La conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad cada 3 de diciembre, es una fecha para considerar la importancia de construir una sociedad inclusiva y accesible para todas y todos. Establecida por la ONU en 1992, tiene como objetivo promover los derechos de las personas con discapacidad, sensibilizar sobre la eliminación de barreras que impidan su desarrollo y fomentar el respeto a su dignidad. A nivel global la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ha impulsado a los Estados Nacionales a adoptar medidas para garantizar la igualdad de acceso a servicios básicos y oportunidades de participación social, política y económica. En México, aunque se han logrado avances legislativos, la implementación efectiva de estas medidas enfrenta desafíos.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, hay más de 6.1 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población total del país. Esto subraya la importancia de reconocer y garantizar los derechos fundamentales de este sector poblacional, al asegurar el acceso pleno a servicios y oportunidades que permitan su inclusión y participación igualitaria en la sociedad. Entre los derechos fundamentales se encuentra el acceso a una educación inclusiva –considerado un derecho llave- como componente esencial para el desarrollo y autonomía de las personas con discapacidad. La SCJN ha afirmado que «el derecho humano a la educación inclusiva no se agota con reconocer la igualdad entre estudiantes, sino que exige equidad en el tratamiento y acceso… significa una obligación estatal de asegurar que las circunstancias personales o sociales… no sean obstáculos» (citado en Eslava Pérez, Zariñán Martínez, y Hernández Garduño, Orientaciones para transverzalizar la perspectiva de dere3chos humanos del estudiantado con discapacidad en la UNAM, 2023, p. 38). Este derecho requiere que los sistemas educativos se adapten para eliminar las limitantes en el aprendizaje de las y los estudiantes con discapacidad.
El derecho al trabajo y a la inclusión económica también son cruciales para garantizar la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad. En México, a pesar de que las leyes prohíben la discriminación laboral, persisten impedimentos como la falta de adaptaciones en los lugares de trabajo, los prejuicios sociales y las barreras actitudinales que limitan la inclusión de las personas con discapacidad en la economía formal, pues solo el 30% de esta población tiene un empleo según el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024.
Otro derecho esencial es el acceso a servicios de salud dignos y adaptados, que incluyan diagnósticos tempranos, rehabilitación y tecnologías de apoyo. A pesar de los compromisos institucionales, uno de los principales desafíos que enfrenta la población con discapacidad es el acceso a la seguridad social que, según el CONEVAL 2023, casi la mitad de esta población (46%) carece de este servicio, lo que obliga a muchas personas a depender de recursos limitados o de sistemas de salud informales, lo que aumenta sus situaciones de vulnerabilidad frente a enfermedades, accidentes o complicaciones derivadas de su discapacidad. Esta situación pone en riesgo su salud emocional y psicológica, lo que provoca estados de exclusión, ansiedad y el aislamiento.
La accesibilidad y la movilidad en el espacio público son esenciales para garantizar la inclusión y participación de todas las personas en la vida urbana y comunitaria. La CDPD establece que « los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones…». Sin embargo, las personas con discapacidad enfrentan grandes problemáticas, como calles, instalaciones y sistemas de transporte inadecuados que restringen su movilidad, lo cual profundiza las desigualdades y obstaculiza su participación plena en la sociedad.
Fomentar el respeto de la dignidad de las personas con discapacidad es un eje central para lograr una inclusión real en la sociedad. Este respeto no debe limitarse a una simple aceptación legal de sus derechos, sino que debe reflejarse en actitudes y prácticas cotidianas que reconozcan a las personas con discapacidad; la construcción de una sociedad inclusiva implica que cada persona, sin importar su condición, sea tratada con respeto, evitar estigmas, prejuicios que perpetúan las barreras actitudinales y la discriminación, por lo que es fundamental que se les coloque en el centro de cada acción y no solo sean vistas desde la perspectiva de sus necesidades, sino también desde sus capacidades y contribuciones, tal como lo plantea la CDPD al disponer “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de hacer sus propias elecciones, y la independencia de las personas”. Esta transformación debe ser promovida desde los hogares, las instituciones educativas, los lugares de trabajo y en general en todos los espacios públicos y privados, para que se entienda que la inclusión no es solo un derecho, sino también un valor que fortalece la cohesión y la diversidad de la comunidad.
Para lograr una implementación eficaz de políticas inclusivas se requiere de la cooperación de todos los sectores de la sociedad y el reconocimiento de la diversidad como un valor esencial. Con un enfoque integral que abarque legislación, sensibilización social, participación activa de todas y todos los actores, así como la construcción de sistemas de apoyos que permitan –día a día- superar los obstáculos que aún existen. La inclusión de las personas con discapacidad no solo favorece a este grupo poblacional, sino que también enriquece a la sociedad en su conjunto, fomenta una comunidad más equitativa, respetuosa, diversa y allana el camino a la justicia social.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
