El Tribunal Superior de Justicia, una pésima operación
“No hay ninguna obligación de cumplir supuestos acuerdos cuando estos son impuestos con amenazas y manejados por quienes se han caracterizado por traicionar a la gente y no tener palabra”, concluye “N” un titular de magistratura al reconocer que en el brete que fue convertida la designación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia la semana pasada, hubo una propuesta para imponer al magistrado Javier Mújica Díaz, que se operó de forma mínima por él mismo, pero cuyos portavoces más activos fueron los magistrados Luis Jorge Gamboa y Rafael Brito.
La operación política tuvo un pésimo diseño desde el principio, lo que llevó a que en los primeros diez intentos no se pudiera avanzar prácticamente en nada, mucho menos cuando el bloque que respaldaba a Mújica Díaz, que tenía entonces más posibilidades de adelgazar que de robustecerse, quedó evidenciado ante la opinión pública como un grupo de caprichosos magistrados indispuestos a cualquier forma de diálogo que no fuera la absoluta rendición.
Los errores comenzaron incluso antes de que se publicara la reforma judicial local con el método de designación de la presidencia de transición del Tribunal, esa que, por lo inadecuado de Luis Jorge Gamboa Olea, tendría que conducir al órgano desde su nombramiento hasta el 31 de agosto del 2027, un día antes de que la nueva presidencia, electa por el voto de los morelenses, asuma el cargo.
Partido a la mitad el pleno del Tribunal se requería de una persona que pudiera conciliar los intereses al interior. Ambos bandos pensaron en una propuesta.
Los “disidentes” (el grupo que desconoció a Gamboa Olea desde el 19 de marzo pasado como bloque, aunque algunos lo habían hecho mucho antes), se definieron por Nancy Montero Mercado, magistrada muy joven para el promedio de edad en ese cargo, y sin gran carrera judicial, lo que a estas alturas significa tener mucho menos pasado de qué arrepentirse.
Los aliados de Gamboa pusieron dos propuestas, Carmen Aquino Celis, una magistrada acusada de tener una red de nepotismo en el Tribunal y además muy cercana al magistrado desconocido, y Javier Mújica Díaz, a quien se veía con cierta esperanza en los poderes Ejecutivo y Legislativo aún habiendo sido asesor jurídico de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz (que no está entre las personas favoritas del régimen), y compañero ocasional de rezos y aventuras jurídicas de Gamboa Olea (tampoco entre los preferidos desde hace ya bastante tiempo).
Mújica hizo su trabajo, mal, pero lo hizo. Se encargó de hacer creer que era el candidato apoyado por el Ejecutivo y una parte del Legislativo. Aún antes de conformarse la terna, los magistrados sabían que el magistrado exdiputado y expresidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, era el preferiti de Gamboa (una suerte de beso del diablo) y a lo mejor, de alguien en el Poder Ejecutivo (lo que aumentaba la sospecha y el rechazo en automático).
Cuando el Congreso validó la terna hubo quienes pensaron que ya estaría suficientemente andada la negociación para que Mújica se impusiera con facilidad desde la primera ronda; incluso algunos medios ya daban por hecho que el magistrado estaría rindiendo protesta por la tarde. Pero los magistrados tenían otra película y finalmente ellos eran quienes importaban.
En todo caso, la única sorpresa en esa primera ronda fue que Nancy Montero logró 12 votos, uno más de los que habría sumado solo con el apoyo de los once disidentes. Por Mújica votaron nueve de sus pares y uno se abstuvo. El resultado de alguna forma evidenciaba que el preferiti lo era sólo de nombre o solo en algunas oficinas fuera del Tribunal. Los votos no se movieron, por cierto, cuando el viernes por fin se dio una segunda ronda de votación, si Nancy Montero tuvo uno menos fue por el retraso en la llegada a la sesión de la magistrada Bertha Rendón, quien había anunciado a sus pares su respaldo a Montero Mercado porque era de quien menos se podría hablar en contra.
El resultado de la segunda votación tendría que considerarse, para fines prácticos, idéntico al de la primera, aunque quizá peor por haberse destruido, por errores, soberbia, amenazas, chicanadas y otras prácticas, cualquier posibilidad de diálogo. Queda la pregunta, dada la importancia del asunto ¿a quién se le ocurrió que los magistrados Gamboa y Brito llevaran el diálogo con el bloque disidente, ese al que Gamboa mandó perseguir y pidió sancionar penalmente? Es obvio que el magistrado Gamboa quiso hacerlo, a lo mejor él mismo se propuso, pero ¿quién decidió que así fuera? ¿Porqué lo permitió Javier Mújica? ¿No quería juntar los votos para ser presidente? ¿No habría sido mejor, dada la desgastada imagen y la relación de conflicto con el bloque que lo desconoció y lo acusa de ser el protagonista de la “etapa de tiranía y terror” en el Poder Judicial, dejar sentado a Gamboa Olea y solicitar la incorporación de nuevos negociadores? Porque como estaban las cosas, el demonio habría tenido mayor éxito que la mancuerna Brito-Gamboa hablando por Mújica.
Tampoco decimos que los magistrados disidentes sean fáciles, pero el poner a su enemigo jurado al frente del diálogo evidenció, desde el principio, la falta de voluntad de llegar a acuerdos. Para ponerlo en términos que ellos mismos dijeron en algunas reuniones, fue “un insulto, como si no valiéramos nada”. Dice la vox populi, “así no se pinches puede”.
Más allá del resultado en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, hay dos cosas que resultan urgentes: primero restablecer el diálogo y los acuerdos a fin de que el órgano transite los dos años que le restan con su actual conformación; y segundo, iniciar la depuración de magistrados y jueces que inexplicablemente han permitido la liberación de criminales terribles permitiendo una alta reincidencia (este tema apenas está en desarrollo pero, por supuesto, fue uno de los motivos por los que se perdió la confianza en Jorge Gamboa Olea).
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