Cuando la percepción se convierte en enemiga
Aunque los problemas de la política siempre suelen ser mucho más complejos, el problema de los políticos siempre es de percepción.
Como son personajes públicos cuya existencia depende de que alguien los elija, ya sea de forma democrática o por criterios de selección de personal y equipo de gobierno; quienes se dedican a la política requieren de ser lo bastante simpáticos como para no hacerse odiar por la gente; lo suficiente hábiles para moverse entre otros de su especie (algunos pirañas que realmente se creen tiburones); lo bastante eficientes para dar tratamiento a los asuntos de sus despachos; y lo bastante coherentes, de forma de la narrativa que construyen no se oponga de plano o sea descarrilada por una de las muchas tangentes de la realidad.
Porque la percepción condiciona los actos, los sentires y los saberes de la gente y puede ser fácilmente alterada por estímulos del entorno; por ejemplo, la percepción de inseguridad aumenta cuando se hacen públicos hechos de violencia cercanos a un grupo determinado; si un estudiante es agredido, el estudiantado se altera.
La preocupación del Ejecutivo por mejorar la percepción en materia de seguridad es válida en tanto los resultados del combate al delito empiezan a mostrarse, pero se complica por experiencias personales o cercanas, emociones (como la que puede causar una calle poco iluminada o la cercanía de motocicletas con permisos de Guerrero); y por supuesto, por la centralidad y tratamiento que algunos medios de comunicación dan a los hechos de violencia.
Cambiar la narrativa no es algo rápido ni sencillo, pero debe trabajarse de forma que, eventualmente se abone en algo nada simple, que la gente se sienta seguro en un mundo sujeto a riesgos permanentes y peligros eventuales. Ayuda la presencia policiaca, pero mucho más las calles iluminadas, los espacios públicos habitados, las actividades públicas, la formación de comunidades; algo en lo que ya se trabaja, aunque no en todas partes al mismo ritmo. No es un problema de comunicación social, sino de hábitat ciudadano.
La percepción de corrupción es una bola de nieve
Apenas comentábamos en reunión de amigos que, respecto a la corrupción, la gente va acumulando casos en la memoria hasta determinar, irremediablemente, que la política y el gobierno son corruptos.
Puede haber distinciones individuales, por ejemplo, en el caso de la gobernadora, Margarita González Saravia, parece generalizada la percepción de que se trata de una mujer honesta que trabaja con pasión (entendida en el sentido filosófico de poner mente y todos los sentidos en ello) por el desarrollo de Morelos. Pero esas percepciones no son transferibles.
La gobernadora está convencida y así lo ha demostrado, de que el que la hace la paga en su administración, nos dice uno de sus colaboradores y tiene razón, las más de 20 destituciones de funcionarios públicos en poco más de un año de su administración lo muestran.
El problema no está en ella, sino alrededor: lo que ocurre con los casos históricos (de las administraciones de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco); lo que sigue ocurriendo en el Poder Judicial; los escándalos de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización; la inoperancia del Sistema Estatal Anticorrupción; las malas prácticas en los ayuntamientos; los presuntos nexos criminales de políticos en varias regiones del estado; y cada uno de los hallazgos públicos de latrocinios, desfalcos, abusos; forman una bola de nieve que arrolla a muchos. Si no hay sanciones contra los corruptos los pendientes seguirán acumulándose y mantendrán bajo sospecha al gobierno estatal (entendido como sus tres poderes, órganos autónomos, ayuntamientos, entes desconcentrados, y los demás), comprometiendo la legitimidad de los actos de gobierno.
Ahí, y no en un ánimo reivindicatorio, es donde radica la importancia de castigar a quienes cometieron actos de corrupción en Morelos; o por lo menos de dar a conocer los avances que se lleva en cada proceso.
Porque órganos de combate a la corrupción hay aparentemente suficientes, contralorías internas, Secretaría de la Contraloría, Fiscalía Anticorrupción, Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, Auditoría Superior de la Federación. Cierto que el esquema legal no ayuda mucho, decíamos en una entrega anterior que los políticos construyeron su propio blindaje para protegerse de ser juzgados y sancionados; pero con reformas jurídicas suficientes, voluntad política e información pública suficiente sobre los casos, es muy posible erradicar o por lo menos reducir la impunidad.
Está visto en casos como el de Cuauhtémoc Blanco y la mayoría de sus colaboradores, que eso de la censura pública les vale menos que pasar lista en el Congreso mientras juegan pádel o andan haciendo campaña adelantada; así que valdría la pena volver a andar el camino de las investigaciones y las sanciones, como dicen ellos, “caiga quien caiga” (o, aunque se queden parados, pero en el bote, diría mi cuate).
Porque a diferencia de la frase de moda “sólo lo que se nombra existe” (un concepto más bien del primer Wittgenstein), pareciera que la corrupción y los corruptos por más nombrados que sean ellos y sus fechorías, no existen para el sistema penal. Aunque el atraso que provocaron, la desconfianza, los quebrantos, las consecuencias de sus actos las sigamos padeciendo y pagando todos los días.
Urge avanzar en eso, antes de que se acumulen más tomos a la abultadísima enciclopedia de la impunidad morelense.
@martinellito / martinellito@outlook.com