LO QUE IMPORTA ES LA JUSTICIA
“Luchamos contra tres gigantes, mi querido Sancho: la injusticia, el miedo y la ignorancia” Miguel de Cervantes
Realmente resulta agobiante atestiguar las protestas contra los cambios en el Poder Judicial de la Federación, porque pareciera que están motivadas por muy diferentes razones, todas ellas mezcladas y difíciles de distinguir: desconocimiento detallado de la propuesta, rechazo a perder privilegios absurdos, temor de perder el manejo caprichoso de la institución, preservarla como está al servicio del capital nacional y extranjero, y también un sincero interés por asegurar la independencia de la administración de la justicia.
Es fácil entender las reacciones generadas desde el interior del Poder Judicial, teniendo en cuenta que ha sido el más opaco de los tres poderes de gobierno, y por consiguiente del que menos conoce la gente su organización y su forma de operar. Por otra parte, quizá el principal motivo del rechazo al cambio es que todo pareciera que ese poder es una gran “empresa” que probablemente mueve miles de millones de pesos al año. Sin hablar de fianzas que no se regresan, el dinero que informalmente se mueve para «aceitar el trámite», desde los sobornos a ministros de la suprema corte, hasta la propina del secretario del juzgado, suman fortunas. Cualquiera que ha tenido que ver con asuntos judiciales sabe que los honorarios del abogado son sólo una parte de lo que se solicita para llevar los juicios. Por tanto, serían muchos los afectados dentro y fuera de la institución, si se llega a desarticular esa maraña de corrupción.
En efecto, sabemos de sobra que quien tiene dinero resuelve sus asuntos, mientras los que no lo tienen son las víctimas del incumplimiento del mandato que señala que “la justicia tiene que ser rápida y expedita”.
Si nos damos cuenta, las protestas no tienen nada que ver con defender la esencia y razón de ser de la institución judicial, esto es, hacer justicia; las protestas tienen que ver con temas de procedimientos y defensa de condiciones de ingreso, no de los trabajadores, sino de quienes tienen beneficios fuera de toda lógica.
Es en verdad lamentable que de manera descarada los gobiernos extranjeros, sus voceros y sus medios de comunicación afines, dentro y fuera del país, se inmiscuyan en asuntos propios y exclusivos de la soberanía y autodeterminación de nuestro país. Esta maldición ya la conocemos, la hemos padecido y los gobiernos la han aceptado, pero su intervencionismo ahora se ha hecho de manera abierta y cínica. Por fortuna, el presidente de México ha respondido con dignidad a dichas injerencias; pero ¿hemos escuchado alguna protesta contra esa injerencia y declaraciones de defensa de nuestro país por parte de los actuales ministros de la Suprema Corte, de jueces y magistrados, de los conocidos “opositores de oficio” metidos en la academia y en los medios de comunicación?
Ese es el desfiguro en el que estamos metidos, provocado por los enemigos señalados por Miguel de Cervantes, en su máxima obra: la injusticia, el miedo y la ignorancia. De diversa manera estos tres enemigos concurren prácticamente en todos los intentos o procesos de cambio que intentan modificar lo que tiene que ver con la forma de hacer economía y de hacer política en nuestro país.
El caso actual en el que se busca hacer cambios en el poder judicial no es la excepción. La ignorancia de muchos opositores y de defensores es patente. Aseguro que la mayoría de ellos no ha leído con calma la versión original que presentó el presidente, ni tampoco la versión modificada que se discute ya en el Congreso; además, apostaría que los movilizados tampoco podrían pasar un examen elemental sobre cómo está organizado el Poder Judicial, y sobre cuáles son las atribuciones y facultades diferenciadas de los ministros, de los magistrados y de los jueces. De ser cierto este hecho, como lo creo, resulta absurdo que sin tener la mínima “educación judicial”, con toda tranquilidad se tomen posturas a favor y en contra de la reforma.
Por otra parte, el miedo al cambio está presente en los opositores al gobierno, los sinceros, y los “de oficio o consigna”. Unos, por los riesgos que puedan ocurrir, de aprobarse determinados escenarios en cuanto a los perfiles y la forma de seleccionar y elegir a los servidores públicos; y otros, como ya lo hemos dicho, por perder sus posiciones de poder y de los beneficios que les proporciona la corrupción.
Finalmente, el “enemigo” de la injusticia, es quizá el más importante de enfrentar, neutralizar, e idealmente, desaparecer. El poder judicial no tiene sentido, si no cumple su función de hacer justicia, entendida como “el asegurar que cada persona disfrute de todo aquello a lo que tiene derecho, a la vez que cumpla las obligaciones que tiene por vivir en sociedad”. Los conflictos personales y grupales son causados por no cumplirse esas condiciones. Las diferencias entre modelos de hacer economía y política están originadas en las formas distintas en las que se proponen alcanzar una condición de justicia para todos y todas.
Deliberar públicamente, por todos los medios posibles, sobre cómo hacer valer la justicia tendría que ser prioridad nacional, y debería impulsarse por un gobierno que busca una transformación de las conciencias y de la sociedad. De igual manera, lo oposición sincera, y no la “de oficio consigna”, debería ser proactiva y hacer circular en el mundo de las ideas, sus propuestas de cómo alcanzar lo más pronto posible una condición de justicia para todos.
De no ser eso, los intentos y las protestas de modificación del poder judicial serán sólo tiempo perdido, y alimentarán un peligroso desgaste social.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.