Maximino Aldana* y Sophia Arkhé**
Durante décadas se ha dicho que los criminales no tienen interés en la política, que su único objetivo es el dinero. Sin embargo, esta idea no solo es ingenua, sino peligrosamente falsa. Hoy en día, en muchas regiones de México, los criminales ya no necesitan corromper a los políticos: ellos mismos son los políticos.
Como ya se ha mencionado antes en este mismo espacio, en México el crimen organizado ha dejado de operar exclusivamente en la sombra. Ya no solo soborna, intimida o infiltra instituciones: ahora ocupa directamente el poder. En comunidades enteras, cobra impuestos, impone leyes, castiga conductas, determina elecciones, regula la actividad comercial y decide quién vive y quién muere. Esto no es teoría. Es un hecho cotidiano.
El aguacate, el pollo, la gasolina… y las elecciones. Los ejemplos abundan: en Michoacán, los productores de aguacate y limón no solo pagan “derecho de piso”, sino que también obedecen horarios, cuotas y reglas impuestas por grupos criminales. En Chiapas, comerciantes y distribuidores de pollo operan bajo un régimen de terror impuesto por mafias locales. A nivel nacional, el huachicol —robo sistemático de gasolina— ha demostrado que el crimen no solo explota debilidades del Estado, sino que controla directamente los ductos, territorios y mercados.
Pero tal vez el ejemplo más alarmante es el control de las elecciones. No se trata solamente de amenazas o compra de votos. En muchos casos, los grupos delictivos designan candidatos, financian campañas y garantizan “votaciones” en comunidades donde el miedo reemplaza al libre albedrío. En estos contextos, la democracia deja de existir: el sufragio ya no es un derecho, es un ritual impuesto por la violencia.
El saqueo de PEMEX, un ejemplo claro de crimen gubernamental es huachicol desde dentro e ilustra la magnitud del problema: durante años se pensó que se trataba del robo aislado de algunas pipas de gasolina. Sin embargo, hoy se sabe que fueron miles y miles de pipas, así como flotillas enteras de camiones y barcos, lo que permitió el saqueo sistemático del combustible nacional. La lógica del huachicol no es la del crimen de ocasión. Requiere logística, protección política y complicidad institucional. Y si bien PEMEX es la empresa responsable de explotar uno de los recursos más valiosos del país, hoy se encuentra prácticamente quebrada, endeudada y saqueada. ¿Cómo puede estar en quiebra la empresa que explota y genera petróleo, el producto que mueve al mundo? Pensar que la quiebra de PEMEX se debe a errores administrativos sería, en el mejor de los casos, ingenuo. Lo que ha ocurrido con PEMEX no es mala gestión: es robo organizado desde las entrañas del poder.
Y más preocupante aún: el Estado no solo lo sabe. El Estado forma parte del negocio.
Otro indicador alarmante del avance del crimen sobre la política es la forma en que se neutraliza cualquier intento de rendición de cuentas, es decir, la institucionalización de la impunidad. Cuando aparecen evidencias claras —fotografías, grabaciones, testimonios— que vinculan a funcionarios públicos con grupos delictivos, la respuesta automática desde el poder es la misma: “Son calumnias de los adversarios. Todo es parte de una campaña política en contra del gobierno”. Con esa simple frase, se descarta la necesidad de investigar, se descalifica a los denunciantes y se cierra cualquier debate público. Se ha instalado una lógica perversa: basta con negar la evidencia para que el sistema de justicia se declare incompetente.
El resultado es una sociedad donde la corrupción ya no necesita ocultarse. Y donde el discurso oficial funciona como escudo para proteger a los criminales que hoy ocupan cargos públicos. Mientras tanto, los gobiernos siguen culpando a la pobreza como causa de la violencia. Pero los datos no sostienen esa narrativa. La violencia no surge porque alguien sea pobre. Surge cuando hay impunidad. Las armas, los arsenales, las rutas de tráfico, los drones y los millones de pesos que mueven los cárteles no provienen de la pobreza, sino del poder.
Como lo señalan Guillermo Trejo y Sandra Ley en su libro «Votos, drogas y violencia», los grupos criminales sí tienen un profundo interés en la política: les permite asegurar mercados, controlar rutas, imponer reglas y legitimar su presencia. Ya no son solo un poder fáctico: son el poder real en muchas regiones del país.
¿Y el Estado?
El Estado no ha desaparecido. Pero ha perdido el monopolio de la fuerza y la legitimidad. Y cuando eso ocurre, la línea entre gobierno y crimen se desdibuja. Ya no hay “alianzas” entre autoridades y mafias. Hay una nueva clase política surgida directamente del crimen organizado. Porque, como lo dijimos al principio, y como tristemente se constata en cada comunidad tomada por el narco: Cuando los criminales no temen al Estado, se vuelven Estado.
*Instituto de Ciencias Físicas, UNAM. Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM.
**Coautora del proyecto de colaboración digital.
imagen generada con ChatGPT. / cortesía de los autores
