El debate central de La Conferencia de Naciones Unidas en Bakú, Azerbaiyán, de noviembre pasado sobre cambio climático fue el financiamiento para los países más afectados por los colapsos socioambientales derivados del calentamiento global y otras degradaciones de la naturaleza causadas por una producción capitalista que no disminuye el uso de combustibles fósiles ni los desechos y venenos industriales. Los países saqueados y endeudados se quejaron de que los resultados de esta conferencia no nombran los efectos del cambio climático y no destinarán de forma expedita recursos. Constataron, nuevamente, que los pueblos desvalijados recibieron solo promesas y que sus voces no fueron realmente escuchadas. Nigeria y la India se opusieron al documento final y dijeron que se trataba de “una ilusión óptica” porque los resultados de esta conferencia son mínimos en términos de acción climática.
En cuanto a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el compromiso de Naciones Unidas de mantenerlas en un escaso 30% del territorio de cada país, se enfrentan a la dinámica extractivista de los gobiernos que en América Latina persisten en abrir sus territorios a los megaproyectos operados por los consorcios extractivista. En El Salvador, Bukele declaró recientemente que se debe derogar la Ley que prohíbe la minería metálica, que Dios premio a su país con un cinturón de oro en el subsuelo y que se puede extraer de forma sustentable. El presidente de Argentina derogó la Emergencia Territorial Argentina que declaraba el apremio de registro de la posesión y propiedad de las tierras de pueblos originarios. Proceso que estaba inconcluso.
En México, la situación actual de las ANP es dolorosa. Son reducidas las posibilidades de su recuperación y ampliación mientras prevalezca el estado superposición o cercanía entre las áreas de biodiversidad y las concesiones mineras, la explotación y traslado de hidrocarburos, la agricultura de exportación, la pesca de arrastre, el turismo masivo y madereras. Hasta hoy, el gobierno federal considera que puede romper la unidad de un territorio y destinar pedacitos a la conservación y tajadas territoriales para los megaproyectos. Los efectos socioambientales del extractivismo se resienten íntegramente. Véase, el ejemplo de una pequeña fracción del territorio mexicano en la que se forma un triángulo de protección ambiental simulada (señalado a la izquierda superior del mapa).
Captura de pantalla del geovisualizador de Geocomunes (https://geocomunes.org/). Las manchas color café claro son las concesiones mineras vigentes (2024), las zonas rayadas en distintos colores son las ANP federales (feb. 2024) y municipales, ejidales y privadas, Sitios Ramsar (2015) que son territorios de humedales de importancia internacional, Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación y Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (http://132.248.26.105:81/geovisualizador/general).
En el centro de la península de Baja California, se encuentra el valle de los Cirios y El Vizcaíno, ANP federal y Reserva de la Biósfera, respectivamente, dentro de ellas, en la frontera de ambos estados, el Grupo México tiene la concesión de más de 70 mil hectáreas para su mina de cobre El Arco. El 28 de febrero de 2023, el gobierno le concesionó 4,975.97 hectáreas adicionales, con vigencia al 2063. Al norte de Baja California, medio millón de hectáreas concesionadas a Minera Frisco del ultra millonario Slim, colindan con las Reservas de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. A la derecha, en el norte de Sonora, se ubica la reserva de la Biosfera El Pinacate y El Gran Desierto de Altar pero centenares de lotes de Minera Penmont del millonario Bailléres inician a 4 km de ese sitio considerado Patrimonio de la Humanidad. El sitio Ramsar, Humedales de Bahía de San Jorge en Puerto Peñasco se hallan a 5km del corredor de concesiones mineras de Peñoles que se extiende por 100 km por el municipio de Caborca.
El Área Destinada Voluntariamente a la Conservación del Ejido El Bajío linda con el tajo abierto de 320 hectáreas de la Herradura, la mina de oro de Bailléres. La comunidad ejidataria ha asumido conservación de esta área del Desierto Sonorense y, pese a todo, siembra centenares de esquites y protege a la fauna endémica con éxito. Son numerosos los pueblos que autónomamente guardan a la naturaleza. Las alternativas se construyen desde los pueblos que optan por la vida, las experiencias son múltiples pero se necesitan recursos que los gobiernos constriñen. Es urgente un cambio en la preservación de los ecosistemas mediante la cancelación de las concesiones a las corporaciones y la anulación de las políticas gubernamentales de entrega de territorios, como zonas de sacrificio para los megaproyectos, en nombre del desarrollo.
*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
