La trata de personas en México y la prevención activa de la dignidad humana
José Manuel Meneses Ramírez*
De acuerdo con la perspectiva de los derechos humanos la dignidad humana es universal. Esta afirmación se sustenta en principios fundamentales reconocidos tanto nacional como internacionalmente. Quizá el más importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que establece en su primer artículo que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la dignidad como base y fin de los derechos fundamentales, garantizando que ninguna persona puede ser tratada como mercancía o instrumento, lo que resulta clave para comprender contextos como la trata de personas. En el marco de la protección y promoción de los derechos humanos, la universalidad de la dignidad implica que todas las personas, sin distinción de nacionalidad, edad, género o condición social, deben ser protegidas contra cualquier forma de explotación, abuso o discriminación. Esta visión fortalece la defensa de la integridad y libertad de los individuos, al tiempo que obliga a las instituciones y a la sociedad a velar por la prevención activa de violaciones a la dignidad humana.
De tal suerte que, el reconocimiento pleno de la dignidad humana nos permite establecer la primera y más importante plataforma para la protección de la integridad de las personas. Sabemos bien que el núcleo normativo que se articuló durante la última etapa de la modernidad postula derechos imprescriptibles, inviolables e inalienables. Por el contrario, la trata de personas, como conducta delictiva, representa la continuidad y actualización de una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad, ya que puede verse como una forma de esclavitud moderna que, además, revela la perversión del mercado potenciada por las asimetrías sociales, a lo que se suma la alta movilidad y otros factores que se profundizan en el contexto de un mundo globalizado.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la trata de personas “implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de seres humanos mediante amenazas, fuerza, engaño o abuso de poder para explotarlos.” De tal modo, las condiciones sociales y económicas de nuestro país y, de toda América central, plantean uno de los escenarios más propicios para la trata a nivel mundial. Sin embargo, la experiencia indica que, a través de una visión más amplia de sus derechos, la ciudadanía está mejor preparada para hacer frente a las condiciones de movilidad y a las amenazas relacionadas con un mercado que, en el extremo, atenta contra la dignidad y la libertad de las personas, reduciéndolas a mercancía o moneda de cambio. Desde esta perspectiva, la certeza del orden normativo y el conocimiento de sus fundamentos nos permiten estar protegidos y prevenir conductas delictivas en contextos de vulnerabilidad.
El panorama para nuestro país es complejo, pues de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al corte de enero de 2024, tenemos que 474 niñas, niños y adolescentes en México han sido víctima de “tráfico de menores”, tan solo en el periodo que comprende de enero de 2015 a enero de 2024. Cabe puntualizar que el 48.9% de estas víctimas eran mujeres y 51.1% eran hombres. Por su parte, durante el periodo de enero a noviembre de 2025 se presentaron 581 casos, lo que habla de un fenómeno que se intensifica con rapidez. En este sentido podemos destacar las condiciones adversas en Ciudad de México con 67 casos, Estado de México con 103 casos, y Quintana Roo con 154 casos. Estas cifras nos permiten reconocer la complejidad del fenómeno en nuestro país y nos revelan uno de los perfiles de vulnerabilidad más importantes a considerar: la población infantil en edad escolar. En este mismo contexto, en el estado de Morelos únicamente se presentaron tres casos, uno en enero y dos en julio, por lo que se ubica entre los estados con menor índice de trata de personas, junto con Yucatán (0), Aguascalientes (1) y Colima (1), según los datos del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La fortaleza de la comunidad nos permite hacer frente a este tipo de conductas delictivas, podemos señalar que la salud del tejido social es uno de los principales ejes para el combate de la trata de personas; así pues, no se trata únicamente de prevenir, sino de intervenir el espacio público para crear condiciones que nos permitan combatir todas las formas de la trata de personas. El resguardo de la dignidad de las personas implica, sobre todo, la colaboración y una cercanía con nuestras autoridades y con nuestra comunidad en un modelo de prevención activa. Es necesario reforzar nuestra perspectiva ciudadana y su relación directa con la dignidad y la integridad de las personas. Desde luego, se puede destacar la importante labor de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de la Organización Internacional para la Migración; así como de la Comisión Unidos contra la trata A.C.
* Filósofo y politólogo.
