Sin financiamiento no hay derechos
Uno de los grandes problemas de los derechos de segunda, tercera y cuarta generación es que suelen asociar costos importantes para el Estado. Irremediablemente, la mayoría de los derechos políticos y sociales que suelen y deben darse por sentados significan gastos progresivamente mayores, no solo asociados con la cobertura cada vez mayor de servicios como la educación (particularmente la media superior y superior requieren de cada vez mayores inversiones), la salud, el acceso digital, y por supuesto, los derechos políticos y autonómicos.
Y aunque es innegable que los derechos deben ser progresivos y accesibles para toda la sociedad, la dependencia de presupuestos cada vez más comprometidos suele poner en riesgo su ejercicio o por lo menos aplazarlo.
Financiar los derechos
En estados como Morelos, donde el ingreso estatal depende tan definitivamente de las aportaciones y participaciones federales, el goce de los derechos suele verse complicado dadas las finanzas estatales. Para el 2026 se ha considerado una reducción más o menos importante de los recursos que la Federación enviará a Morelos, parte por la liberación de responsabilidades operativas (como la operación de los centros de salud y unidades hospitalarias del estado al modelo IMSS-Bienestar que opera con recursos federales); y otra parte derivada de la contracción de los ingresos federales provocada por condiciones del mercado internacional y el redireccionamiento de los escasos recursos a proyectos a los que el Gobierno de México apuesta para fortalecer el desarrollo económico y enfrentar las condiciones de la economía mundial.
El gobierno de Morelos enfrenta la contracción por dos vías: una es la búsqueda de inclusión en proyectos federales de desarrollo en áreas de oportunidad para el estado como el campo y la industria que permitirían apuntalar las contribuciones federales y estatales de forma más o menos importante; y la otra pasa por reforzar los ingresos propios por la vía de contribuciones con o sin una reforma fiscal profunda.
Desde el Ejecutivo se sabe que el modelo fiscal local no da para mucho más, la creación de nuevos impuestos y el aumento de los actuales tienen un límite bastante menor a las necesidades que significarían un cambio real en el estado. Pero también se tiene claro que sería muy difícil impulsar una profunda reforma fiscal: primero por la configuración de las fuerzas políticas en el Congreso local (aun convencidas de la necesidad de una reforma fiscal profunda, la oposición aprovecharía para llevar agua a su molino, como dicen, sea cargando el costo político al gobierno estatal y su partido o buscando obtener mejores beneficios económicos para los grupos de interés que representan); y segundo por la presión social que empresarios, ciudadanía y especialmente los grupos en informalidad económica podrían ejercer para frenar una reforma.
Es difícil, pero se debe hacer.
Un problema creciente
No es que el gobierno esté tropezando con su propio discurso a favor de los derechos. De hecho, nadie podría censurar, ni siquiera limitar la idea de ampliar el goce de todos los derechos para todas las personas y las comunidades que ellas forman. Pero mientras no se resuelve el problema de cómo financiar los derechos ciudadanos, mucho de lo que se dice sobre la urgencia de ampliarlos queda en una pausa que los adversarios del régimen identifican como demagogia o irresponsabilidad económica.
Por ejemplo, las comunidades de Tetelcingo y Alpuyeca tienen pleno derecho a convertirse en municipios indígenas como lo han pedido reiteradamente sus asambleas comunitarias. Separarse, la primera de Cuautla y la segunda de Xochitepec, significa gastos mayores, para empezar la creación y financiación de un nuevo cuerpo edilicio; fragmentaría también el ingreso municipal y supondría la creación de órganos e infraestructuras diferentes (sistemas operadores de agua, centros de comando y control policial, por ejemplo); lo que significaría un aumento en el gasto corriente.
Dadas las condiciones proyectadas por el presupuesto del año entrante, decretar la creación de los municipios indígenas de Tetelcingo y Alpuyeca parecería por lo menos osado. Mucho más si se aplaza, pausa, modera o de plano ignora el imperativo de fortalecer los recursos propios del estado.
El endeudamiento es impensable
Y habrá, seguramente, quienes planteen la posibilidad de contratar créditos para financiar derechos, lo que francamente parece inviable. Si bien es cierto que el endeudamiento podría orientarse al financiamiento de derechos que pueden también ser considerados inversiones (la educación superior de alta calidad, por decir solo uno), lo cierto es que todos ellos resultan inversiones de muy largo plazo y las entidades crediticias no suelen operar en esquemas de ese tipo, al contrario, intereses y pagos empiezan a correr inmediatamente después de entregado el préstamo.
Además, aunque los mexicanos tenemos, en general una pésima educación financiera, parece haber una coincidencia general a partir de años de agravios gubernamentales: la deuda gubernamental es abusiva, corrupta y significa un daño patrimonial que la ciudadanía rara vez perdona. Casos de estos agravios hay muchísimos, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, Graco Ramírez Garrido, son algunos nombres que se asocian frecuentemente con la deuda, sus excesos y el mal uso de los recursos.
La urgencia de un nuevo modelo
Insistimos, no se trata de dejar de atender las demandas crecientes de la sociedad en materia de derechos. Una de las buenas noticias que nos ha dado la administración de la gobernadora Margarita González Saravia es la certeza de que escucha a la gente y sabe pulsar bien lo que quieren las comunidades (años de arraigo y lucha social no fueron en vano). Pero no basta escuchar y atender, la gobernadora y su equipo tienen claro que cada cosa prometida tiene un costo económico, cada derecho adquirido significa la necesidad de un presupuesto mayor. Lo que no queda aún demostrado, aún con el importante pero muy insuficiente aumento en la recaudación esperado para este año, si el estado tiene la capacidad de poner los recursos donde se ponen los derechos, y a final de cuentas eso sería lo más importante para garantizarlos.
@martinellito
