“Quien no sepa qué es la ciencia, no podrá ver la ciencia ni advertir su falta”.
Marcelino Cereijido parafraseando a Jean Piaget.
Con la novedad de que en la próxima administración del gobierno federal, tendremos una Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Aunque ha sido una propuesta reiterada de varios miembros de la comunidad y organizaciones científicas, no parece ser una concesión a estos grupos, que han sido críticos de la política científica del Estado, mucho menos es el resultado de un diálogo con la comunidad científica.
Tampoco puede interpretarse como un ascenso administrativo del hasta ahora Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología (CONAHCYT), ya que en el sexenio que termina, la gestión de este organismo fue confusa, desordenada e ineficiente. Puede ser que responda a una intención genuina de reinvindicar la ciencia como parte esencial para el desarrollo del país, o bien solo sea la mera distribución de posiciones políticas entre los miembros del movimiento que ganó la elección presidencial pasada.
Sea como sea, tendremos una SECIHTI, que por ahora ha creado expectativas en la comunidad científica y en la esfera política. Algunos analistas políticos interpretan esta novedad como una señal de que las decisiones del próximo gobierno estarán basadas en información científica, en claro contraste con las decisiones de esta administración.
Argumentan que tanto la Presidenta electa, la Dra. Claudia Sheinbaum, como la recién nombrada Secretaria de la SECIHTI, la Dra. Rosaura Ruiz, han sido formadas profesionalmente en el ámbito científico. Sin embargo, sabemos por experiencias pasadas que los méritos académicos de un funcionario –cualquiera que sea el ámbito de su desempeño– no son garantía de una buena gestión pública. A lo largo de una historia de 54 años, el CONACyT –creado por decreto en 1970– ha tenido varios directores con una carrera destacada en la ciencia, y una gestión administrativa de claroscuros. La última directora, la Dra. Elena Álvarez-Buylla, tiene una carrera sobresaliente en las ciencias biológicas. No obstante, su gestión de la política científica no fue igual de destacada, pues sus decisiones impactaron gravemente la estructura de la comunidad científica.
Una evaluación crítica del papel del CONACyT en el desarrollo de la ciencia en México aún está por escribirse. El CONACyT ha sido responsable de la estructura científica actual, complementando las actividades de las universidades públicas. La mayoría de los científicos con los que cuenta el país fueron becados por el CONACyT para sus estudios de posgrado. A lo largo de su historia, el CONACyT ha creado 26 centros públicos de investigación y laboratorios nacionales de apoyo, distribuidos en varios estados del país.
Pero el CONACyT ha sido insuficiente, y la gestión de los proyectos que apoya ha sido cuestionada varias veces. En particular, aquellos que se realizan en conjunto con empresas privadas, cuyos beneficios sociales no han sido claros. Esta ha sido una de las debilidades de las administraciones del CONACyT de anteriores sexenios.
Las reformas introducidas por el nuevo CONAHCYT tampoco se pueden calificar de exitosas, y, por el contrario, muestran una disminución de los apoyos en diversos sectores, como las subvenciones a proyectos y a las becas de posgrado nacionales y en el extranjero, en un afán de austeridad que casi las extinguió. Está claro que, con un presupuesto limitado y a la baja, y sin contar ahora con fideicomisos de apoyo a la investigación, la escasez de recursos se refleja en los sectores más débiles de la cadena: investigadores al inicio de sus carreras, estudiantes y mujeres de ciencia.
El CONAHCyT –con H– heredará a la nueva Secretaría un considerable número de problemas en un entorno político adverso a la ciencia. Si la SECIHTI también hereda el bajo presupuesto para la ciencia derivado de la austeridad republicana, es poco lo que pueda proyectar y apoyar. En la nueva ley de ciencia y tecnología, aprobada por los diputados el 29 de abril del año pasado, se margina la participación de la comunidad científica y las universidades en las decisiones de política científica del CONAHCyT, favoreciendo la participación de las entidades del gobierno, incluyendo a las Secretarias de la Defensa y Marina. Recobrar el diálogo con la comunidad científica es una tarea que hasta ahora no se sabe si la Dra. Rosaura Ruiz promoverá. En los últimos años se les ha exigido a los científicos un mayor compromiso social y trabajar en proyectos de prioridad nacional, quizá porque hay escaso conocimiento de la universalidad de la ciencia, y que la obtención de conocimiento nuevo tiene un valor humano inestimable. Aparte de esto, todo lo demás es retórica. Por ahora, solo resta despedir al CONACyT y esperar cambios objetivos en la política científica del país con la nueva Secretaría.
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