(Primera parte)
Reconocimiento e Inclusión
En la actualidad, la vida en sociedad no se limita a los espacios físicos convencionales, ya que el ámbito digital se ha convertido en un escenario central donde nos informamos, realizamos trámites, participamos de la cultura, establecemos vínculos, hacemos uso de derechos y se asumen responsabilidades como miembros de una comunidad. En consecuencia, el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos también deben extenderse a este espacio, y es aquí donde surgen los derechos digitales.
El espacio digital, por tanto, da cuenta de un entorno virtual accesible a través de dispositivos conectados a internet, por virtud del cual las personas pueden interactuar, comunicarse, colaborar, trabajar y acceder a diversos recursos, servicios e información en tiempo real o de forma asincrónica.
Derivado de lo anterior, los derechos digitales no deben entenderse como un conjunto de nuevas prerrogativas. La Organización de las Naciones Unidas en 2018 adoptó la Resolución sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en internet, donde reiteró que los mismos derechos que protegen a las personas fuera de línea deben garantizarse también en línea. En la práctica, implica que la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la privacidad, la educación y la participación democrática, se ejercen también en plataformas digitales. Reconocerlos como tales permite que internet deje de ser visto como un espacio sin reglas y cuente con mecanismos claros de protección frente a abusos.
En el ámbito nacional, la Constitución General de la República reconoce en su artículo 6º el derecho de toda persona a acceder a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Este marco establece que la conectividad no es un privilegio, sino un derecho fundamental que habilita el ejercicio de otros derechos humanos como la educación, salud, el trabajo y la participación democrática. Un ejemplo concreto de cómo se ha buscado materializar este derecho es la Ley para Garantizar el Acceso Libre y Gratuito al Internet en la Ciudad de México, que establece la obligación de las autoridades de proveer conectividad gratuita en espacios públicos, con el fin de reducir la brecha digital y asegurar la inclusión tecnológica de la población.
El marco jurídico es solo un punto de partida para que el derecho a la conectividad sea parte de la vida cotidiana y se requieren acciones efectivas que garanticen su cumplimiento. En este sentido el concepto de inclusión digital resulta fundamental, pues alude a la posibilidad de que todas las personas, sin importar su condición socioeconómica, género, edad, lugar de residencia o situación de discapacidad, puedan acceder y utilizar de manera efectiva las tecnologías de la información y comunicación. Esto no significa únicamente tener conexión a internet, sino también disponer de la capacitación, herramientas y recursos que permitan aprovechar plenamente las oportunidades del espacio digital.
En México persisten profundas brechas digitales: mientras en las zonas urbanas la conectividad es mayor, en comunidades rurales e indígenas la falta de infraestructura limita el acceso. Esta desigualdad tecnológica profundiza otras formas de exclusión y limita el ejercicio pleno de derechos.
Frente a ello, la UNESCO ha propuesto el concepto de Universalidad del Internet, que concibe a la red como una herramienta para promover los derechos humanos, la inclusión, el desarrollo y el empoderamiento. En el centro de esta visión se encuentran los principios DAAM-X, que plantean que internet debe ser: basado en los derechos humanos, garantizando libertades y protección a la privacidad; Abierto, de modo que circule la información sin restricciones indebidas; Accesible para todas las personas, con conectividad universal sin discriminación; y fomentado a través de la participación de Múltiples partes interesadas, lo que implica que gobiernos, empresas, academia y sociedad civil compartan responsabilidades en su gobernanza. La “X” representa dimensiones transversales fundamentales para el desarrollo digital, como la igualdad de género, los derechos de la infancia, el desarrollo sostenible, el impacto ambiental, la confianza, la seguridad y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
Estos principios son esenciales para que internet sea un espacio de inclusión y derechos, en lugar de un ámbito de privilegios o exclusiones. Su garantía exige que los Estados Nacionales adopten políticas públicas orientadas a la conectividad universal con pleno respeto a los derechos fundamentales; que las empresas tecnológicas actúen con apertura, transparencia y responsabilidad, así como que la academia y la sociedad civil asuman un papel activo en la gobernanza digital.
El reconocimiento de los derechos digitales en la legislación y el impulso a la inclusión digital, son pasos imprescindibles para garantizar que internet sea un espacio democrático, accesible y seguro. Sin embargo, los retos, brechas y amenazas, exigen un compromiso continuo con los principios que rigen el espacio digital.
En la siguiente entrega abordaremos cómo ejercemos estos derechos, los riesgos que enfrentamos en el entorno digital y el papel de los derechos ARCO (acceso rectificación, cancelación y oposición) como mecanismos de protección.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
