La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. No prescribe hasta que se conoce el paradero de la persona, se logra establecer la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
Uno de los temas que hemos abordado de manera permanente durante estos años, ha sido el de la desaparición forzada, precisamente a raíz de la desaparición en Cuautla, Morelos, del compañero José Ramón García Gómez, que se cumplieron 36 años este 16 de diciembre. Él fue desaparecido por elementos de un grupo policiaco al mando de Apolo Bernabé Ríos, Antonio Nogueda Carbajal y creado por órdenes del gobernador Antonio Riva Palacio López, los tres ya fallecidos. Se creó una Fiscalía Especial y se emitieron dos Recomendaciones por parte de la CNDH en 1990 y 1991. A pesar de que fueron detenidos y encarcelados 3 policías, no se logró ubicar el paradero de José Ramón.
Este caso emblemático del compañero desaparecido José Ramón García Gómez sigue sin resolverse. En el mes de diciembre de 2020 nos dirigimos a la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, solicitando la incorporación del caso de nuestro compañero a su base de datos y que se llevaran a cabo todas las actividades de búsqueda. Se han enviado oficios a diversas dependencias locales y federales solicitando información y actuaciones específicas para dar respuesta al caso. Sin embargo, hasta la fecha, no hemos recibido informes de respuesta de las correspondientes dependencias.
Así mismo manifestamos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos que la búsqueda debe regirse por una política pública, siendo uno de sus objetivos la prevención de desapariciones forzadas y el esclarecimiento de las ya ocurridas, así como el justo castigo de los perpetradores y la adopción de medidas de protección de las víctimas y medidas que garanticen que no se vuelvan a cometer Desapariciones Forzadas. Las autoridades encargadas de las búsquedas deben diseñar, con la participación de las víctimas y sus organizaciones, una estrategia integral (incluyendo un plan de acción y un cronograma que debe ser evaluado periódicamente) así como realizar análisis de contexto. Las autoridades con competencia deben de contar con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin necesidad de previo aviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas, incluidas las instalaciones militares, de policía, así como recintos privados. Además de tener acceso irrestricto a toda información, documentos (inclusive los considerados de seguridad nacional), base de datos, archivos y registros de las fuerzas de seguridad, militares, de policía y de instituciones particulares. Así también los Protocolos de búsqueda deben ser revisados y actualizados periódicamente o cada vez que sea necesario para responder a aprendizajes, innovaciones y buenas prácticas que inicialmente no habían sido previstas. Es una obligación institucional el impedir las violaciones sistemáticas y combatir la impunidad de las desapariciones forzadas tanto de las presentes como las del pasado.
Resaltamos la importancia y necesidad de aplicar los principios de la ONU en materia de Desaparición Forzada, poniendo en primer lugar la búsqueda en vida, ya que la presunción de que las personas desaparecidas están con vida en algún lugar, de manera forzada y no por su voluntad, implica dedicar recursos suficientes, tanto materiales como en capacidad científica profesional, así como que haya la voluntad política necesaria para derribar todos los obstáculos institucionales y se establezcan las garantías de no repetición. Es necesario seguir fortaleciendo estrategias colectivas hasta lograr su erradicación, para que ya no exista una simulación institucional, sino una verdadera voluntad política para atender, sancionar y erradicar dicha práctica violatoria de derechos humanos como es la desaparición forzada en la entidad. Sobre todo ahora que se han documentado más de 1,500 desapariciones en los últimos 5 años en Morelos.
Si bien es verdad que el caso de nuestro compañero José Ramón García Gómez fue incluido en el Informe de la Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico creado por decreto presidencial, deben tomarse todas las acciones y medidas para que esta desaparición forzada, la primera del entonces gobierno priista de Salinas de Gortari, no permanezca en la impunidad con el paso de los años.
Recordando el ejemplo de lucha de José Ramón, asumimos un compromiso de vida, entendiendo que la militancia surge de la consciencia de la necesidad de transformar la vida y que por lo tanto implica transformarnos nosotros mismos. Que nuestros cuestionamientos e intenciones tienen que ver no solamente con lo que pensamos, sino sobre todo cómo lo llevamos a la práctica, uniendo el pensamiento y la reflexión a la acción, como lo leíamos en la tesis once de Marx sobre la teoría de la praxis, no sólo se trata de interpretar el mundo, sino de transformarlo.
El Partido, decía José Ramón, como un instrumento para la acción política colectiva, donde el programa de lucha anticapitalista, indica claramente el objetivo y el funcionamiento democrático y centralizado significa la posibilidad de analizar, dialogar, debatir y resolver las tareas mediante procedimientos colectivos, sin depender de una sola persona o dirigente que se coloca por encima de la militancia.
Una herramienta que significa la esperanza organizada y no un aparato para obtener privilegios. Actualmente todos estos temas continúan estando en debate y a la orden del día en múltiples luchas que se llevan a cabo en nuestro país.
No somos nostálgicos del pasado, ni pensamos que todo tiempo pasado fue mejor. Apostamos al futuro abrevando en nuestra propia historia. Reivindicamos el camino andado y nos aprestamos a seguir construyendo con perspectiva de futuro.
¡A 36 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez en Cuautla, Morelos, no olvidamos!
No hay democracia con desaparecidos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Imagen cortesía de los autores
