El dicho popular dice que el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano, y el nuevo “tira y afloja” entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo deja en claro que ninguno quiere cargar con el bulto del estrepitoso fracaso la estrategia de seguridad que vive nuestro estado.
Todos los índices de inseguridad han aumentado en Morelos y es generalizada la desconfianza en las autoridades, por lo menos en las encargadas de conservar la paz y la justicia.
Hace unos días, la Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México y la Barra de Abogados del estado de Morelos, solicitaron que se iniciara el procedimiento para entablar un juicio político al gobernador y al Comisionado de Seguridad del estado, por los nulos resultados que han tenido en materia de seguridad.
Hace un par de días el diputado Julio César Solís propuso un punto de acuerdo parlamentario para exhortar al gobernadora dar un ultimátum de treinta días al almirante en retiro José Antonio Ortiz Guarneros para disminuir la inseguridad en Morelos, o removerlo como titular de la CES por ineficiencia.
Ayer, los promoventes del juicio político se reunieron con el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, Alejandro Martínez Bermúdez y con las diputadas Paola Cruz Torres y Marguis Zoraida del Rayo Salcedo para ratificar su denuncia.
Y ayer también reaccionaron en el Ejecutivo: el comisionado Ortiz Guarneros dijo que el diputado Solís era víctima de un arranque de protagonismo y lo retó a su vez para que en los 30 días que había dado de plazo, consiguiera presupuesto suficiente para aumentar los salarios de la policía estatal y otorgarle la asistencia social que debería tener; fustigó al diputado recordándole los nulos resultados que éste había tenido cuando encabezó la Comisión de Seguridad del Congreso.
Por su parte Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno, dijo que el juicio político carece de fundamentos y, al menos desde un punto de vista jurídico, no tiene oportunidad de prosperar, por lo que en el Poder Ejecutivo no existe preocupación alguna por un juicio político.
Desde luego, si la realidad fuera otra, si se hubiera acabado la criminalidad y todos durmiéramos tranquilos, nadie estaría compartiendo el crédito tampoco.
Lo que nuestros políticos están dejando ver es que la percepción social es real y que la inseguridad ya los rebasó a todos.
Implícitamente están aceptando que, más allá de los discursos, tenemos un grave problema y que data de tiempo atrás. Desde luego, el tema del presupuesto -origen de tantos desencuentros entre los Poderes del estado- también salió a relucir pero todos sabemos que las partidas discrecionales en el gobierno estatal se eliminaron hasta el actual paquete presupuestal.
La inseguridad, la impunidad y la procuración de justicia, son temas que van de la mano y que serán, seguramente, parte central de los planes de gobierno de los candidatos a todos los cargos de elección popular, y a todos nosotros nos tocará evaluar las promesas que tengan visos de hacerse realidad y, desde luego, más adelante, exigir que se cumplan. Una cosa es cierta: el crimen y la violencia son tan graves en Morelos que hay que descreer de quienes prometan solucionarlo de un día para el otro.
