El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se consolida como una fecha de reflexión y movilización que trasciende fronteras, para reivindicar el ejercicio pleno de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres. Desde su reconocimiento oficial por las Naciones Unidas, esta conmemoración honra la genealogía de luchas feministas que han transformado el panorama político y laboral en todo el mundo.
En México, representa una fecha que recuerda la trayectoria de movimientos sociales y adquiere un significado particular en un contexto marcado por reformas legislativas —orientadas a garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres—, debates públicos sobre la erradicación de la violencia de género y la exigencia social de transformar estructuras que reproducen desigualdades.
En este contexto, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026, mediante la cual se modificaron diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son parte de un conjunto de reformas orientadas a fortalecer el marco jurídico en materia de igualdad sustantiva y prevención de la violencia de género. Entre las disposiciones incorporadas destaca la obligación de integrar la perspectiva de género, así como derechos humanos e interseccionalidad en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas y programas, incluidos los de salud. Asimismo, se busca reforzar los modelos de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres y establecer deberes de protección con enfoque de derechos humanos, interculturalidad e interés superior de la niñez.
La incorporación de estos estándares en el marco jurídico y recientemente a las leyes secundarias, plantean una labor fundamental: que las disposiciones normativas logren incidir de manera efectiva en la vida cotidiana. La igualdad sustantiva —entendida como la garantía de condiciones reales para que mujeres y hombres ejerzan sus derechos en igualdad— y el derecho a una vida libre de violencia deben materializarse en todas las etapas de la vida sin pasar por alto la protección reforzada por parte del Estado mexicano.
Mirar esas problemáticas desde una perspectiva generacional, permite dimensionar con mayor claridad las distintas formas en que las violaciones a los derechos humanos afectan a niñas, adolescentes y mujeres a lo largo del ciclo de vida, las desigualdades y violencias adquieren características particulares determinadas por la edad.
En el caso de las niñas, la violencia sexual infantil constituye una de las transgresiones más aberrantes a sus derechos. Diversos análisis advierten que este tipo de delitos ocurre con frecuencia en entornos familiares o cercanos, lo que dificulta su denuncia y sanción. De acuerdo con información difundida en el portal de la Cámara de Diputados (2023), alrededor de 4.5 millones de niñas y niños en México son víctimas de delitos sexuales cada año y cerca del 90 por ciento de las víctimas son niñas que conviven con su agresor, lo que evidencia la gravedad de esta problemática y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y acceso a la justicia.
Para las adolescentes, el incremento en los reportes de desaparición es alarmante. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el grupo de mujeres entre 12 y 17 años concentra uno de los mayores números de reportes en el país, situación que en muchos casos se vincula con redes de trata, explotación o violencia de género. Esta realidad demuestra la urgencia de fortalecer los mecanismos de búsqueda y seguridad para las adolescentes, así como de atender las causas estructurales que las colocan en condiciones de riesgo.
En la vida adulta, muchas mujeres enfrentan formas persistentes de desigualdad y violencia, que van desde la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados, limitaciones en el acceso a oportunidades laborales, brechas salariales y en el caso más grave y extremo los feminicidios. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron en el país 725 casos de feminicidio en 2025 y 54 en enero de 2026, lo que refleja la persistencia de las violencias y la necesidad de reforzar las acciones de investigación y sanción de estos delitos.
Frente a este panorama, la protección de los derechos para las mujeres responde a obligaciones jurídicas derivadas del marco constitucional y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México. Instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como diversos estándares del sistema internacional de derechos humanos, establecen el deber de los Estados a adoptar medidas institucionales y de política pública, orientadas a prevenir la discriminación, sancionar la violencia y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
La persistencia de desigualdades estructurales demuestra que el avance jurídico no transforma necesariamente la realidad. Las reformas de 2024 y 2025 fortalecen el marco de protección de los derechos de las mujeres en México, pero su eficacia dependerá de la capacidad del Estado para traducir estas disposiciones en acciones concretas que garanticen prevención de la violencia, acceso efectivo a la justicia y condiciones de igualdad en la vida laboral formal, social, económica y política. Sólo mediante instituciones coordinadas, suficiencia de recursos, perfiles adecuados y mecanismos de rendición de cuentas sólidas, será posible cerrar la brecha entre el reconocimiento formal de los derechos y su ejercicio pleno, donde se asegure que las niñas, adolescentes y mujeres puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y vivir libres de violencia. Es deber de todas las personas favorecer un cambio cultural para erradicar la desigualdad entre los géneros.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
Es deber de todas las personas favorecer un cambio cultural para erradicar la desigualdad entre los géneros.
