (ayuntamientos y Congreso) del 2021, acudieron más de 783 mil electores (el 52.4% del listado nominal). La participación en la elección del Poder Judicial Federal en Morelos rondó el 11 por ciento, menor al promedio nacional de 13%; y salvo por la mayor cercanía de los probables candidatos con estructuras electorales locales, no hay elementos para pensar que la participación superara el 15% de verificarse como un proceso aislado.
El riesgo, en caso de emparejarse las elecciones el 6 de junio, es que la mayor dificultad y el mayor tiempo que llevaría la votación judicial podría disminuir un poco la participación ciudadana, que podría quedar por debajo del 50 por ciento.
Los mil pendientes antes de la elección
Con la fecha tentativa faltan 18 meses para la elección judicial, lo que parece muy poco si se considera que antes de empezar a prepararla deberán aprobarse las leyes secundarias que incluyen todo el aparato de organización del Poder Judicial local que supondrían tener un aparato con mayor eficiencia, y los requisitos para ser funcionario electo o por designación de la justicia en Morelos.
Para estas leyes, el Congreso de Morelos considera corregir las fallas de la reforma y el proceso de elección federal, lo que implicaría atender las recomendaciones de los expertos que resume bien la Organización de Estados Americanos en el informe de su Misión de Observación Electoral: “incluir en los requisitos para todos los cargos un mínimo de experiencia profesional en el área jurídica y, de ser aplicable, en la materia específica a la que se postula; establecer requisitos adicionales para integrar los órganos de mayor jerarquía, que pueden ir desde estudios de posgrado, publicaciones o una trayectoria profesional más extensa; definir en la ley de manera exhaustiva y objetiva cuáles son las causales que pueden llevar a que a un postulante se lo declare inelegible por no cumplir con el requisito de buena reputación”.
También se incluyen en el informe las sugerencias para regular “de manera clara, precisa, y armónica cada una de las etapas de selección de las personas aspirantes a las diferentes candidaturas, desde el inicio en la etapa de registro hasta la elaboración de la lista final de las/os candidatas/os a elección; ampliar la legitimación para presentar impugnaciones, de manera que quienes lo consideren necesario cuenten con recursos para cuestionar las candidaturas y los actos más relevantes del órgano de evaluación; evaluar la posibilidad de ampliar el plazo previsto para el control de elegibilidad de los postulantes, así como para la evaluación de idoneidad”.
Además de “incorporar de manera clara y precisa etapas de veedurías ciudadanas a fin de que estas tengan la posibilidad de una mayor participación durante el proceso de selección de las/os candidatas/os; regular de manera previa, clara y específica los criterios, parámetros y metodologías utilizadas para evaluar los méritos y la experiencia de las personas postulantes a través de un documento público; establecer la obligación para todos los postulantes de atravesar un examen de carácter técnico, presentado de manera anónima, en el que se evalúen con criterios claros los conocimientos jurídicos específicos que requiere el respectivo cargo; publicar de manera oportuna y en una web de fácil acceso los documentos relevantes como convocatorias, metodologías, actas de sesiones, presentación de impugnaciones y documentos de soporte, así como las resoluciones de impugnaciones y votaciones; asignar la responsabilidad de verificar la elegibilidad e idoneidad de los postulantes a un único órgano, que esté separado institucionalmente de los tres poderes del Estado, y que esté integrado por figuras de reconocida competencia, imparcialidad y prestigio”.
Adicionalmente tendrá que diseñarse un sistema a prueba de fallas que garantice la justicia electoral mediante el entendimiento claro del proceso y la habilitación de mecanismos razonables y entendibles de impugnación para todas las etapas del proceso.
¿Y dónde está el dinero?
Otra cosa que el Congreso no debe olvidar es que para todo proceso electoral es necesario dotar a las autoridades que organizan y sancionan de los recursos suficientes para todas las etapas del proceso, desde la logística hasta la resolución final de los eventuales juicios comiciales, pasando por el presupuesto suficiente para la amplia difusión de las candidaturas y cargos a elegir.
Para la asignación de estos presupuestos es necesario hacer un estudio técnico que considere todas las posibles variables y no acogerse simplemente a estimaciones de los legisladores que varían desde los 350 hasta los 2 mil millones de pesos.
Como se ve, estamos demasiado cerca de la fecha para la elección judicial y lejísimos de tener solucionados los pendientes para garantizar una alta participación ciudadana y la certeza y legitimidad suficientes para que quienes resulten electos tengan mucho más del 5.3% del respaldo ciudadano que obtuvo el candidato más votado en la elección judicial federal.
@martinellito
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