Los derechos laborales son derechos humanos y deben ser plenamente protegidos por el Estado frente a las empresas capitalistas que buscan obtener el máximo de ganancias a costa de la explotación de la clase trabajadora.
Al finalizar 2024 continuamos recuperando los análisis realizados durante la V Conferencia de la Nueva Central de las y los Trabajadores.
En su ponencia Luis Bueno establece que hay conquistas y retrocesos; no podemos abordar sin entender lo que es el salario social en forma amplia y no se puede abordar el empleo con el tema del deterioro del salario en su poder adquisitivo en el año de 1976 porque se empieza a preparar al país en la globalización con una ventaja comparativa con la mano de obra barata.
De 1976 a 2016 se da una pérdida del 75% del poder adquisitivo del salario con relación a la canasta básica.
Para establecer una política de recuperación aritméticamente es que hay una pérdida de 1976 al 2016 de 400%.
En los aumentos en los salarios mínimos se establece una política de topes salariales y contractuales en el sector público y el privado.
Los incrementos no empiezan con López Obrador sino desde el año 2016 con un incremento del 9%, 2017 22% y hasta 2021 se da una recuperación con un incremento del 20% el acumulado del salario del 2016 se da en un 240.8% de aumento nominal que es insuficiente al salario constitucional. Y en el gobierno de AMLO se da 181.41% de aumento del salario mínimo.
Ante este escenario en las condiciones salariales se propone lo siguiente:
a). – Salarios mínimos profesionales
b). – Salarios mínimos regionales
c). – Desaparición de los topes salariales y compactación de los salarios más bajos que sean superados por los mínimos.
d). – Jornada laboral de 40 hora con pago de 56 y escala móvil de salarios por horas de trabajo.
Por su parte Jorge Herrera en su intervención, establece que después de 27 años de su creación e imposición, el modelo de capitalización de cuentas individuales administradas por privados ha representado un enorme negocio para las administradoras, en detrimento de raquíticas pensiones para millones de trabajadores dueños del dinero. Hoy en día las administradoras de fondo para el retiro, Afores, manejan más de 75 millones de cuentas individuales con un monto superior a los 6 billones 500 mil millones de pesos, lo que representa el 19 por ciento del Producto Interno Bruto. Sin duda, esta imposición que privatizó el antiguo régimen solidario de pensiones constituye una de las más profundas reformas del periodo neoliberal.
Con el anterior gobierno existió la intención de corregir la situación, sin embargo, las tres iniciativas promovidas y avaladas por el Congreso, beneficiaron exclusivamente a las Afores que hoy cuentan con mayores recursos para la especulación, obteniendo elevados ingresos, cuyos montos ascendieron solo entre diciembre de 2018 a junio de 2020 a 56 mil millones de pesos; mientras tanto, entre enero y abril de 2023, los trabajadores tuvieron necesidad de hacer retiros de sus cuentas individuales del orden de los 7,582 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 2.7 por ciento.
De tal manera, que la primera generación de trabajadores del sistema de Afores nos indica que entre enero de 2021 y septiembre de 2022 se tuvo un registro de 48 mil 347 trabajadores que, pese a haber laborado 25 años, recibieron una pensión promedio de 4,926.27 pesos mensuales, lo cual estuvo por debajo del salario mínimo de ese momento. Aunado a lo anterior, datos oficiales revelan que alrededor de 139 mil 500 trabajadores, 3 de 4 de quienes hicieron su solicitud, recibieron una negativa de pensión, es decir, que una vez concluida su vida laboral no tendrán ingresos, todo debido a que no alcanzaron el requisito de las semanas cotizadas como consecuencia del alto nivel de informalidad laboral existente en el país.
Siete de las diez Afores se comprometieron a una colocación de certificados de capital privado de la siguiente manera: Profuturo 250 millones de dólares, Banamex 200 millones de dólares, Afore XXI 150 millones de dólares, Afore Coppel 120 millones de dólares, InverCap 40 millones de dólares, Inbursa 22 millones de dólares y Pensionissste 50 millones de dólares.
Por todo lo anterior se ha demostrado el fracaso del modelo privado, por eso, desde la Confederación de Jubilados y Pensionados (CONJUPAM) planteamos una iniciativa de Ley que a partir del respeto de los tres pilares que conforman una pensión: edad, semanas de cotización y salario integrado, se regrese a unmodelo de reparto solidario e intergeneracional. Para tal fin, proponemos transformar a la Consar en un Instituto Nacional de Pensiones, que recupere el sistema tripartito (gobierno, patrones y trabajadores), con un Consejo de Administración que tenga en su representación mayoría de los trabajadores y esté integrado por, trabajadores, pensionados y un grupo de especialistas que los represente, ya que los trabajadores son los dueños de los recursos que se administran y se debe velar porque se manejen en forma adecuada. Es decir, proponemos abrogar la Ley del SAR.
Cabe destacar que, con esta Ley de Pensiones, daríamos solución en forma definitiva a las diversas demandas que se tienen en la actualidad, tales como, la abrogación de la UMA, actualizar prestaciones, entrega de recursos de cesantía y vejez a los jubilados del IMSS y no gravar con impuestos las pensiones.
Finalmente, llamamos a las organizaciones sindicales y de jubilados presentes en esta V Conferencia de la Nueva Central de las y los Trabajadores a luchar por:
1. Aumento de las pensiones y jubilaciones, evitando que haya pensiones por debajo de una pensión mínima vigente del IMSS.
2. Uniformar los criterios que generan beneficios de los sistemas pensionarios en cuanto al tope de 25 salarios mínimos.
3. La elevación de las condiciones y calidad de los servicios sociales, médicos y especialidades para Adultos Mayores
4. Aumento al salario base de cotización para las y los trabajadores en activo.
5. Eliminación de la inconstitucional UMA en el cálculo y pago de pensiones.
6. Crear un Instituto Nacional de Pensiones administrado por las y los trabajadores, que termine con el sistema de cuentas individuales administradas por instituciones privadas y, que posibilite el regreso a un régimen de reparto solidario e intergeneracional, siendo el gobierno garante de los recursos. Por ello en éste nuevo período es necesario seguir luchando de manera consciente y colectiva con la consigna de que:
¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!