El derecho de acceso a la información pública está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho fundamental; permite a las personas conocer la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, y sólo podrá ser reservada temporalmente en casos de interés público y seguridad nacional. Este derecho fortalece la democracia al fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, al garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información en un entorno en el que la gestión pública debe realizarse con mayor apertura y responsabilidad, al tiempo que promueve una ciudadanía más informada, participativa y una mejor gobernanza. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que “Todo individuo tiene derecho a … recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Con la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en 2002, (antes Instituto Federal de Acceso a la Información Pública) se marcó un avance fundamental en la consolidación de este derecho, al establecer un organismo autónomo encargado de garantizar el acceso a la información pública y proteger las libertades fundamentales dé las personas, a través de un sistema de transparencia que permite la exposición de casos de opacidad y/o corrupción ante la opinión pública.
Los beneficios de este derecho son mayúsculos y multifacéticos, permite a los ciudadanos conocer cómo se gestionan y gastan los recursos, lo que les otorga la capacidad de tomar decisiones más informadas y de participar activamente en los asuntos que afectan su vida cotidiana. Este acceso promueve una cultura de transparencia, donde las instituciones gubernamentales deben ser más responsables y abiertas en sus acciones y decisiones. A nivel colectivo este derecho se convierte en una herramienta indispensable para la sociedad civil, al facilitar la fiscalización de la administración pública y actuar como un mecanismo de control que frena las malas prácticas. El acceso a la información fortalece la legitimidad de las instituciones públicas e impulsa cambios positivos en la gestión, al hacer visible lo que antes podía permanecer oculto.
Sin embargo, el futuro del INAI ha sido objeto de cuestionamiento en la presente administración, debido a los argumentos relacionados con los altos costos y la percepción de que su existencia es innecesaria. Se ha sugerido que sus funciones podrían ser absorbidas por otras instituciones gubernamentales. Esto ha generado preocupación entre expertos y defensores de la transparencia, toda vez que la supresión del INAI podría «mermar la esencia de la transparencia como un mecanismo de democratización en el ejercicio del poder público. La propuesta de fragmentar la función de garantía que desempeña el INAI generaría una afectación sustantiva a los derechos constitucionales reconocidos para la sociedad y una merma democrática en relación con la transparencia, el derecho de acceso a la información pública» (Relatoras de Naciones Unidas, ONU).
La fragmentación de las funciones del INAI entre diversas instituciones generaría un vacío en la protección del derecho de acceso a la información. La especialización y autonomía de un organismo, es fundamental para asegurar que este derecho se respete plenamente, sin interferencias políticas ni intereses particulares. La segmentación implica la transgresión de un derecho fundamental, puesto que sin un organismo autónomo que garantice el acceso a la información, sin importar la filiación política o posición social, los ciudadanos perderían una herramienta crucial para ejercer su derecho. La independencia de dicha instancia ha sido clave para que las decisiones sobre acceso a la información se tomen de manera imparcial.
En el ámbito internacional diversos países han implementado organismos autónomos similares al INAI con resultados positivos en la protección del derecho de acceso a la información. Por ejemplo, Canadá cuenta con el Comisionado de Información y Privacidad de Ontario (IPC), cuya independencia ha sido clave para garantizar que las solicitudes se gestionen de manera imparcial y sin presiones políticas. De igual manera, en Reino Unido la Oficina del Comisionado de Información (ICO) ha jugado un rol crucial en la defensa del acceso a datos públicos. Estas experiencias demuestran que la existencia de un organismo especializado y autónomo es indispensable para consolidar una cultura de transparencia y fortalecer la rendición de cuentas en las democracias modernas.
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El INAI es un hito en la historia de la transparencia en México y su posible desaparición pone en riesgo los avances obtenidos en esta materia. Este pronunciamiento subraya la necesidad de mantener un órgano autónomo a fin de empoderar a la sociedad para exigir mejores prácticas y reformas cuando sea necesario, de tal manera que el derecho a la información se convierte en una herramienta clave para prevenir la corrupción y promover una administración pública más abierta, responsable y equitativa. Por ende, su supresión tendría un impacto negativo en los derechos humanos, al limitar el acceso a la información y vulnerar el Estado de democrático y constitucional de derecho.
*Profesor universitario y especialista en derechos humanos
