Cuando la forma opaca el fondo: las reformas a la Ley de Aguas Nacionales
Las reformas a la Ley de Aguas Nacionales fueron aprobadas. Con resistencias visibles, con protestas en varios estados y con profundas dudas sobre sus efectos reales, pero aprobadas al fin. De repente, el país amaneció con un nuevo marco jurídico que transforma la manera en que se regulan los derechos de agua, no porque haya existido un consenso social amplio, sino porque la mayoría legislativa así lo decidió. Y como en otras ocasiones, la forma en que este avance ocurrió dejó más sombras que certezas: discusiones aceleradas, reservas incorporadas a última hora y una votación que pareció atender más a la dinámica legislativa del momento que a la complejidad del tema. En un asunto tan delicado como el agua, lo menos que hubiese merecido el país era un proceso transparente, con análisis público y debate real. Pero no fue así.
La resistencia que generó la reforma no fue menor. Campesinos, productores agrícolas, organizaciones rurales y especialistas expresaron su preocupación no solo por los cambios en la gestión de las concesiones, sino por la manera abrupta en que se modificó un sistema que llevaba décadas construyéndose. Para muchos pequeños productores, la posibilidad de transferir derechos o de hacer valer la antigüedad de sus títulos había sido parte esencial de su actividad económica. Para destrabar la discusión se introdujeron modificaciones que, según se anunció, atendían las inquietudes del sector campesino. El mensaje de fondo es claro: el Estado “reafirma” su autoridad plena sobre el agua. Sin embargo, la legitimidad con la que se ejerza esa autoridad dependerá de algo que en esta ocasión faltó: claridad, transparencia y participación.
A lo anterior se suma un elemento que no debería pasar desapercibido: la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación no ha ocurrido, al menos no al momento de escribir estas líneas. La aprobación legislativa existe, pero la entrada en vigor se mantiene en suspenso. Ese vacío abona a la incertidumbre. ¿Habrá cambios aún? ¿Cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas reglas? ¿Cómo deben proceder quienes hoy están en trámites? La opacidad en este punto no es un detalle técnico: es un riesgo real para la seguridad jurídica. Una reforma de esta magnitud debió acompañarse de una comunicación clara y de su publicación inmediata, no de silencios que abren la puerta a interpretaciones anómalas o, peor aún, discrecionales.
Y quizá ahí radica una de las mayores preocupaciones. Cuando una ley se aprueba de manera acelerada, sin plena transparencia y sin un proceso de consulta genuino, el temor es que pueda utilizarse en contra de ciertos actores económicos o productivos que, desde la óptica política, se perciban como “enemigos”. En un contexto donde la autoridad federal ha adoptado posiciones confrontativas frente a algunos sectores, es legítimo preguntarse si esta reforma se aplicará con criterios técnicos o si existirá la tentación de usarla como herramienta de presión o alineamiento. El poder discrecional, cuando no está acotado, termina debilitando la confianza en las instituciones.
Por eso, la esperanza ahora se deposita en el Reglamento de la Ley, que tendrá la responsabilidad de traducir este marco legal en criterios claros, operables y verificables. México necesitaba una discusión seria y amplia sobre el agua. Esa discusión, sin embargo, no ocurrió en la dimensión que el país merecía. Hoy tenemos un cambio legal aprobado, pero no necesariamente legitimado. Falta su publicación, falta el Reglamento y falta, sobre todo, reconstruir la confianza en que las decisiones sobre el agua se toman pensando en el interés público y no en luchas políticas coyunturales. Ojalá que los próximos pasos estén a la altura de la gravedad del momento hídrico que vive el país. Porque si algo debió quedar claro en este proceso, es que la opacidad nunca es buena consejera cuando se trata de gobernar un recurso tan vital como el agua.
*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR.
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