Durante años, nuestra sociedad ha priorizado el castigo sobre la rehabilitación de los adolescentes responsables de la comisión de un hecho delictivo, con expresiones como: «Si hacen acciones como adultos, que sean juzgados como adultos», o «Deberían darles más años de cárcel a esos delincuentes».
Sin embargo, como sociedad, tenemos la responsabilidad de brindar a nuestros jóvenes las herramientas necesarias para construir un futuro mejor. Un sistema de justicia penal basado en el castigo perpetúa el ciclo de violencia y exclusión social. La falta de acceso a educación, oportunidades laborales y la estigmatización social son solo algunas de las consecuencias de esta visión punitiva hacia los adolescentes en conflicto con la ley penal.
La justicia penal para adolescentes demanda una reflexión profunda y un enfoque integral. En un mundo en constante evolución, donde los jóvenes enfrentan desafíos cada vez más complejos, es fundamental replantear los paradigmas tradicionales y adoptar una perspectiva que priorice la rehabilitación y la reinserción social y familiar de los adolescentes.
Es innegable que los adolescentes en conflicto con la ley penal requieren atención y medidas adecuadas para su desarrollo. No obstante, es crucial recordar que estos jóvenes no son adultos en miniatura, y sus cerebros aún están en desarrollo. Esto implica que sus decisiones pueden estar influenciadas por factores físicos, biológicos, sociales, familiares y ambientales que escapan de su control.
En este sentido, la justicia penal para adolescentes debe basarse en los siguientes principios:
- Interés superior de la niñez: Todas las decisiones dentro del sistema de justicia penal para adolescentes deben priorizar el bienestar del adolescente y su reintegración social y familiar.
- Excepcionalidad: Las medidas privativas de la libertad deben ser una última opción y aplicarse solo cuando sean estrictamente necesarias.
- Especialización: Se requiere personal capacitado y especializado para trabajar con adolescentes, entendiendo sus necesidades particulares y aplicando programas de intervención adecuados.
- Restaurativa: La justicia restaurativa ofrece un marco para que los adolescentes asuman la responsabilidad de sus actos, reparen el daño causado y se reconcilien con las víctimas.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que la prevención de la violencia y la delincuencia incluye políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que fomenten la generación de violencia y delincuencia. Su finalidad es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los adolescentes, evitar la comisión de delitos, promover la formación ciudadana y fortalecer la reintegración familiar.
Lo anterior se basa en el respeto irrestricto de la dignidad humana de los adolescentes, reconociendo que el respeto a sus derechos humanos y el desarrollo de todas sus potencialidades son condiciones indispensables para prevenir conductas antisociales y garantizar un sano desarrollo que les permita tener un proyecto de vida digno.
Por ello, es fundamental promover programas de prevención del delito dirigidos a los jóvenes y fortalecer los sistemas de protección de la infancia. La educación, la salud mental, el acceso a oportunidades y el fortalecimiento de los vínculos familiares son elementos clave para prevenir la delincuencia y la violencia juvenil. Asimismo, es necesario invertir en programas de reinserción social que brinden a los adolescentes herramientas para reintegrarse exitosamente a la sociedad. La educación, la formación laboral y el apoyo psicológico son fundamentales en este proceso.
Debe señalarse que el sistema de justicia penal para adolescentes no es castigador, sino todo lo contrario: es un sistema holístico y reeducador que tiene como principal finalidad la reintegración social y familiar y la rehabilitación del adolescente. Este sistema debe prestar especial atención a las circunstancias que facilitaron su involucramiento en hechos delictivos, dotándolo de herramientas para enfrentar estas situaciones, tomar mejores decisiones y alejarse de conductas delictivas. De este modo, se logra formar ciudadanos productivos y funcionales para la sociedad.
Es hora de ampliar nuestra perspectiva sobre los adolescentes y adoptar un enfoque más empático y cooperativo en temas de prevención, educación y rehabilitación que les ayuden a reintegrarse a la sociedad y convertirse en ciudadanos responsables, antes de optar por el castigo.
En conclusión, la justicia penal para adolescentes debe evolucionar hacia un modelo que priorice la rehabilitación y la reinserción social y familiar, en lugar de centrarse únicamente en el castigo. Al hacerlo, no solo estaremos protegiendo a la sociedad, sino también ofreciendo a los jóvenes una segunda oportunidad para construir un futuro mejor.
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*Juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos.
