Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para visibilizar uno de los fenómenos que más profundamente ha erosionado a los Estados modernos. México no es la excepción. A pesar de décadas de reformas legales, discursos oficiales y nuevas instituciones encargadas de combatirla, la corrupción continúa siendo una de las principales causas de desigualdad, desconfianza ciudadana y debilitamiento democrático. Mirar su historia, lejos de ser un ejercicio académico aislado, permite comprender por qué sus raíces siguen tan vigentes.
En este contexto resulta especialmente pertinente la publicación de la obra La corrupción en México. Tramas y temas en el siglo XX, que reúne catorce investigaciones dedicadas a reconstruir, desde una perspectiva histórica, jurídica y social, la forma en que la corrupción se entrelazó con el ejercicio del poder, la administración pública y la vida cotidiana desde el Porfiriato hasta el año 2000.
El libro, resultado del trabajo de especialistas de la UNAM y El Colegio de México, desmonta la idea de que la corrupción ha sido un fenómeno excepcional. Por el contrario, muestra que fue un componente estructural del sistema político mexicano. A través de casos que van desde inspectores de bajo rango hasta presidentes de la República, los autores documentan cómo prácticas como el peculado, el soborno, la “mordida” y el tráfico de influencias adquirieron una funcionalidad implícita: facilitar decisiones administrativas, lubricar relaciones de poder y sostener equilibrios políticos, aun a costa del deterioro institucional y del daño social.
Uno de los hallazgos más reveladores es la persistente contradicción entre la expansión del aparato legal anticorrupción y la continuidad de la impunidad. A lo largo del siglo XX se multiplicaron leyes, reglamentos y discursos moralizadores, sin que ello se tradujera en sanciones efectivas. El libro muestra que la capacidad real del Estado para castigar los abusos dependió menos del número de normas que de la independencia judicial y la voluntad política, dos condiciones históricamente frágiles.
Entre los capítulos destacan estudios sobre la corrupción en la Secretaría de Hacienda durante la Revolución y la posrevolución; las prebendas de los altos mandos militares; la administración del manicomio de La Castañeda como expresión de redes clientelares; la corrupción judicial en la Ciudad de México, así como la normalización de la “mordida” y los centros de vicio en la primera mitad del siglo XX.
Los casos analizados confirman que las reformas legales ayudan, pero por sí solas resultan insuficientes. En algunos momentos coexistieron una sobrerregulación y un vacío efectivo de control; en otros, los gobiernos que se proclamaban más “revolucionarios” recurrieron a una retórica moralizante que no se reflejó en la aplicación de castigos.
Las investigaciones también reconstruyen los contextos que hicieron posible la normalización de estas prácticas: la ausencia de contrapesos reales al poder ejecutivo; la debilidad de una prensa crítica; el uso discrecional de los recursos públicos como instrumento de control político; así como la desigualdad social y la precariedad administrativa, que en muchos casos convirtieron la “mordida” en una vía informal para gestionar carencias institucionales.
Este panorama confirma que la corrupción no puede explicarse únicamente como una suma de conductas individuales, sino como el resultado de estructuras políticas, económicas y sociales que favorecieron su reproducción.
El libro sostiene que el impacto de la corrupción ha sido profundamente corrosivo: debilitó instituciones, minó la confianza ciudadana, profundizó las desigualdades y dañó directamente la garantía de derechos. La falta de sanciones creó la percepción de que la ley podía negociarse o ignorarse según la cercanía al poder. Así, la corrupción dejó de ser solo un problema administrativo para convertirse en un obstáculo estructural para el desarrollo del país.
Más allá de reconstruir el pasado, la obra subraya que el estudio histórico de la corrupción es una herramienta indispensable para comprender su persistencia en el presente. Conocer sus mecanismos de reproducción y sus condiciones de posibilidad permite evitar respuestas simplistas y diseñar políticas públicas más eficaces.
El volumen es claro: no basta con acumular leyes ni con repetir discursos éticos. Es necesario fortalecer las instituciones, garantizar la autonomía del Poder Judicial, promover la transparencia y consolidar mecanismos reales de control social. Sin estos pilares, cualquier estrategia anticorrupción queda reducida al terreno de la simulación.
En este marco, la campaña de la ONU contra la corrupción de este año —continuación de la impulsada en 2024— pone el acento en el papel de la juventud como defensora de la integridad pública. También llama la atención sobre los vínculos entre corrupción y delincuencia organizada, el impacto de las tecnologías emergentes y la relación entre corrupción, paz y seguridad. Recordatorios necesarios en un país donde la corrupción no solo ha sido una herencia del pasado, sino una urgencia del presente.
*Especialista en Derechos Humanos
