Yaril Díaz Castañeda* y Gabriela Mendizábal Bermúdez**
Cada 2 de octubre solemos recordar a las y los estudiantes de la matanza de Tlatelolco y nos ayuda a reflexionar sobre qué tanto han mejorado su situación en el proceso de su formación.
La seguridad social es un derecho que protege a las personas frente a situaciones de necesidad como enfermedades, accidentes o invalidez, entre otras. En el caso particular de las y los estudiantes, el acceso a este derecho se ha dado luego de levantar la voz en diversas ocasiones para exigir un otorgamiento adecuado que les permita enfrentar los riesgos asociados con las actividades académicas que desarrollan.
A propósito de ello, el movimiento estudiantil de 1968, uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de México, evidenció el descontento de los estudiantes al exigir un cambio en las medidas políticas, sociales y económicas del gobierno de esa época y, la violencia y represión que ejerció el Estado como respuesta, dejó ver la vulnerabilidad en la que se encontraba la comunidad estudiantil, no solo en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, sino el respeto a su integridad personal, dignidad humana y vida.
A raíz de esta situación, se puso en el tintero el hecho innegable de que el estudiantado merecía y necesitaba una protección amplia no solo frente a los riesgos que podían generarse en el ejercicio de sus actividades académicas, sino también como sujetos activos de la sociedad.
Es así como, años más tarde el 10 de junio de 1987, siendo presidente Miguel de la Madrid, se expidió un decreto en el que se incorporaban al seguro facultativo del IMSS las personas que cursaran estudios de nivel medio superior y superior en planteles públicos oficiales del sistema educativo nacional, mismo que continua vigente.
En relación con el decreto, según datos proporcionados por el INEGI en el Estado de Morelos hay un total de 485,506 estudiantes activos, de ellos 74,708 están inscritos en el nivel medio superior y 65,561 en el nivel superior. A nivel nacional el registro asciende a 33,062,447 estudiantes de los cuales 4,985,005 cursan el nivel medio superior y 4,051,691 el nivel superior. Estos últimos tienen derecho al seguro facultativo mencionado con anterioridad.
Este seguro facultativo del IMSS cubre los servicios de atención médica, estudios de laboratorio, rayos X, hospitalización, cirugías, y atención obstétrica y si bien el espectro de atención a la salud que se contempla cubre las necesidades médicas inmediatas, no estamos ante de una protección integral de los riesgos que pueden presentarse, pues existen limitaciones importantes al respecto.
En el caso de accidentes que pueden ocurrir cuando se llevan a cabo prácticas con sustancias peligrosas, maquinaria especializada o incluso en las actividades físicas de quienes se desempeñan en esas áreas, el seguro facultativo no contempla el otorgamiento de indemnizaciones o pensiones por una incapacidad permanente que puede incluso ser total en casos graves.
En ese sentido, existen países como España donde las prestaciones del seguro estudiantil perteneciente a su sistema de seguridad social, incluye la asistencia médica y farmacéutica, indemnizaciones y pensiones por incapacidad e indemnizaciones por fallecimiento, además de infortunios familiares.
Es decir, que en caso de que un estudiante tenga un accidente derivado de actividades directa o indirectamente relacionadas con su condición de estudiante, incluidas las deportivas, asambleas, viajes de estudios, prácticas, o incluso por el fallecimiento del cabeza de familia o por ruina o quiebra familiar, este seguro los indemniza o pensiona según el supuesto en el que se ubiquen.
Luego entonces, podemos afirmar que es posible contar con una protección como la descrita anteriormente y es necesario que México defina una cobertura más completa al respecto.
No olvidemos que además de estudiantes hablamos de miembros de la sociedad que son hijos, en ocasiones esposas/os y padres o madres de familia y muchos asumen responsabilidades familiares y económicas, por lo que cualquier accidente grave o incapacidad puede tener repercusiones devastadoras tanto para ellos, como para sus familias y la falta de una cobertura adecuada ante estas situaciones los deja en el mismo estado de vulnerabilidad que un trabajador no protegido por la seguridad social.
*Estudiante de la maestría en Derecho de la Facultad de Derecho y CS de la UAEM.
**00Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la FDyCS de la UAEM.
