El presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado una ambiciosa propuesta de reforma que promete mejorar el acceso a la justicia y combatir la corrupción dentro del Poder Judicial. Sin embargo, detrás de los grandes titulares y de las declaraciones sobre acabar con la impunidad, la propuesta adolece de fallas estructurales que, lejos de resolver los problemas de fondo, podrían agravar aún más los vicios y debilidades que caracterizan al sistema de justicia en México.
El principal problema que la reforma ignora es el foco real de la corrupción judicial: un sistema profundamente arraigado en redes clientelares y de impunidad, donde los jueces y funcionarios son susceptibles a las presiones de actores externos, sean políticos, empresarios o del crimen organizado. La propuesta de AMLO se centra en mecanismos de control, pero no en atacar las raíces del problema. Tampoco se aborda la necesidad de fortalecer las instituciones de investigación y sanción interna, que siguen operando con una opacidad preocupante.
Por otro lado, la propuesta se queda corta al ignorar la relación entre la corrupción judicial y la falta de profesionalización del sistema. Algunos jueces son nombrados sin contar con la preparación adecuada, y la formación continua no está suficientemente incentivada. Esto deja espacios vacíos donde la corrupción se cuela fácilmente. En lugar de ofrecer un plan integral que contemple la capacitación constante de los actores judiciales, la reforma parece preocuparse más por cambiar nombres y estructuras burocráticas que por transformar la cultura institucional.
Aunado a lo anterior, López Obrador ha insistido en la necesidad de democratizar al Poder Judicial, una idea atractiva en el discurso, pero riesgosa en la práctica. La apertura del proceso de elección de jueces y magistrados a una suerte de consulta popular podría deteriorar aún más la independencia de estos, sometiéndolos al vaivén de la opinión pública o, peor aún, a los intereses partidistas. En lugar de reforzar un sistema judicial basado en la capacidad, la meritocracia y la autonomía, esta propuesta podría vulnerar la imparcialidad de la justicia, uno de los pilares esenciales de un estado democrático.
La reforma judicial, pese a sus ambiciones, no ataca el principal flagelo del sistema judicial mexicano: la corrupción. Las medidas propuestas no representan un verdadero cambio de fondo, sino más bien un parche que ignora las dinámicas estructurales que permiten que la corrupción persista. Sin un enfoque integral que contemple la independencia judicial, la profesionalización y la transparencia, la reforma parece más una jugada política que una verdadera solución.
La corrupción en el sistema judicial no desaparecerá con cambios superficiales o con mayor control del poder Ejecutivo sobre el Judicial. Se requiere una reforma que transforme radicalmente los incentivos, que garantice la independencia de los jueces y que combata frontalmente las redes de poder que corrompen el sistema desde adentro. Hasta que eso no ocurra, seguiremos viendo una justicia que, lejos de servir al pueblo, estará sometida a intereses oscuros y decisiones arbitrarias.
Además, es importante recordar que la reforma no solo tiene grandes carencias en su diseño, sino que puede traer aparejados riesgos en materia económica, ya que una mayor politización del Poder Judicial podría generar incertidumbre jurídica, lo cual es perjudicial para la inversión tanto nacional como extranjera. Si los inversionistas perciben que las decisiones judiciales pueden ser influenciadas por intereses políticos o presiones del Ejecutivo, esto podría disminuir su confianza en la estabilidad del estado de derecho en México, afectando el clima de negocios. Esto no solo limitaría la inversión, sino que también podría provocar una fuga de capitales y una disminución en la competitividad del país a nivel global. La reforma, al no abordar adecuadamente la corrupción y los problemas estructurales del sistema judicial, podría agravar estas preocupaciones y tener un impacto negativo en el crecimiento económico de México.
Ignorar estos riesgos sería particularmente perjudicial para la siguiente administración federal, ya que sería el gobierno de Claudia Sheinbaum el que tendría que lidiar con las consecuencias negativas. Si la reforma judicial, tal como está planteada, genera un ambiente de incertidumbre jurídica y afecta la inversión, la economía podría resentirse con una menor creación de empleos lo que erosionaría la estabilidad macroeconómica del país. A largo plazo, esto complicaría la implementación de los programas sociales y económicos que la nueva administración planea impulsar, ya que un entorno económico desfavorable limitaría los recursos disponibles para cumplir sus promesas de campaña. En lugar de heredar un país con un sistema judicial fortalecido y una economía sólida, Sheinbaum enfrentaría un escenario de mayor presión económica y social, lo que podría afectar gravemente su capacidad de gobernar y cumplir con las expectativas que ha generado.
*Profesor de El Colegio de Morelos.
Fuente: elaborado con Inteligencia Artificial cortesía del autor