¿Megaproyectos o sistemas locales? El dilema del Presupuesto 2026
La discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2026 ya está en marcha, y en el caso del sector hídrico ofrece señales encontradas. De entrada, el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) registra una reducción real de 5% respecto a 2025. A precios constantes, la contracción acumulada desde 2016 es cercana al 45%, lo que evidencia un debilitamiento sostenido de la capacidad institucional para atender los grandes retos del agua en México.
El Programa Nacional Hídrico, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno, plantea como ejes centrales garantizar el derecho humano al agua, fortalecer la gestión de acuíferos, reducir la contaminación de ríos y cuerpos de agua, y atender las brechas de infraestructura con criterios de equidad territorial y sustentabilidad. Sin embargo, al revisar el PPEF 2026, encontramos que la congruencia con dichas prioridades no siempre es tan evidente.
Por un lado, el programa de subsidios a los sistemas de agua potable locales U074 (el PROAGUA) crece apenas 3% en términos nominales, lo que en la práctica significa un estancamiento. Más grave aún, tres entidades (Puebla, Guerrero y Nayarit) aparecen sin asignación presupuestal, lo que no soporta el principio de universalidad en el acceso al agua. ¿Será que acordaron una asignación importante un año a cambio de pasar varios años sin ella? ¿O no han podido comprobar la correcta aplicación de los mismos y por ello ahora no se les asignan nuevos recursos? La Ciudad de México, Estado de México y otras entidades clave sí reciben recursos, pero con variaciones marginales que no responden a la magnitud de los desafíos locales
En contraste, el programa de inversión directa a cargo de la CONAGUA en obras de agua potable K027 (antes K007) muestra un aumento espectacular, casi seis mil por ciento respecto al año anterior. Los recursos se concentran en megaproyectos: la desaladora de Rosarito en Baja California, la Presa Tunal II en Durango, el Sistema Milpillas en Zacatecas, las presas Puerta del Sol y Sinoquipe en Sonora, así como el saneamiento de los ríos Lerma y Atoyac. Se trata de obras de alto impacto y elevada inversión, pero también de gran complejidad social y ambiental. La apuesta por estas infraestructuras puede ser estratégica, aunque deja dudas sobre la atención a miles de sistemas de agua potable urbanos y rurales que enfrentan rezagos más inmediatos.
La pregunta de fondo es si este diseño presupuestal acompaña realmente los objetivos del Programa Nacional Hídrico. La reducción de recursos a CONAGUA orientada a megaproyectos limita sus capacidades de planeación, inspección y gestión del agua en cuencas y acuíferos, que debería ser su tarea fundamental. El estancamiento de PROAGUA dificulta apoyar a organismos operadores locales, que son la primera línea en la garantía del derecho humano al agua. Y la concentración de inversión en unos cuantos megaproyectos, aunque visibles y políticamente atractivos, no necesariamente atiende la visión integral de sustentabilidad planteada en el PNH.
El debate legislativo podría ser una oportunidad para reorientar el presupuesto hídrico y asegurar que cada peso invertido sea coherente con las metas nacionales. Sin embargo, no creo que hagan mayores cambios al Proyecto de Presupuesto; esta legislatura seguramente defenderá con todo la propuesta del Ejecutivo.
Más allá de las cifras, conviene preguntarnos si concentrar miles de millones de pesos en unos cuantos megaproyectos es la mejor inversión para garantizar el derecho humano al agua. ¿No sería más eficaz destinar esos recursos a fortalecer a los miles de pequeños sistemas locales de abastecimiento, que día a día sostienen el suministro en comunidades rurales y ciudades intermedias? La disyuntiva entre grandes obras y apoyo a lo local debería estar en el centro de la discusión, pues de ella depende que la política hídrica sea realmente incluyente y sustentable.
*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR
