Durante dos décadas he sido testigo, como servidor público y como promotor cultural, de incontables estrategias y acciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia.
Ante la llamada Guerra contra el narcotráfico desatada por Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006, y la ola de violencia desatada por el crimen organizado, cuyas desastrosas consecuencias aún padecemos, bien vale preguntarnos cuál es el papel de la llamada comunidad artística y cultural ante los contextos que han violentado la vida pública, el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población, entre ellos el acceso a bienes y servicios públicos, como lo evidencias testimonios de centros culturales independientes que han sido intimidados ante amenazas de violencia por cobro de piso.
Los gobiernos llevan casi de dos décadas invirtiendo en el resarcimiento del llamado tejido social a través de proyectos de inversión y de intervención social mediante la promoción de una cultura de paz a través del reconocimiento y respeto de la interculturalidad, la tolerancia y la convivencia. Los esquemas de inversión han involucrado la participación de diversas instancias de seguridad, de cultura y desarrollo social por parte del Estado mexicano y sus tres órdenes de gobierno.
Para Morelos, quizá la entidad con mayor movilización del sector cultural, el impacto de la llamada transformación política del país todavía no tiene efectos positivos. Cierto, llegó la primera mujer gobernadora, pero todavía padeceos lo esfectos de la corrupción de los gobiernos de Graco Ramírez y de Cuauhtémoc Blanco. Dos sexenios en los que la violencia y la inseguridad fueron creciendo. Nos lo dicen las cifras, los índices, y la realidad cotidiana.
Los efectos del sismo, la pandemia, y esa violencia que prevalece, han contribuido a acentuar la precarización de un sector que se encuentra al margen de derechos laborales como la seguridad social. Como en México, en Morelos el outsourcing también sigue siendo una práctica camuflada a partir de contratos por honorarios que se diluyen entre pago de servicios contables, impuestos y traslados por parte de las personas creadores a sus destinos de trabajo en las comunidades.
En ese contexto, el Movimiento Cultura 33+3 jha empujado una agenda orientada para el fortalecimiento de un verdadero municipalismo y federalismo cultural, que hoy parece ya no ser escuchado políticamente por el gobierno ni por la autoridad cultural estatatal. Esa visión de C33+3 busca romper asimetrías presupuestales que realmente permitan al gobierno construr instrumentos de política pública que acabe con los reductos centralistas del ogro filantrópico.
Hasta ahora, la Secretaría Cultura no ha presentado ningún programa específico que establezca una estrategia frente a las violencias que se asoman atronadoras en los pueblos de Morelos. El gobierno debe evitar rezagarse en su discurso eufemista de cultura de paz y de acciones centralizadas y eventuales, sobre todo porque, cuestionable pero novedoso, ha pretendió un enfoque de políticas de desarrollo sostenible que pueden ser altamente efectiva para una entidad considerada potencia cultural, por su vocación turística y riqueza cultural, cuyo sector es de más de cinco mil creadores.
Hoy hablaré de esto y más a las 10:00 a.m en la mesa 3 del foro en torno a la cultura en un contexto de violencia y transformación social tratará sobre El papel de las culturas populares en un país con una violencia generalizada y ante una crisis de credibilidad de la ciudadanía en la implementación de políticas públicas sobre cultura e inclusión, ¿Es importante es cuchar al ciudadano de a pie?
No se lo pierdan a través de las plataformas virtuales del Instituto Morelense de Radio y Televisión y de la Unidad Regional de Culturas Populares de Morelos.
Cultura de paz. Contra la violencia… ¿el arte?
