- La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización indaga ejercicio de recursos de los últimos cuatro años.
- El procedimiento inició por una denuncia anónima, que el presidente del Tribunal atribuye a otros magistrados.
- Las denuncias sobre presunta corrupción en el Poder Judicial de Morelos se han multiplicado en los últimos años.
La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) notificó al Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos el inicio de una auditoría especial sobre los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, con el fin de dar respuesta a una denuncia anónima sobre probables hechos de corrupción en el ejercicio de los recursos del Poder Judicial.
Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal, confirmó haber sido notificado del inicio de la auditoría especial la semana pasada, con base en “una denuncia anónima, lo que resulta un poco extraño, porque nosotros tenemos conocimiento (de) que no fue tan anónima la denuncia para iniciar esta auditoría de ejercicios fiscales que ya están revisados, que ya están concluidos”.
Pese a ello, reconoció la facultad de la ESAF para practicar estas revisiones: “estaremos atendiendo los requerimientos de la auditoría para dar cumplimiento a la ley… lo único que nosotros pedimos es… que sea un tema jurídico y legal y no un tema político”.
Confirmó que la auditoría revisará los ejercicios fiscales desde el 2021 a la fecha y aseguró que, si bien el procedimiento especial responde a una denuncia anónima, “ellos nos están notificando que es en base a (sic) una denuncia anónima, sin embargo, nosotros teníamos conocimiento de que se presentó por parte de unos magistrados del Tribunal ese escrito donde solicitaban la auditoría especial”. Y aseguró “lo extraño que sucede es que la propia ley señala que cuando se solicita una auditoría especial se tienen que presentar pruebas para que se reabran los ejercicios”.
Las añejas denuncias y conflictos políticos en el Tribunal
Los escándalos por presunta corrupción en el Poder Judicial de Morelos no son nuevas y han sido componente de conflictos internos en el Tribunal Superior de Justicia desde hace por lo menos cinco años, cuando Rubén Jasso Díaz era el magistrado presidente quien al entregar el cargo reconocía la existencia de malas prácticas en el sistema de impartición de justicia.
En julio del 2022 asumió la presidencia el magistrado, Luis Jorge Gamboa Olea con la promesa de terminar con la corrupción y mejorar al Poder Judicial; sin embargo, la esperanza duró poco. Desde entonces las denuncias sobre suspensión de actividades del órgano judicial en plena pandemia lastimando los derechos de justiciables, y de la continuación y hasta agravamiento de malas prácticas aumentaron.
En agosto del 2023, un grupo de magistrados buscaron destituir en el pleno a Gamboa Olea, a quien acusaban de diversas conductas que pudieran constituir actos de corrupción, como actos de presunto acoso laboral en contra de trabajadoras, buscar influir en las determinaciones de jueces y magistrados, y la opacidad en el nombramiento de su esposa como jueza. El intento no tuvo éxito.
A finales de ese año, la LV Legislatura del Congreso de Morelos designó a una decena de magistrados para completar las salas del pleno, la mayor parte de ellos de inmediato se pronunciaron en contra la de permanencia de Gamboa Olea en la presidencia del Poder Judicial local.
En septiembre del 2024 los magistrados adversarios de Gamboa Olea acusaron probable corrupción en la designación de jueces civiles y penales con la que se habría beneficiado a personajes afines a los cuatro magistrados que apoyan al presidente del Tribunal y a él mismo.
El 24 de octubre, el conflicto en el Judicial fue tocado en una reunión con la gobernadora, Margarita González Saravia quien se dijo respetuosa de las decisiones autónomas del Judicial y los conminó a trabajar para mejorar la seguridad y la justicia en Morelos.
Los problemas, sin embargo, continuaron y los hechos de corrupción que involucrarían a jueces y magistrados formaron diversas causas penales; la más reciente de ellas en contra de una juzgadora que fue vinculada a proceso por los delitos de robo calificado, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias y fraude procesal.
Gamboa Olea admitió entonces que por lo menos habría procedimientos en contra de ocho personas juzgadoras del Tribunal Superior de Justicia. En paralelo, los magistrados que no lo reconocen como presidente del órgano habían solicitado ya a la ESAF una auditoría especial que revisara el uso de los recursos del Tribunal, que calificaban como irregular.