Con identidad Trump
Órdenes ejecutivas de Donald Trump y sus repercusiones en el tema migratorio
Donald Trump tomó la presidencia por segunda vez el día 20 de enero de 2025, desde entonces ha emitido 51 distintas órdenes ejecutivas, algunas afectan el tema migratorio de manera importante. Aquí el recuento de los mandatos presidenciales y un breve análisis. Desde los primeros días del nuevo presidente estadounidense, se aprobaron 51 órdenes de este tipo. Algunos periódicos como CNN categorizan 8 de carácter migratorio (Merrill y O´Kruk, 2025). Mientras que otros medios como NBC (NBC Chicago Staff, 2025) prefieren categorizar por «impacto».
En ese sentido, parece prudente revisar ambos rubros de una primera semana que se augura como una parte de cuatro largos e intensos años. El 20 de enero, se aprobaron 8 medidas bajo del tema de inmigración y se firmaron con los siguientes nombres: «Protección del pueblo estadounidense contra la invasión», «Protección de nuestras fronteras», «Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», «Reestructuración del programa de admisión de refugiados de los Estados Unidos», «Aclaración del papel de las fuerzas armadas en la protección de la integridad territorial de los Estados Unidos», «Declaración de una emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos», «Garantizar la protección de los estados contra la invasión».
Las órdenes ejecutivas o decretos presidenciales son directivas mediante las cuales los presidentes ejercen su autoridad legal. Estas medidas pueden entrar en disputa con otros poderes judiciales. Por ejemplo, durante su primer mandato Trump intentó prohibir que ciudadanos de países musulmanes viajaran a Estados Unidos, pero los tribunales evitaron este decreto (Savage, 2025).
Un tema con repercusiones fronterizas es la «Designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados». Al declarar «emergencia nacional al sur de la frontera» permite al secretario de defensa desplegar miembros de las fuerzas armadas en la frontera y usar más recursos federales. La operación «catch and reléase» termina con la «permisión» de que los migrantes entren de manera irregular para solicitar asilo. El que vuelva el programa «Quédate en México» hace que los migrantes de todo el mundo esperen a que su solicitud de asilo sea aprobada, pero la espera se hace en México. Además, esta medida unilateral, es decir, que México no acepta de manera legal esta medida. Otra medida importante es la suspensión del reasentamiento de refugiados por cuatro meses. Trump cambia la definición de ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que entendemos en la tradición legal mexicana como ius soli (aunque esta medida fue restringida por un juez en Estados Unidos). También, una de las órdenes ejecutivas autoriza el despliegue de tropas militares para repeler las «formas de invasión, incluyendo la migración masiva, el tráfico de drogas y la trata/tráfico de humanos» así como otras actividades criminales.
El mundo ha cambiado desde la llegada del “nuevo“ ejecutivo a los Estados Unidos, su política hacia el exterior recuerda a la política “del garrote” en América Latina. Muchas de las medidas aquí presentadas ya han sido analizadas en esta columna. Por ejemplo, el tema de “la crisis” o “la emergencia” como medida política para acelerar el despliegue de recursos militares, políticos y económicos. El uso del discurso trafiquista para ilegalizar perfiles en todo el continente. También, la liga entre el migrante y el narcotráfico como un dispositivo que permite la amalgama entre la ilegalidad, el estereotipo y el reforzamiento de políticas e ideas xenófobas. Las primeras deportaciones han llegado a México y a Guatemala. Tal parece ser que los números son relevantes pues quizá Trump deporte más de lo que promete, pero también las medidas draconianas implican un sufrimiento subjetivo que los migrantes encarnan.
*Momoxca, internacionalista, escritor y migrantólogo.
Con identidad Trump
Agua para todos
Trump ¿un peligro para los tratados sobre distribución de aguas con México?
Juan Carlos Valencia Vargas*
La nueva administración de Trump podría representar una amenaza para los tratados internacionales sobre la distribución de aguas entre México y Estados Unidos, particularmente debido a las políticas y posiciones proteccionistas de su gobierno respecto a los compromisos internacionales y la gestión de recursos compartidos.
El Tratado de 1944 regula la distribución del agua de los ríos Colorado, Bravo y Tijuana. En el caso del Río Colorado, Estados Unidos está obligado a entregar a México un volumen anual de 1,850 millones de metros cúbicos. Por su parte, México debe aportar a Estados Unidos un promedio anual de 431 millones de metros cúbicos provenientes de los ríos Conchos, San Diego y Salado, además de otros afluentes del Río Bravo. Estas entregas se realizan en ciclos de cinco años, y si México no cumple con el volumen estipulado en un ciclo, debe compensarlo en el siguiente. Pero a nuestro país le cuesta cada vez mas cumplir.
Aunque los acuerdos, como el Tratado de Aguas de 1944, están respaldados por mecanismos legales y una estructura bilateral robusta a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), ciertos factores podrían generar tensiones.
En primer lugar, el enfoque unilateral que caracterizó la administración previa de Trump puede influir en las relaciones bilaterales. Durante su mandato anterior, el expresidente mostró una tendencia a cuestionar o renegociar acuerdos internacionales cuando consideraba que no favorecían los intereses estadounidenses. Esto podría traducirse en presiones para modificar los términos del tratado, particularmente en escenarios de escasez de agua en el suroeste de Estados Unidos, una región que depende en gran medida del agua del Río Colorado.
Otro aspecto crítico es la posible despriorización de los compromisos ambientales. Los acuerdos bilaterales recientes, como la Minuta 323, incluyen disposiciones sobre la restauración del delta del Río Colorado y la protección de ecosistemas transfronterizos. Una administración menos comprometida con la agenda ambiental podría reducir los esfuerzos conjuntos en este ámbito, afectando tanto la calidad como la cantidad de agua disponible para México.
Además, el impacto del cambio climático, con sequías más frecuentes e intensas, podría exacerbar la competencia por los recursos hídricos compartidos. Si la administración de Trump adopta medidas proteccionistas para priorizar el acceso al agua en Estados Unidos, México podría enfrentar dificultades para proveer agua a los agricultores mexicanos de Chihuahua y Tamaulipas por ejemplo.
A pesar de estos posibles riesgos, es importante destacar que los tratados internacionales no pueden ser modificados unilateralmente. Cualquier cambio en los acuerdos debe realizarse a través de negociaciones bilaterales y con base en los procedimientos establecidos. No obstante, un entorno político adverso podría complicar el diálogo y generar incertidumbre en la relación hídrica entre ambos países.
En conclusión, el nuevo gobierno de Trump podría presentar desafíos significativos para los tratados internacionales de aguas entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la fortaleza institucional de la CILA y la importancia estratégica de una relación estable entre ambos países deberían ser factores clave para mitigar estas amenazas y mantener la cooperación en la gestión de recursos hídricos compartidos.´
*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR / Facebook: JuanCarlosValenciaAGUA
