H. Alexander Mejía García *
Hubo un tiempo en que el Estado mexicano promovió que el descanso, la salud y el ocio no eran privilegios, sino derechos. Un tiempo en el que el bienestar no se reducía a una cifra macroeconómica ni a un eslogan publicitario, sino que se traducía en infraestructura pública, servicios sociales y proyectos colectivos. Ese momento histórico, que solemos ubicar entre las décadas de 1960 y 1980, tuvo en Morelos uno de sus escenarios más elocuentes. No por casualidad: su clima, su cercanía con la capital y su disponibilidad territorial lo convirtieron en un laboratorio del desarrollismo mexicano. Recordar ese periodo no implica idealizarlo ni pedir su regreso intacto. Implica, más bien, entender cómo se construyó una promesa de bienestar que fue posteriormente desmontada de manera consciente, y cómo las ruinas de ese proyecto siguen organizando la vida social, urbana y económica del estado.
El llamado “desarrollo estabilizador” no fue únicamente una estrategia económica; fue también una narrativa de futuro. El Estado se asumió como garante del progreso social y como planificador del crecimiento. En ese marco, la infraestructura adquirió un valor simbólico central: hospitales, carreteras, unidades habitacionales, centros recreativos. No se trataba solo de edificar, sino de producir ciudadanía. Morelos ocupó un lugar estratégico en ese imaginario. A diferencia de otras regiones concebidas como polos industriales o agrícolas, aquí además de ellos, el desarrollo se pensó en clave de servicios, salud y descanso. El turismo social buscaba garantizar a los trabajadores el acceso a espacios de recreación dignos. La idea era clara: el tiempo libre también formaba parte del bienestar.
La expansión urbana de Cuernavaca durante estas décadas fue inseparable de esa lógica. La ciudad dejó de ser únicamente un centro administrativo regional para convertirse en un nodo de servicios, educación y descanso. Nuevas colonias, vialidades y equipamientos públicos respondieron a una planeación que, con todas sus limitaciones, apostaba por integrar crecimiento urbano y política social. Este proceso, sin embargo, no estuvo exento de tensiones. La apropiación de tierras, la transformación de paisajes rurales y la presión sobre los recursos naturales revelaron las contradicciones del modelo. Aun así, existía una diferencia fundamental respecto al presente. El conflicto se daba dentro de un horizonte en el que el bienestar colectivo seguía siendo un objetivo explícito. Morelos, en ese sentido, fue un espacio de ensayo. Aquí se probaron fórmulas de turismo social, se expandieron servicios públicos y se consolidó una identidad ligada a la idea de “descanso”, “salud” y “vida buena”. El Estado no solo intervenía: producía imaginarios.
A partir de la década de 1980, ese horizonte comenzó a resquebrajarse. La crisis económica, el endeudamiento y la adopción de políticas de ajuste estructural marcaron un punto de inflexión. El problema no fue únicamente la falta de recursos, sino el cambio de paradigma. Lo que antes se concebía como derecho social empezó a entenderse como gasto prescindible; lo que era política pública se transformó en oportunidad de mercado. En Morelos, esta ruptura fue particularmente visible. Los espacios pensados para el uso colectivo entraron en procesos de deterioro, reconversión o privatización. La planeación urbana cedió terreno a la lógica de la especulación inmobiliaria. El turismo dejó de pensarse como herramienta de bienestar y se redefinió como negocio. No se trató de un abandono accidental, sino de una decisión política. El Estado redujo su papel como garante del bienestar y asumió el rol de facilitador del mercado. El discurso del progreso persistió, pero vaciado de contenido social. El desarrollo se volvió sinónimo de inversión, no de derechos.
Este desplazamiento tuvo consecuencias profundas. El acceso al descanso, a la vivienda digna y a los servicios se fragmentó. Lo que antes era una experiencia colectiva se convirtió en un consumo diferenciado. Morelos pasó de ser laboratorio del bienestar a escaparate de desigualdades. La ciudad misma se reconfiguró. Fraccionamientos cerrados, desarrollos turísticos exclusivos y zonas marginadas coexistieron bajo una misma narrativa de modernización. El espacio público perdió centralidad, mientras el espacio privado se consolidó como ideal aspiracional. El resultado fue una geografía social cada vez más desigual. En este contexto, el mito de la “Eterna Primavera” funcionó como máscara. La imagen de Morelos como paraíso climático y destino de descanso ocultó las tensiones sociales, el despojo territorial como en Tepoztlán y la precarización laboral. El bienestar dejó de ser una experiencia compartida para convertirse en una promesa individual, accesible solo para algunos.
Hoy, las huellas de aquel proyecto desarrollista son visibles. Infraestructuras envejecidas, espacios públicos subutilizados y comunidades desplazadas narran una historia de expectativas truncas. Estas ruinas no son solo materiales; son también simbólicas. Representan un momento en el que el futuro se pensó en clave colectiva y luego fue cancelado. Sin embargo, reducir esta historia a una nostalgia improductiva sería un error. El desarrollismo tuvo límites evidentes: centralismo, autoritarismo y exclusión de múltiples voces. Pero su desmantelamiento no trajo mayor justicia social. Por el contrario, consolidó un modelo en el que el bienestar se volvió privilegio y la desigualdad se naturalizó. Recordar ese pasado reciente permite formular preguntas incómodas: ¿cuándo dejamos de pensar el bienestar como derecho?, ¿en qué momento aceptamos que el descanso, la salud o la vivienda fueran mercancías?
Hoy la política turística estatal sigue promoviendo a Morelos como un destino que combina riqueza histórica, naturaleza, gastronomía y festivales dentro de un marco de “desarrollo turístico sostenible” con visión de inclusión y calidad internacional, promoviendo patrimonio colonial, actividades al aire libre, rutas culturales y experiencias de bienestar como vías para fortalecer la economía local y generar experiencias para visitantes y morelenses. Esto se acompaña de estrategias para consolidar a Morelos como un destino competitivo en mercados nacionales e internacionales, con impulso a eventos deportivos y otros proyectos de posicionamiento global.
Sin embargo, esa promoción, que en el papel pinta una imagen atractiva y diversa del estado, choca con realidades sociales que persisten en el umbral de la precariedad, la desigualdad territorial, la fragmentación urbana y la normalización de la violencia. ¿Qué tan “sostenible” puede llamarse un modelo que invierte recursos en eventos internacionales y atracción turística sin atender las desigualdades profundas que heredó el desmontaje del bienestar como política pública? El turismo, en su versión contemporánea, corre el riesgo de ser un paliativo cosmético para una economía que sigue dependiente del consumo y la segmentación, más que una herramienta de redistribución y justicia social. Y mientras esa visión siga orientando la política pública, como proyecto más de marca que de bienestar, Morelos seguirá acumulando tensiones provocadas por la cada vez mayor presencia de turistas, nómadas digitales y especuladores inmobiliarios, sin extender el bienestar de todas y todos quienes habitamos el estado.
* Historiador