Uno de los temas sociales que ha sido sujeto de debate en los últimos años es la pobreza. ¿Qué es? ¿De dónde surge? Y sobre todo ¿Se puede erradicar?
La evidencia muestra que la pobreza está determinada por múltiples factores de orden social, económico y cultural, y que, sobre todo, implica la adopción de distintas posturas. De las cuales, el ámbito jurídico no se ha escapado.
María Silva Emanuelli destaca tres posturas, vistas desde el punto de los derechos humanos. La primera postura concibe la pobreza como una violación de los derechos humanos en sí misma, lo cual se refleja en comunidades rurales que carecen de acceso a agua potable, vivienda digna, servicios de salud, educación y otras necesidades básicas, condiciones y escenarios de marginalidad. La pobreza, en este caso, es un espacio de vulneración de derechos.
La segunda postura sujeta al derecho a no vivir en la pobreza como un derecho humano independiente, lo cual implica que al igual que otros derechos humanos, no vivir en la pobreza tiene un componente jurídico que debe ser sustancial y material, tanto en la realidad como en la normativa jurídica. La pobreza, en este caso, es un elemento independiente.
La tercera postura concibe a la pobreza como una consecuencia a violaciones previas de los derechos humanos. Significa que la negación de derechos fundamentales, como el acceso a un trabajo digno, genera condiciones de pobreza. Así, vivir en pobreza incrementa la vulnerabilidad a nuevas violaciones de derechos. En este caso, la pobreza es contemplada como una causa y efecto.
¿Son necesarias tantas indagaciones para analizar la pobreza? Aunque puede parecer un esfuerzo en vano, lo cierto es que adoptar institucionalmente una postura determina el resultado. ¿Por qué sucede esto? Principalmente porque cada enfoque configura una estrategia y una planificación sesgada puede agravar la problemática.
Por ejemplo, si se toma a la pobreza como una desposesión material, la acción más directa sería diseñar políticas de transferencia monetaria o programas de asistencia que busquen incrementar el ingreso inmediato. En cambio, si se entiende como la negación de derechos humanos, la estrategia se orientaría a garantizar de manera universal servicios básicos como educación, salud, vivienda y trabajo digno. Y si se la concibe como un fenómeno vinculado a la discriminación estructural y a la exclusión social, las políticas tenderán a priorizar la inclusión, la participación ciudadana y la eliminación de prácticas que perpetúan desigualdades históricas.
La realidad ha mostrado que a pesar de los esfuerzos realizados en cada una de estas posturas, la pobreza sigue proliferando en las sociedades. Algunos académicos incluso han llegado a cuestionar la verdadera naturaleza de la pobreza, estableciendo que es imposible de erradicar, si acaso disminuir. ¿Esto qué significa? Primero, que deben seguir planteándose las formas para enfrentar la pobreza y sobre todo, se requiere un análisis sobre los límites y alcances para entenderla.
*Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y profesor universitario.
