Desde los orígenes de la civilización, la idea de justicia ha estado secuestrada por quienes ejercen el poder. Desde los escribas egipcios hasta los movimientos “woke”, desde Jesús colgado en la cruz hasta las pancartas de la UNAM, la humanidad no ha dejado de hablar de justicia social. Y, sin embargo, aquí seguimos. Nombrando las mismas heridas con nuevos términos y distintos hashtags. Nombrando el dolor… sin poder evitarlo. ¿Por qué, después de tantos siglos de indignación, seguimos en lo mismo? La respuesta es brutal por su simplicidad:
Los de abajo no tenemos el poder para castigar a los de arriba. Y los de arriba no se van a castigar a sí mismos.
A esto le llamamos impunidad. No es un tropiezo del sistema: es el sistema mismo. No es una grieta: es el cimiento fundacional. Unos pocos concentran el poder. Y como nadie más puede someterlos a juicio, hacen lo que quieren. Y lo que quieren, casi siempre, es seguir queriendo. Queriendo más. Más tierras. Más cuerpos. Más ejércitos. Más obediencia. La impunidad no es una anomalía: Es la constante silenciosa de la historia.
— En el Antiguo Egipto, el faraón era dios. No podía ser juzgado porque castigar al soberano era castigar a la divinidad misma. Los campesinos podían morir de hambre o ser azotados en los campos… pero a la divinidad no se le podía tocar ni con el pétalo de un reclamo.
— En la Europa feudal y monárquica, el rey gobernaba por “derecho divino”. Enrique VIII podía decapitar a su esposa, a un obispo o a un canciller, y nadie osaba toserle. La ley existía… para los súbditos.
— En la Colonia, el virrey era un rey en miniatura. Aunque se documentaran abusos, aunque las voces indígenas treparan hasta la corona, los castigos reales eran tan reales como la justicia colonial: pura fantasía barroca. Las encomiendas siguieron saqueando cuerpos y tierras durante siglos.
— En el México moderno, el presidencialismo priista convirtió la impunidad en política de Estado. La matanza de Tlatelolco en 1968 no dejó ni un solo presidente tras las rejas. Ni Díaz Ordaz. Ni Echeverría. Ni nadie. La sangre se secó. La silla, no.
— Hoy, en vastas regiones del país, el crimen organizado ya no corrompe al poder: lo reemplaza. El narco cobra impuestos, nombra alcaldes, reparte “apoyos sociales” y organiza elecciones con urnas de sangre y miedo. Y lo hace con total impunidad. El nuevo soberano no teme a la ley. La entierra en fosas clandestinas.
Desde los faraones hasta los cárteles, la constante no ha sido la ley, sino su asimetría: sólo se aplica a los de abajo mientras que los poderosos viven con sus propias reglas.
Pero la impunidad no es un invento nacional. Es una gangrena de dimensión mundial. La ONU, por ejemplo, fue diseñada para preservar la paz. Sin embargo, sus miembros permanentes desatan guerras como quien juega “Risk” en bata de baño. Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Eso significa que pueden invadir países, financiar golpes de Estado, mantener dictadores amigos, y luego bloquear cualquier intento de sanción contra ellos mismos. La paz mundial está, paradójicamente, en manos de quienes más guerras han provocado y muere bajo el veto de los poderosos.
En México, la impunidad no sólo se practica: También se disfraza de transformación. Baste con un botón, bordado de cinismo: La reciente elección “popular” de jueces y ministros —presuntamente democrática— fue en realidad una coreografía mal ensayada entre el autoritarismo y el folclor. En todo el país circularon “acordeones” impresos con las listas de candidatos predilectos. Y cuando se cuestionó a la dirigencia de Morena, su presidenta, Luisa María Alcalde, respondió que los acordeones eran fruto de la creatividad del “pueblo sabio”. El fraude se volvió artesanía y la ley, una piñata decorativa para colgar en los informes de gobierno. En este país, la impunidad no sólo se tolera: se aplaude, se imprime y se decora con cintilla patriótica. Esta farsa popular remató al Poder Judicial, la única institución que quedaba de pie —no para castigar al poder, eso sería un milagro—, sino apenas para estorbarlo un poco.
La lucha por la justicia no puede seguir siendo solo una lucha por el discurso correcto. No basta con nombrar bien las cosas. Hay que romperlas. Porque la justicia no existe mientras el poder no tema. Y el poder no teme si no puede ser castigado. Y no puede ser castigado si los instrumentos del castigo —las leyes, los tribunales, la prensa, la opinión pública— le pertenecen.
Entonces, ¿qué nos queda?
Nos queda crear otras formas de poder. Desde abajo. Desde la calle. Desde el cuerpo. Poder que no pida permiso ni votos ni likes. Poder colectivo, incómodo, desobediente. La historia está llena de intentos. Algunos duraron poco. Otros se convirtieron en leyenda: Las Comunas zapatistas en Chiapas. Las asambleas barriales en Argentina después del 2001. Los Cabildos Abiertos en Bolivia. La justicia transicional en Sudáfrica. Las rondas campesinas en Perú.
Todos tuvieron límites, sí. Pero también lograron algo invaluable: Que el poder, al menos por un rato, mirara hacia abajo con miedo. Y, aun así, la impunidad no murió. Se disfrazó. Se mudó. Se reorganizó. Cambió de cara. Siguió viva.
La impunidad no va a irse porque la denunciemos desde abajo. No va a retroceder por un hashtag ni por un ensayo bien escrito. No es una enfermedad que se cure: Es el funcionamiento intrínseco del poder entero. Es la regla del juego. Y a nosotros, los de abajo, los que no tenemos tribunales ni ejércitos ni televisoras, ¿qué nos queda? ¿Aprender a vivir con estas reglas? Tal vez.
O tal vez… nos quede aún algo más digno, aunque más peligroso:
Escribir otras reglas.
Con nuestras propias manos.
Y grabarlas en piedra… a martillazos.
*Instituto de Ciencias Físicas / Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM.
Imagen cortesía del autor