¿EL DERECHO SE EJERCE PARA TODAS LAS PERSONAS?
La educación constituye una condición indispensable para el desarrollo integral de las personas y para el ejercicio de otros derechos como el acceso al trabajo digno, la salud, la participación democrática y la igualdad de oportunidades. Es reconocida como un derecho fundamental, sin embargo, en la práctica este derecho continúa limitado e inaccesible para amplios sectores de la población, particularmente en contextos marcados por el origen social, el territorio o la pertenencia étnica.
Este derecho cuenta con un amplio reconocimiento tanto en instrumentos internacionales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de manera estricta y rigurosa se obliga al Estado, más allá de garantizar el acceso formal a las escuelas, a asegurar procesos educativos de calidad, pertinentes e inclusivos, orientados al fortalecimiento de la dignidad humana, el pensamiento crítico y la formación ciudadana.
No obstante, la distancia entre el reconocimiento jurídico y la realidad cotidiana revela que el ejercicio del derecho a la educación se realiza de manera desigual, situación que mantiene a la educación en el centro del debate público y exige una revisión crítica de las políticas y responsabilidades institucionales asociadas a su garantía. En este contexto, el Día Internacional de la Educación, que se conmemora cada 24 de enero, adquiere sentido no solo como una efeméride simbólica, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el alcance real de este derecho.
En México, ese ejercicio crítico resulta ineludible; millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes enfrentan condiciones que limitan el acceso efectivo a la educación y condicionan sus oportunidades de desarrollo desde edades tempranas. Estas circunstancias no operan de manera uniforme: afectan con mayor intensidad a quienes viven en entornos de pobreza, exclusión territorial o discriminación histórica, lo que pone en evidencia que el ejercicio de este derecho depende en gran medida, del lugar de origen y de las circunstancias sociales.
Estas discrepancias se hacen más evidentes cuando México se compara en el escenario internacional. De acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2022, el país se ubicó como el tercer país con menor desempeño entre los 38 integrantes de la OCDE, con resultados particularmente bajos en Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencia. En ese mismo ejercicio, documentó que “dos de cada tres estudiantes en México no alcanzan el nivel básico de aprendizajes en Matemáticas” (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2024), lo que permite dimensionar la magnitud del problema más allá del discurso formal.
Resulta especialmente preocupante que en Matemáticas el país haya retrocedido a niveles similares a los registrados en 2003, lo que confirma que el derecho a la educación no puede evaluarse únicamente a partir de la cobertura escolar. La atención debe centrarse también en los contenidos, los programas educativos y la capacidad del sistema para responder a contextos sociales profundamente desiguales. Cuando la calidad de los aprendizajes depende del entorno socioeconómico, la educación deja de funcionar como un mecanismo de movilidad social y se transforma en un factor que reproduce exclusiones preexistentes.
Este panorama permite identificar que los rezagos educativos corresponden a condiciones estructurales que atraviesan al sistema educativo en su conjunto. La falta de infraestructura adecuada, las diferencias territoriales en recursos y la ausencia de entornos adecuados para el aprendizaje inciden de manera directa en los resultados educativos. En este contexto, la oportunidad de recibir una educación de calidad continúa determinada por factores ajenos al mérito o al esfuerzo individual.
Estas limitaciones estructurales se reflejan también en la exclusión escolar. En México, 6.4 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes —el 18% de la población entre 3 y 18 años— no asisten a la escuela, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (2024). Esta exclusión afecta de manera desproporcionada a comunidades indígenas, personas con discapacidad y población rural, lo que confirma que el acceso a la educación no se garantiza en condiciones de igualdad real.
El ejercicio del derecho a la educación se ve además condicionado por factores sociales que trascienden el ámbito estrictamente escolar. La pobreza, el trabajo infantil, la violencia, la migración forzada y la sobrecarga de tareas de cuidado expulsan a miles de niñas, niños y adolescentes del sistema educativo. En estos contextos, la escuela deja de cumplir su función como espacio de protección y desarrollo, y se convierte en una posibilidad lejana para quienes enfrentan múltiples formas de exclusión.
Las desigualdades educativas se expresan de manera particularmente grave en el analfabetismo. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, entre la población hablante de lengua indígena el analfabetismo alcanza el 21% a nivel nacional, con porcentajes que superan el 30% en entidades como Chihuahua y Guerrero. Estas cifras son producto de procesos históricos de marginación, discriminación y abandono institucional que han limitado de manera sistemática el acceso a oportunidades educativas.
A estas condiciones se suman la precariedad de la infraestructura escolar, la persistente brecha digital y las carencias en la formación docente, factores que inciden directamente en las posibilidades de aprendizaje y permanencia escolar. Cuando el derecho a la educación no se garantiza de manera integral, las desigualdades se reproducen de forma intergeneracional y afectan no solo a quienes quedan fuera del sistema educativo, sino al desarrollo social, económico y democrático del país en su conjunto.
Frente a este escenario, la educación debe asumirse como una responsabilidad directa del Estado. Superar los rezagos existentes requiere políticas públicas sostenidas, con planeación de largo plazo, presupuestos suficientes y mecanismos de evaluación eficaces, orientadas a la construcción de una sociedad más justa, incluyente y democrática. En el marco de esta conmemoración, el desafío para México consiste en colocar la educación como máxima prioridad, permanente y capaz de reducir tantas brechas estructurales y de generar oportunidades reales para quienes históricamente han quedado al margen del sistema educativo.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
“El desafío para México consiste en colocar la educación como máxima prioridad, permanente y capaz de reducir tantas brechas estructurales y de generar oportunidades reales para quienes históricamente han quedado al margen del sistema educativo”.
