El registro de violentadores políticos de mujeres en Morelos
Muy de dientes para afuera, pero el alcalde de Temixco, Israel Piña Labra cumplió una parte de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos que lo obligó a pedir una disculpa pública a la síndica municipal y la regidora, a quienes se supone agredió afectando su derecho a ejercer un cargo público en plenitud.
En sesión de cabildo, Piña Labra advirtió a media disculpa (lo que sin duda resultó en una intervención de pésimo gusto) que se encuentra ejerciendo sus derechos legales de impugnación con lo que busca, no evitar la disculpa pública (que, de mal modo y con todos sus asegunes, ya ocurrió) sino ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, un listado que en Morelos tiene 12 nombres y que impide a los anotados en él postularse a cargos de elección popular y acceder a algunos cargos públicos.
Como existe un recurso de impugnación a la sentencia, Piña Labra no está anotado junto con otros notables, ciudadanos, funcionarios municipales y hasta periodistas que integran una especie de inventario de personas que no entendieron que los tiempos han cambiado y de una forma u otra incurrieron en acciones u omisiones que pudieron haber minado, limitado, anulado o menoscabado el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
La violencia política en razón de género
Por supuesto que el terreno es muy delicado por lo subjetivo que podría parecer y por el uso desmedido de la figura para suavizar o anular la crítica hacia las mujeres que ostentan cargos públicos.
El Instituto Nacional Electoral establece, por ejemplo, que para que se tipifique esta forma de violencia política debe haber un elemento de género, es decir, que la violencia se ejerza en contra de una mujer sólo por serlo, o tenga un impacto diferenciado en ella. Además, que limite los derechos políticos de las mujeres a votar, ser votadas, participar en partidos políticos o ejercer cargos públicos. Y que se desarrolle en los ámbitos políticos, es decir, dentro de partidos políticos, durante las campañas políticas, en el ejercicio de los cargos públicos o en cualquier otro espacio de actividad política.
Como la violencia política de género puede presentarse en sus formas más obvias, como la física, sexual y económica o patrimonial, pero también en otras que podrían no serlo tanto, psicológica y simbólica, la tipificación de cada caso pareciera quedar en alguna medida a conciencia de los denunciantes y los juzgadores. Es decir, habría quienes pudieran considerar que un señalamiento a una mujer en el ejercicio político constituye violencia simbólica o económica, como ha ocurrido ya en decenas de casos de periodistas en México.
Con esto, por cierto, no queremos decir que los periodistas sean inocentes. Por supuesto que se han presentado muchos casos en que el mal gusto de quienes olvidan los necesarios equilibrios y la decencia que debe conservar el ejercicio periodístico, incurren en evidentes comentarios violentos no sólo con la depositaria de sus iras y rencores, sino hasta de sus propias audiencias.
Pero sin duda, la mayoría de las críticas al ejercicio político se presentan desde el análisis serio de la información disponible, lo que debe funcionar tanto para la labor de las mujeres como para la de los hombres.
¿Cómo está el registro en Morelos?
De los 526 registros que guarda el Instituto Nacional Electoral hasta la tarde del 19 de agosto del 2025, doce corresponden a personas que ejercieron violencia política contra mujeres morelenses; de ellos uno es el exgobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo; dos son exfuncionarios públicos estatales, dos municipales, dos son directores de medios de comunicación, otros dos periodistas, una funcionaria partidista, un militante de partido político y un ciudadano.
En el caso del exgoberador y uno de sus colaboradores que ejercieron violencia política contra una mujer que entonces era diputada federal, se consideró que cometieron violencia simbólica y psicológica; en el caso de los funcionarios municipales fueron violencias económica, patrimonial y simbólica; el funcionario de partido incurrió en violencia emocional y psicológica; los directores de medios, en violencia mediática, digital, simbólica, verbal y sexual; los periodistas, en violencia emocional, sexual y psicológica; el militante de partido incurrió en violencia sexual, psicológica, simbólica y emocional; y el ciudadano, en violencia simbólica y sexual.
En los casos de ciudadanos, militantes y funcionarios partidistas, directores de medios y periodistas, hubo insultos a la víctima y se pretendió vincular sus carreras a las de diversos hombres con quienes se aseguraba tenían alguna relación sentimental.
Si se revisan los hechos, denuncias y sentencias, parece que en ninguno de los casos hubo algún exceso de la autoridad electoral jurisdiccional. Aunque, por supuesto, el riesgo aún existe en tanto el alegato de violencia política en razón de género se populariza para cubrir fallas e ineptitudes de algunas funcionarias en el servicio público.
La clave parece estar, elementalmente, en mantener un ejercicio discursivo, en la política y el periodismo, bajo los cánones de la decencia y el respeto. Pedir a los funcionarios tener la piel un poco más dura es un consejo obvio cuando se trata de personajes que apenas arribaron a la escena pública; pero también se vale exigir a todos en la escena política elevar el nivel de debate, discutir argumentos y señalar errores y omisiones en el ejercicio público con base en evidencias.
@martinellito
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