LA INJUSTICIA DE LA JUSTICA. Más de doscientas treinta y seis mil resoluciones se dejaron de emitir por quienes en una supuesta calidad de impartidores de justicia fueron más allá del interés social y defensa
de los derechos humanos, para así constituirse en un bloque de contención al mandato popular establecido en el artículo 39 de la Carta Magna. Así como en más de ocho décadas del bipartidismo conservador neoliberal se produjo, ocasionó y prolongó la agonía del tejido social al grado de la descomposición y estragos que se resienten aún y con el cambio verdadero garantizado por la 4T desde el 2018, hoy con un desparpajo pueril y cínico, los ministros, magistrados, jueces, secretarios y demás funcionarios del poder judicial federal, en complicidad de sus más allegados entre parientes cercanos, hijas, nietos, primos, hermanos, tíos, parejas sentimentales, novios, esposas y esposos, etc., con sólo 71 días de paros laborales entre permanentes e intermitentes, han logrado incrementar en agravio de los justiciables y de las familias de éstos, el ya de por sí añejado rezago. Sin importarles absolutamente nadie más que sus aviesos fines e intereses oscuros y no tan oscuros, medrando con el chantaje y la extorsión hacia el constituyente representante del pueblo sabio, lograron la consolidación del repudio, rechazo y la generalizada exigencia de trabajo, resultados y el inmediato cumplimiento a los principios pro persona o por homine, de acceso efectivo a la justicia y que la misma sea sin resistencia alguna, de manera pronta y expedita. Las materias penal, civil, laboral, agraria, familiar, fiscal, administrativa entre otras, deberán esperar en sus resoluciones más de dos años para que se obtengan conclusiones en sus expedientes; sí de por sí los amparos indirectos tardaban más de año y medio para ser resueltos en definitiva y sin lugar a más recursos de revisión, ahora y gracias a los “eruditos” plenipotenciarios jurisconsultos, mínimo llevarán tres años para que sirvan de protección constitucional a los quejosos. Nada más agresivo en el sistema de justicia de un Estado Democrático, que la negligencia, opacidad, ignorancia, retardo e injusticia en su quehacer cotidiano.
- CIFRAS Y DATOS DUROS. La carga de trabajo que se ha acumulado en el poder judicial federal y sus pares tribunales locales, no está implícita exclusivamente en el irresponsable e injustificado abandono de las áreas de trabajo orquestada y manipulada desde la Suprema Corte y sus integrantes, sino más bien corresponde a datos y cifras efectivas que se obtienen del último Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal del 2023, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, así de sencillo, si con sus “arduas” jornadas laborales apenas lograban tener una efectividad acaso del cuarenta por ciento en lo general de cada órgano colegiado o unitario incluyendo juzgadores de distrito, sumando dicho rezago con toda la sumatoria de nuevos miles de asuntos de competencia unitaria o colegiada hasta el pleno de la corte, resulta sencillo obtener el resultado que se ha citado por el referido Instituto; ni hablar de las audiencias canceladas que hoy se sabe han sido alrededor de veintiún mil quinientas en setenta y un días, aún y con las “guardias” que se establecieron de manera unilateral y de acuerdo a los intereses que se manejan en el referido poder de injusticia. En conclusión a éste tópico, el rezago, la ausencia de justicia pronta y expedita, de resoluciones apegadas a la defensa de derechos humanos y veredictos que contribuyan al respeto irrestricto a la imploración de justicia, son exclusivamente responsabilidad de quienes con toga y birrete paralizaron y detuvieron el tren de la exigencia social, para que concluya ese período de más de veinte años en que se construyó lo que representa el oscurantismo judicial.
- DAÑOS COLATERALES. Sin duda que aunado a las graves afectaciones que en ámbito de la competencia federal se surte por el referido paro de labores de 71 días, deberán sumarse las exigencias por justicia que en materias familiar, penal y civil entre otras, ya calculan en los juzgados del fuero local, tan es así, que de acuerdo a las voces que dirigen sus labores, advierten sobre la acumulación de asuntos en los que por lo menos en un sesenta por ciento se relacionan con amparos y ello, recibirá una dosis de presión más a lo que de suyo ya llevan a cuestas los administradores de justicia. El caso es que a unos y otros golpea la situación caótica en que ha quedado la función judicial que, a su rezago por todos conocido, se incrementará exponencialmente con la herencia que deja ese paro de labores con más tientes de manipulación dolosa por quienes están a la cabeza y que pusieron redacciones e interpretaciones a modo a la reforma judicial, para azuzar a los trabajadores que en el texto vigente de la reforma tienen garantizados desde siempre sus derechos laborales. Mientras tanto, imploradores de justicia de todas las materias, familiares, abogados litigantes y el conjunto de actores que intervienen en los procesos judiciales, a sufrir las inclemencias de las conductas irresponsables, ilícitas y de responsabilidad administrativa y política atribuidas por mucho al poder judicial. I
- CONVOCATORIA Y ELECCIÓN. Hacia la elección de los juzgadores que sentarán las bases de un novísimo sistema de impartición de justicia en el esquema de auténtica administración de ésta, dando a cada quien lo suyo en cumplimiento al concepto mínimo que de dicha protección humana impuso Ulpiano, se ha obtenido el anuncio de invitación para que abogad@s de todas las latitudes del país se inscriban y participen en los procesos de elección supervisados y sancionados por comités previamente seleccionados para que se cumplan todos los requisitos de ley en un amplio campo de transparencia de frente a la sociedad, y para el mes de junio de 2025 surgirá la estructura humana más confiable y con garantía de preparación y honestidad que la nación requiere
1000 PALABRAS: No hay para que asustarse con el petate del difunto, México está preparado para transitar hacia cambios estructurales en la forma de hacer gobierno, dentro de sus tres poderes y niveles en el sistema democrático humanizado que exigen los gobernados; no nos extrañe que próximamente estemos arribando al sistema mixto del poder judicial, en el que los juzgadores sólo impongan la pena y quienes juzguen sea un jurado popular.
